Una crisis con efectos comparables a los de una guerra

Un cambio de modelo que precisa nueva estructuras y principios políticos

Publicado el lunes 20 de agosto de 2012

Antonio Sánchez-Gijón.– Los conflictos armados y las crisis económicas de las potencias industriales se manifiestan a través de fenómenos materiales muy parecidos. En ambos casos, millones de hombres (en menor medida mujeres) se ven apartados de modo violento del mercado laboral, para marchar a los frentes en un caso e irse al paro en el otro. El empleo y el aparato productivo que continúan en pie deben aplicarse, en la guerra, a producir armamento, suministrar pertrechos a los combatientes y alimentar con el mínimo vital a la población, y en las crisis económicas a mantener en pie la arquitectura administrativa y funcional del Estado.

Además, debe asegurarse el mercado de los productos esenciales para la población y, sobre todo, ayudar a la masa de trabajadores ociosos a estar en disposición de volver al trabajo en cuanto se supere la crisis, para lo cual lo primero es asegurarles medios de subsistencia mínimos que les permitan llegar con moral y preparación suficientes a los nuevos tiempos post-crisis.

A lo largo de la guerra o de la crisis las sociedades cambian su percepción de muchos de los presupuestos ideológicos y sociales bajo los que han vivido, ya que éstos se han mostrado inservibles, lo cual crea la necesidad de introducir nuevas estructuras y principios políticos bajo los que gobernarse. Es decir, la superación de una crisis de guerra o económica debería ser seguida por una gran crisis de naturaleza política, que aflore nuevas gentes y modos de hacer las cosas, y nuevos hábitos institucionales que la mantengan sana.

Un ejemplo de lo que se quiere decir es el de Gran Bretaña durante los últimos años de la segunda guerra mundial. El sobresfuerzo humano impuesto a todas las clases sociales exigió reflexionar sobre el modo de repartir las cargas y los beneficios de la reconstrucción postbélica, de la forma más equitativa posible. El informe Beveridge para un sistema de seguridad social y salud, defendido por el viceprimer ministro Clement Atlee ante el gabinete de guerra presidido por el conservador Churchill, no pudo ser aplicado mientras duró el conflicto, pero quedó sobrentendido que sería de aplicación obligatoria cuando llegase la paz, como modo de compensar el esfuerzo de guerra realizado por la población.

Churchill, que ya era el vencedor de la guerra, se veía además apadrinando algunas de las reformas sociales propuestas por sus temporales socios de gobierno laboristas. No se había dado cuenta de que las bases ideológicas y los presupuestos sociales prevalentes en Gran Bretaña habían caducado con el conflicto. Los conservadores perdieron las elecciones del verano de 1945 porque fueron percibidos como guardianes de los privilegios de clase, y ya no más como el grupo que había aportado lo principal del nervio político para conducir y ganar la guerra. Entraba así en Europa la fuerza política de la socialdemocracia y el mito del estado de bienestar, un rasgo definitorio de la Europa contemporánea.

La financiación del estado de bienestar, a su vez, sólo fue posible gracias al aumento de la productividad inducido por los avances tecnológicos espoleados por la guerra. Las transformaciones no se presentaban de forma desagregada (por un lado las políticas y sociales, de otro las de la producción), sino inextricablemente unidas, simultáneas, con efectos recíprocos y exponenciales.

El estado de bienestar, comprometido por la clase política

Son cada vez más las opiniones que entre nosotros analizan la crisis económica que padecemos en términos similares a los arriba descritos. En España se ha formado un ejército de casi seis millones de parados (como combatientes sustraídos a la producción), mientras que muchas instituciones, a la manera de frentes de combate que se derrumban, se declaran incapaces de cumplir las obligaciones hasta ahora contraídas. Ayer Valencia, hoy Cataluña, luego Murcia, Andalucía al caer, etc. En el centro, la administración del estado recortando los que todos consideraban derechos adquiridos. Hay la sensación de un gran fracaso colectivo, producido o contemplado con impotencia por una clase política revestida de privilegios, que impide garantizar el estado de bienestar, el principal producto social de la Europa de la postguerra.

España padece una "enfermedad institucional", nos dice un profesor de la universidad de Gotemburgo (Víctor Lapuente). Hay una politización de la administración, al tiempo que la administración se presta interesadamente a servir de plataforma para las carreras políticas. Esa politización es "una metástasis", dice otro profesor (J. A. Gómez Yáñez): "Un ejército de individuos ha ido ocupando las capas superiores de nuestras instituciones públicas, desde el CGPJ a las cajas de ahorros, pasando por cualquier nivel administrativo, entidad, empresa u organismo político o semipúblico" (El País, 15 de agosto 2012).

Los cuatro niveles de la administración pública (estado, 17 comunidades, dos ciudades autónomas, 50 diputaciones provinciales, casi 8.200 municipio) son un vivero de organismos autónomos dependientes (administrativos, comerciales, públicos empresariales, entes público, entidades gestoras, agencias, fundaciones, sociedades mercantiles, etc.), hasta un total de 8.894, todos con sus nóminas de funcionarios y empleados públicos, sus presupuestos, sus facultades para contratar y gastar, la mayoría opacos a la intervención de cuentas (véase la estadística detallada en Libertad Digital, 19 de agosto 2012). Ni siquiera la Intervención General de la Junta de Andalucía fue capaz de identificar o impedir el gasto de más de mil millones de euros en los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, ahora bajo investigación judicial.

Como la vieja clase conservadora inglesa, nuestros modernos partidos políticos mantienen espacios de privilegio para sus fieles: pensiones, gages de residencia y transporte, asistencia de personal, sentando malos ejemplos que son copiados por representantes de las instituciones: un Síndic de Greuges catalán que se hace pagar cincuenta viajes internacionales en dos años, un presidente del Supremo y del Poder Judicial que pasa sus fines de semana de ocio a cuenta del erario público, diputados cuneros que residen en Madrid y cobran dietas por desplazamiento desde las provincias representadas en las que no residen, etc. Los 17.000 asesores de que se sirven ministros, alcaldes, presidentes de comunidades, consejeros autonómicos, presidentes de diputación diputados, senadores, etc., cuestan, según quien lo ha calculado, €850 millones al año (Roberto Centeno, El Mundo, 29 de julio 2012).

El paralelismo entre guerra y crisis económica nos enseña que, desde el punto de vista material, todo crecimiento futuro depende del potencial de desarrollo inherente a las restructuraciones producidas por necesidad, en los transcursos de una y de otra. Pero desde el punto de vista político y moral, ese crecimiento no será posible, o será insuficiente, si no se produce una renovación de los hábitos de la clase política, o aún mejor, la desaparición de la idea de la política como algo que pertenece a una "clase.