Las autonomías no funcionan, si es que lo hicieron alguna vez

Urge un examen de su relación con la crisis

Publicado el viernes 27 de julio de 2012

Antonio Sánchez-Gijón.– La creación por el Gobierno del Fondo de Liquidez Autonómica ha dado ocasión a que amplias capas de la población y de la opinión aventen su rabia contra lo que despectivamente llaman la "clase política", y de forma aún más aguda contra la clase política autonómica. No hay más que ver los periódicos impresos y digitales, y el tuiterío ambiente. Ese estado de espíritu viene a cristalizar opiniones más o menos fundadas, más o menos meditadas, sobre tres tipos de conexiones que condicionan o desfiguran el discurso político y económico:

1. La colusión de los políticos y los grupos de interés, con las previsibles ocasiones para la corrupción, y la sujeción de las instituciones creadas para el ejercicio y protección de la democracia a los intereses de los partidos, lo que permite la perpetuación de las posiciones privilegiadas de clanes e individuos en el goce de prebendas a cuenta del erario público.
2. La proliferación de instituciones de todo rango, desde los gobiernos y parlamentos autonómicos, hasta duplicados de las instituciones del gobierno y las administraciones centrales de tipo jurídico, ejecutivo, empresarial, asistencial, etc. Todo dando lugar a un barroco sistema de gobierno a nivel estatal, comunitario, provincial y municipal, con la multiplicación de puestos remunerados y sus consiguientes gabelas, y la pérdida de productividad y eficacia del sistema.
3. La exacerbación del discurso regionalista o nacionalista, como medio de presión sobre los poderes centrales, con el fin de obtener rentas ventajosas sobre el resto.

La virulencia de este estado de ánimo popular, participado por y azuzado en las tertulias y columnas de opinión de los medios, hace opaco el hecho de que todo ello afecta a bienes y estructuras centrales a nuestro modelo de estado de derecho y de bienestar: por un lado, derechos y libertades, y estructura autonómica del estado, y por otro la existencia de tensiones subyacentes a la misma constitución de la nación española en dos de las regiones más dinámicas de España. Sin embargo, son pocas las mentes que se aplican a desagregar los componentes de esas problemáticas, y ponerlos en su justa perspectiva en la jerarquía y urgencia de los problemas que nos acucian.

Valencia seguida de Cataluña

Si el gobierno valenciano fue el primero en declarar su voluntad de acogerse al FLA, ha sido la decisión del parlamento catalán, preanunciada por unas declaraciones del consejero de Economía, Andreu Mas-Colell a la BBC, de acceder a la disponibilidad de créditos ofrecida por el gobierno, lo que ha hecho sacar las uñas a ese sector de la sociedad española que mira con desconfianza y creciente desprecio la incapacidad del gobierno central y de los gobiernos autónomos, así como del parlamento, para contener la crisis y ponerla en vías de solución, mientras suben los impuestos y bajan las prestaciones sociales de todo tipo.

El caso valenciano es interesante porque muestra de forma extraña la tangencialidad entre los problemas de naturaleza socio-política y los ligados a la noción y cultivo de los rasgos identitarios. La impotencia del socialismo valenciano, incapaz de desbancar del poder durante diecisiete años a un gobierno del Partido Popular sumido en un clima de corrupción y dispendio, pero sostenido con fe ciega por amplias mayorías, sólo se explica por una experiencia vivida en los años ochenta y noventa, cuando bajo gobiernos del Partido Socialista del País Valencià una mayoría de valencianos percibió en ese partido una voluntad de sujeción de la Comunidad Valenciana a los designios del nacionalismo catalán, indicado en su misma denominación de PS "del País Valencià". Fue fácil a Eduardo Zaplana y Francisco Camps "llevarse de calle" a la mayoría de la opinión pública valenciana por medio de un discurso, a un tiempo justificadamente historicista, contrario a las pretensiones irredentistas del nacionalismo catalán sobre el Reino de Valencia, y sentimental.

Regada por esta doble vena se llevó a cabo por el PP una obra de gobierno ambiciosa, de tendencia identitaria españolista y voluntarista, pero en última instancia sin encontrar oposición seria y sin sentido de la autocrítica. Todo ello regado con una cadena interminable de casos de corrupción, algunos afectando directamente al corazón mismo de instituciones de esas que se llaman sistémicas, como los bancos de raigambre regional. El resultado de todo ello es que la Comunidad Valenciana está endeudada en unos 20.000 millones de euros, y no tiene modo de pagarlos por sí misma como la economía no vuelva a crecer

Enseguida ha sobrevenido el caso de Cataluña. Esta vez con una deuda de 41.000 millones, de los que 5.755 vencen en este año. Amplios sectores de la opinión irritada señalan con fruición como factores coadyuvantes con la crisis económica de la Comunidad al programa nacionalista de Convergencia y Uniò y Esquerra Republicana de Cataluña, con sus tensiones o programas independentistas, y al programa supuestamente seguidista del Partido Socialista de Catalunya, con su devoto culto a una catalanidad históricamente ligada a la poderosa burguesía de la región.

Bajo la severa crítica de los "irritados" caen el alegado o supuesto victimismo de la clase política catalana, su tenaz insistencia en dotarse de atributos que se identifican con la idea de un estado-nación, tales como una lengua hegemónica, una "marca-país" distinta de la española, una representación internacional propia, etc. Todo ello además acompañado de la convicción de que el nacionalismo se presta de forma inherente a la corrupción, como ha sido probado en bastantes ocasiones y sospechado por principio siempre.

Un modelo de estado a examen

Ocurre sin embargo que tanto la Comunidad Valenciana como Cataluña quieren mostrarse hoy en la vanguardia de las reformas económicas y la ortodoxia fiscal. La CV ya ha atacado su déficit desde el lado de la sanidad y la educación, pero le falta todavía la poda de entes públicos de varia naturaleza y de dudosa utilidad. Por su parte, ya son cuatro o cinco las tandas de recortes que Cataluña ha llevado a cabo. Su recurso al FLA es una medida extrema, que compromete de alguna forma el discurso nacionalista.

El argumento que usan los simpatizantes del actual gobierno de CiU, de que la causa de que Cataluña padezca la deuda más abultada de las comunidades autónomas está en la profundidad y duración de la crisis, que ha mermado los ingresos, puede explicar algo pero no todo. La CV y Cataluña tienen una deuda pareja, en proporción a sus respectivas riquezas, 3,7% del PIB, y ya sabemos el peso que en la primera ha tenido una política de relumbrón, espectáculo y laxitud política.

Andalucía tiene su forma peculiar de hallarse presente en las fobias de los irritados. Aunque comparte con Cataluña y la CV el mismo estigma de altos niveles de corrupción, se caracteriza por su alta dependencia de los subsidios del estado y de los fondos europeos, como región que en más de treinta años de democracia aún no ha logrado instituirse en sociedad desarrollada. La dependencia de los fondos externos explica que, siendo un régimen asistencial mucho más acusado que el de Cataluña o la CV, su deuda sea de 14.300 millones, menos que la catalana y la valenciana, equivalente al 3,2% de su PIB. Pero aún faltan por desfilar delante de la ventanilla del FLA algunas regiones más: Murcia seguro, quizás Castilla-La Mancha, y seguramente otras.

Desde un punto de vista institucional, la más delicada cuestión que nuestra clase política y la opinión pública deberían plantearse es aclarar la relación entre la crisis y la naturaleza de nuestro estado autonómico. Es urgente hacerlo antes de que éste caiga definitivamente en el desprestigio que de forma cada vez más articulada le atribuyen los "irritados".