Se agravó el déficit italiano en el
primer trimestre del año
Publicado el lunes 9 de julio de 2012
Antonio Sánchez-Gijón.– El decreto de revisión del
gasto público aprobado por el Gobierno italiano fue preparado según las
recomendaciones de un "experto", Enrico Bondi, conocido en los medios
empresariales internacionales por haber rescatado de la bancarrota al gigante
de la industria lechera Parmalat, con deudas de 14.000 millones de euros, con
un plan de reestructuración que le permitió volver a la bolsa en 2005. El
"tecnócrata" Mario Monti ha preferido a otro tecnócrata para darle
una buena sacudida a la anquilosada maquinaria de la administración italiana.
El nuevo plan de ahorro sigue al de la reducción de pensiones, aprobado a
finales del 2011.
El plan afronta el problema del déficit público del
lado del gasto, evitando tener que atacarlo mediante el aumento de los ingresos,
sobre todo la temida subida del IVA. Para el presente año el plan se propone
ahorrar euros 4.500 millones; en 2013, 10.500 millones, y en 2014, 11.000
millones.
¿Habrá que revisar los cálculos?
Sin embargo, el Instituto Italiano de Estadística
(ISTAT) acaba de arrojar agua fría a las expectativas sobre los ansiados
resultados de la austeridad. La deuda pública, que en el último trimestre del
2011 arrojaba un aumento anual del 7% del PIB, subió al 8% en el primer
trimestre del 2012. Será muy difícil, si no imposible, que al final de año el
gobierno logre alcanzar el objetivo de déficit. El saldo primario ha resultado
negativo en euros 11.471 millones, y el saldo corriente negativo en 21.952
millones; este último se agrava con respecto al del primer trimestre del 2011,
que fue de euros 17.200 millones.
En términos más simplificados, las salidas aumentaron
en ese primer trimestre un 1,3% y las entradas disminuyeron un 1%, El ISTAT
afirma que los malos resultados se deben a que las cuentas públicas "han
sufrido, por una parte, el aumento de los gastos por los intereses causado por
la subida, en el curso del 2011, de los rendimientos de los títulos del estado,
y de otra, por la caída de las entradas causada por la marcha negativa de la
economía".
A la vista de estas cifras, se comprende que la
contribución que la reforma de la administración pueda aportar al control del
déficit italiano será moderada, sin dejar de ser por ello necesaria y urgente.
La administración italiana es sospechosa, desde
siempre, de ineficiencia y derroches. Hay quien estima que los dispendios de
las diversas administraciones alcanzan los cien mil millones de euros anuales,
diez veces más que lo que se propone ahorrar el gobierno anualmente. La
estructura administrativa de Italia tomó cuerpo en el segundo decenio del siglo
XX, bajo el gobierno Giolitti, con un pacto implícito entre el Norte y el Sur,
por el que aquél sería la base de la industrialización de Italia, y
funcionarios del Sur entrarían en masa en la administración. A finales del XIX
había en Italia 100.000 funcionarios, y en 1915 ya eran 300.000. Después de la
guerra mundial, el empleo público se convirtió en el principal instrumento de
un "welfare state" aún subdesarrollado, según el historiador de la
administración, profesor Guido Melis, de la Sapienza, de Roma.
Los gastos del estado no han hecho sino aumentar su
participación en el PIB nacional desde que Italia se preparó para entrar en el
euro. Entonces era del 39,8%. Saltó bajo el primer gobierno de Silvio
Berlusconi al 44% (2006), y excedió el 45% el pasado año.
La urgente reforma de la administración
Los recortes propuestos por el gobierno Monti, y que
aún deben ser aprobados por el parlamento, tocan todas las ramas y estructuras
de la administración. La reforma más llamativa es la reducción del número de
provincias, eliminando las que tengan menos de 350.000 habitantes y las que
tengan menos de 3.000 km cuadrados de extensión, así como la creación de nuevas
ciudades metropolitanas. Según esos criterios, las 107 provincias actualmente
existentes, podrían quedarse en unas 50. El diseño específico del nuevo mapa
provincial quedará, sin embargo, en manos de los consejos de las autonomías, lo
que no asegura el cumplimiento de las máximas aspiraciones del gobierno. Las
ciudades metropolitanas propuestas son diez: Turín, Milán, Venecia, Bolonia,
Florencia, Bari, Nápoles, Reggio Calabria, Roma y Génova-
Otra reforma significativa es la de la planta
judicial: se eliminarán 37 tribunales, de un total existente de 165, así como
38 fiscalías, 220 sedes judiciales, 674 cargos de juez de paz, y la eliminación
de unos 1.000 edificios o despachos judiciales.
En la sanidad, el nuevo plan cancela de hecho un
proyecto anterior de cerrar 120 hospitales menores, ya que el gobierno, a la
postre, no se ha atrevido a suprimirlos. Las competencias sanitarias están
atribuidas a las regiones, y el gobierno teme recursos de inconstitucionalidad
si recorta. De todas formas, el plan del gobierno prevé la reducción o
reconversión de unos 18 o 20.000 empleos.
Otra área donde el gobierno espera ahorrar mucho es el
de suministros a las administraciones, que alcanzan los 140.000 millones
anuales. La propuesta principal es centralizar en un organismo oficial, la
Concesionaria de Servicios Informativos Públicos (CONSIP), la contratación y
adquisición de muchos productos y servicios, y de forma obligatoria los
suministros de telefonía, electricidad, carburantes, etc.
Hay una serie de recortes menores, como el 50% dado a
la contratación de autos y taxis, y la eliminación de la entidad cultural Arcus
de patrocinio cultural.
Otra medida ambiciosa, pero cuya aplicación suscita
dudas, es la reducción del 10% del empleo público, y del 20% de los altos
cargos. El problema es que la mayor parte de los dependientes de la administración
están empleados por entidades autónomas, y de ellas dependen extensas redes
clientelares, de modo semejante a lo que ocurre en España con las
administraciones autonómicas y municipales.
Hay un gran interrogante sobre las medidas propuestas
por el gobierno: qué efecto causarán sobre la situación económica del país, que
se agrava, y sobre el comportamiento general de la economía y de la sociedad
italiana: en unas recientes "confidencias" a la prensa, el gobernador
del Banco de Italia, Ignazio Visco, ha dejado caer la responsabilidad del
aumento del diferencial de riesgos con respecto a Alemania, sobre "nuestra
deuda pública, nuestra escasa competitividad, el bajo potencial de
crecimiento". Todo ello ayuda a que Alemania reciba "un
subsidio" de los inversores, creando así "una fuerza centrífuga"
en el área del euro.
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