LAS NACIONES DEL EURO BUSCAN UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD

Publicado el 14 de junio del 2012 en Capital Madrid

Eliminar el azar moral, elevar la moralidad pública

LAS NACIONES DEL EURO BUSCAN UNA NUEVA  INSTITUCIONALIDAD

Antonio Sánchez-Gijón.- El anuncio del rescate de la banca española se ha producido sin ser precedido por el ruido y la furia que acompañó durante semanas y meses los rescates de Irlanda, Grecia y Portugal. Literalmente, se produjo de la noche a la mañana, y sin apenas polémicas previas de las opiniones públicas del continente.

A ello ha contribuido el hecho de que el rescate español se limita a un sector productivo particular, metido en una coyuntura adversa, y no contagia de modo inmediato la economía y la vida de los españoles de a pie, esto es, sus salarios, sus pensiones, sus servicios públicos, es decir, su bienestar. Aparte claro está de lo que todas estas magnitudes están ya afectadas por el plan de estabilidad fiscal en vigor.

La clave de la concesión del rescate está en la aquiescencia de Alemania. Ésta, a su vez, puede haberse debido a un conjunto de causas: la primera de ellas, la voluntad de encender una bengala de esperanza al pueblo griego antes de las elecciones del domingo, para que no vote a los partidos que proponen salirse del euro o revisar las condiciones ya pactadas del rescate de su economía. Este mensaje subliminal llevaría implícita la promesa de aliviar algunas de las condiciones más drásticas impuestas a los griegos para recibir la ayuda. Por lo menos así parecen entenderlo ellos.

La segunda causa está en que Alemania y sus socios del núcleo duro de la euro-zona temen más a un colapso del sistema crediticio español, que supondría inmediatamente la parálisis de la actividad económica del país y la puesta en cuestión del futuro del euro, que a un agravamiento de la carga fiscal del estado español (posiblemente un incremento del 10% del PIB), que “sólo” conllevaría la revisión de los ajustes fiscales ya acordados por el gobierno con los poderes de la euro-zona. Se trataba, pues, de la opción entre la “bancarrota ya” de un país mayor de la Unión Europea, y la esperanza de que, a la postre, “quizás no vaya a haberla”. Es decir, se ha ganado tiempo.

La nueva institucionalidad

Se trata de ese tiempo precioso necesario para dar cuerpo institucional a la colcha de retazos en que han consistido hasta ahora los planes de rescate, y a las reglas disciplinarias impuestas por el Pacto de Estabilidad Fiscal, todavía en trámite de ratificación por algunos países.

Aunque a través de toda Europa las características de ese cuerpo institucional han sido debatidas y propuestas por individuos, centros de estudios y prensa, su sistematización recae principalmente en el cuarteto que actualmente rige la Unión de forma colegiada: el presidente de la Comisión, el del Eurogrupo, el del Consejo Europeo y el del Banco Central Europeo. La intervención del parlamento europeo, en esta fase de maduración de las ideas, puede considerarse prematura, y alteraría el estilo tecnocrático con que se han gobernado hasta ahora las instituciones de la Unión, para buscar más tarde su refrendo por el parlamento.

Si el Eurogrupo ha sacado alguna experiencia de los  años de crisis, la institucionalidad que se busca confirmará la obligatoriedad de la disciplina fiscal bajo un estricto control colegiado, ejercido por algo parecido a un ministerio de Economía y del Presupuesto, y bajo la dirección de una especie de superministro con autoridad sobre los presupuestos de cada uno de los estados de la euro-zona. Hay pocas probabilidades de que esta autoridad se imponga a toda la Unión Europea, pues se puede dar por descontado que el Reino Unido nunca la reconocería.

Francia misma, previsiblemente, resistiría hasta donde le fuera posible la imposición de esas facultades de supervisión, y sólo lo haría si necesitase alguna forma de rescate para su banca o sus cuentas públicas, en el caso de que los planes sociales y de crecimiento del presidente Hollande produjeran desequilibrios económico, sólo corregibles mediante fuertes inyecciones de dinero europeo para cubrir los déficits.

Lo malo es que mientras no se da forma a la nueva institucionalidad económica y financiera de Europa, no se podrá tratar de los problemas de crecimiento de la Unión, como algo distinto de la economía de cada país en particular, condición que ha hecho de la experiencia europea una sucesión inacabable de crisis. El concepto de unión requiere nocionalmente la reducción, armonización o en algunos casos supresión de los factores de pluralidad. En el caso de la euro-zona, esto debería incluir factores tales como regímenes fiscales, leyes laborales, beneficios sociales, formación profesional, educación, etc., para conjuntarlos de tal forma que se logren niveles parejos de competitividad entre las diferentes naciones y regiones de la euro-zona, y para que ésta funcione como agente principal de la entera Unión Europea ante los mercados internacionales. Y ello en unos momentos en que Europa, por su falta de crecimiento, está perdiendo mercados y oportunidades ante la competencia de otros bloques emergentes.

Azarosa moralidad

Parte de la explicación de la parálisis en que se encuentra el Eurogrupo se atribuye al temor al llamado “azar moral”, según el cual los países más ahorradores y productivos temen el ventajismo de los países más gastadores e indolentes. No hará falta evocar quiénes son éstos últimos, porque han recibido denominaciones más o menos irónicas o burlonas que todos recordamos.

Componente principal de ese azar moral lo constituye el grado de probidad en las cuentas públicas. Estamos asistiendo en España a una acumulación de casos de corrupción que en estas semanas llegan a su maduración procesal. Sería consolador comprobar que muchos de esos casos han salido al foro público debido al aguijón de la indignación moral provocada por los sacrificios que la sociedad española se está viendo obligada a asumir, bajo la presión de la austeridad, los recortes, la aniquilación de los ahorros familiares, los despidos masivos, el crecimiento de la pobreza, etc.

Muchos individuos de las clases políticas de enteras regiones españolas se han entregado durante años a formas de corrupción que, paradójicamente, podríamos llamar identitarias: clientelar en Andalucía, comisionista en Cataluña, “festera” en la Comunidad Valenciana, togada en Madrid y populista en el resto. ¿Existen técnicas actuariales para calcular en términos de despilfarro y retraso económico el costo de la corrupción? Debería haberlas, porque en los cálculos y opiniones que los otros países se forman sobre el nuestro, condicionando sus respuestas a nuestros reclamos de solidaridad, entra este tipo de consideraciones sobre los niveles de responsabilidad pública, calidad de las élites,  y probidad e independencia de las instituciones.