Los casos ITV y ERE salpican la vida
política de las dos comunidades
Antonio Sánchez-Gijón.– Andalucía-Cataluña,
Cataluña-Andalucía. Los grupos políticos gobernantes en dos de las regiones
autonómicas más influyentes (una de ellas entre las dos más ricas, y la otra la
más populosa) han puesto en evidencia ante el resto de los españoles, entre
martes y miércoles últimos, que sus respectivas clases políticas no parecen
estar a la altura de los desafíos que ellas mismas se han impuesto.
La una un proceso soberanista, disimulado mientras les
convino para sus fines políticos en relación con el gobierno de Madrid, y de
pronto sacado a la luz en un momento de zozobra económica de España. Y la otra
(en el caso andaluz), la promesa de que el gobierno de izquierdas formado en
2012 lucharía por superar, esta vez sí, el atraso social y cultural
andaluz, después de casi tres decenios de mandatos sucesivos de autoridades
débiles y complacientes, y en algunos casos directamente corruptas.
Y con todo hay diferencias entre los dos casos. Por lo
menos procesales, de tipo penal y también de estilo. El de Barcelona (caso ITV,
Inspección Técnica de Vehículos), se produce por tráfico de influencias en
favor de un grupo de asociados en detrimento de los intereses industriales de
otro grupo. Este daño todavía no ha sido cuantificado, al menos públicamente.
El caso de Andalucía se centra en un desvío masivo de
caudales públicos destinados a unos expedientes de regulación de empleo que
debían combatir los efectos del gigantesco paro andaluz (caso ERE), para
favorecer, no a un pequeño grupo de asociados como en el caso catalán, sino a
centenares de correligionarios, amigos y familiares del partido gobernante, el
Socialista Andaluz, más algunos responsables políticos. Las primeras
actuaciones judiciales sugieren un guarismo provisional de lo desfalcado en
Andalucía: €50 millones. Se sospecha que las investigaciones judiciales
trabajan sobre la hipótesis de varios cientos de millones desviados de una
forma o de otra.
Patriotas a un lado, golfos a otro
Hay otra nota distintiva entre los dos episodios. El
caso ITV, o caso Oriol Pujol, secretario general de Convergencia Democrática de
Cataluña, comenzó a incoarse hace dos años, y ha culminado en la imputación,
directa contra él, por parte del Tribunal Superior de Justicia catalán, en auto
del pasado martes. Por el contrario, el caso ERE viene arrastrándose desde
mediados del decenio pasado, y este miércoles día 20 ha empezado a tomar
naturaleza oficial de escándalo por autos de la juez del caso ERE, Mercedes
Alaya, que han llevado a la comisaría o al juzgado, de modo inmediato, al menos
a veinte personas.
Sigamos con los paralelos. El efecto político de la
imputación de Pujol se produjo de modo inmediato: el martes dimitió de su cargo
de portavoz del grupo parlamentario de Convergencia i Uniò. En el caso de los
ERE, dos presidentes sucesivos de Andalucía, Manuel Chaves y José Griñán, han
permanecido impávidos a lo largo de años, desde que empezó a formarse la
tormenta judicial, sin asumir responsabilidades políticas por negligencia en el
ejercicio de sus cargos, o por coadyuvar directamente a la comisión de
maniobras de distracción y dilación. Hasta tanto que los políticos andaluces
asuman sus responsabilidades, quienes ya las están pagando son (permítanme una
pedantería) small fry.
Una primera impresión resultante de comparar los dos
casos es que en Cataluña se observan más reflejos políticos, y en Andalucía la
clase política ha seguido viviendo, por lo menos hasta ayer mismo, en la
ofuscación.
La imputación de Pujol viene envuelta en un duro
lenguaje legal: usó de "su peso político", para beneficiar
económicamente a "él y/o sus amigos", "vulnerando el derecho a
la libre concurrencia pública, de tal manera que con su actuación coordinaba,
dirigía y daba el necesario apoyo al resto de implicados en este asunto".
¿Un caso sólo puntual?
De ningún modo. Tan bajo sospecha o confirmación de
corrupción se hallan algunos miembros de las élites gobernantes de Cataluña
como las de Andalucía. Es historia vieja: el caso Banca Catalana tocó de lleno
el prestigio del Honorable Jordi Pujol, presidente de la Generalidad; el caso
Palau tocó de lleno a CiU; el caso de los cursos de formación laboral tocó a
Unión Democrática de Cataluña. Casos como los de Alta Partners, Drago, Upprime,
y otras empresas distintas, se han asociado al crecimiento de las fortunas de
algunos nacionalistas, entre ellos las atribuidas a los hermanos Pujol
Ferrusola, y en algún caso con ocultación en paraísos fiscales. De estas
últimas sospechas no escapa siquiera el presidente de la Generalidad, Artur
Mas. De confirmarse judicialmente, se trataría en conjunto de una nueva
generación de estilos de corrupción, menos "partidista" y más
dinástico, casi feudal. Menos "por la causa" y más por codicia.
Cosa de cuatro golfos
El caso desatado por la juez Alaya ofrece de momento
más espectacularidad. El miércoles se produjeron hasta 20 detenciones y
registros en la llamada operación Heracles, con actuaciones de la Guardia Civil
en Huelva, Jaén, Cádiz, Madrid, Barcelona, Las Palmas y Sevilla. Se trata de
personas que se consideran meros testaferros, administradores y mediadores de
los expedientes ERE, abogados de estudios jurídicos, etc. Nueve personas fueron
arrestadas en Barcelona, en relación con sus actuaciones en las mediadoras
Vitalia Vida y Eurobank, sospechosos de dar apariencia legal a los expedientes.
Fue llamado a declarar el anterior director general de Trabajo y Seguridad
Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, quien se halla en libertad
condicional, y que es de momento el más alto cargo de la Junta imputado de los
delitos investigados.
El de los ERE tiene un aire más "popular",
más "democrático". Se desviaba dinero para mucha gente, gente bien
situada y necesitada indiferentemente, para pueblo corriente y responsables
políticos de mayor o menor rango. Algo distinto a lo de Cataluña, donde era más
para el partido y también más para sus líderes.
La fuga de la realidad mostrada por la clase política
andaluza de confesión socialista quedó en evidencia recientemente. Tras
mantener durante años los altos cargos de la Junta que todo se debía a
"cuatro golfos", se asustaron (no mucho) cuando el interventor
general de la propia institución mandó un escrito tras otro advirtiendo a los
responsables de Economía y Empleo, de que se estaban cometiendo los desvíos de
dinero. La vicenconsejera de Economía llegó a reconocer que no había leído los
informes de Intervención. Así salvaba a su jefe y presidente de la Junta,
Griñán.
La exhibición suprema de nonchalance la ofreció
la Junta cuando organizó una comisión parlamentaria de investigación, que se
reunió, por exigencias del socio de gobierno Izquierda Unida, el verano pasado,
y que terminó sin ser capaces de formular unas conclusiones.
Andalucía y Cataluña. Dos casos continuos de
corrupción, dos clases de beneficiarios. En resumen, dos golpes más al
prestigio de las clases políticas españolas. Porque como hemos visto, parece
que cada autonomía tiene la suya propia, su sabor local. ¡Cómo aman los
españoles sus identidades!
Publicado el
jueves 21 de marzo de 2013 en capitalmadrid.com
