Publicado en Madrid Capital.com el lunes 25 de julio de 2011

GEOESTRATEGIA

A propósito de lo de Noruega

El terrorismo señala siempre a un problema de fondo

Antonio Sánchez-Gijón.– Los asesinatos de Oslo y de la isla de Utava nos traen a las mientes un cierto número de atentados en los que en su día perdió la vida un número "espectacular" de víctimas, al objeto de impulsar un fin político. Este fin no es otro que poner en el centro de la agenda política de un país una determinada cuestión, un conflicto, una exigencia. El acto de terror debe llamar poderosamente la atención, a la manera de un espectáculo pirotécnico, del que nadie pueda apartar los ojos. Después de las cenizas y el silencio queda flotando en el aire el ¿por qué? Y se empieza a comprender: se trata de una amenaza existencial, que se consumará si no hacemos esto o lo otro. No es sólo un mensaje colectivo, también está dirigido a cada individuo. Al recibirlo, nos pasa lo que el famoso Doctor Samuel Johnson decía que le pasa al condenado cuando lo llevan a la horca: que su mente se concentra maravillosamente.

El ejemplo más obvio de lo que digo es el ataque del 11-S en Nueva York y Washington. En esa ocasión el mensaje era: los Estados Unidos y otras potencias occidentales deben abandonar las tierras del Islam, o si no desencadenaremos la yihad que con estos atentados anunciamos. De Anders Behring, el autor de la matanza de Noruega, se ha dicho que es el Ben Laden cristiano y europeo. Es probable.

El manifiesto que dio a conocer poco antes de cometer el crimen (titulado misteriosamente "2083: Una declaración Europea de Independencia") es prácticamente una convocatoria a la cruzada contra el Islam. Al igual que Ben Laden llamaba a la restauración de la moral tradicional en las sociedades musulmanas, Behring llama a la recuperación de una Europa europea, y por tanto ésta debe luchar contra el multiculturalismo y la ideología que la domina, que él resume bajo el nombre de "corrección política", en la que engloba el marxismo, el relativismo cultural disfrazado de humanismo y el antinacionalismo. Esa es la ideología dominante entre las élites europeas, dice Behring; el 95% de los parlamentarios y el 90% de los periodistas la abrazan. El multiculturalismo y la colonización europea por los musulmanes equivalen a un "suicidio nacional/cultural" de Europa. Si las cosas siguen así, la Europa cristiana desaparecerá en un periodo de entre dos y siete decenios de islamización creciente, nos asegura. La elección de la juventud socialista y del gobierno del partido laborista noruego, como blancos de su ira, quiere apuntar de modo indubitable a los "responsables" de ese estado de cosas en su país, y lo hace con la misma acuidad con que Osama Ben Laden apuntaba al "capitalismo judaico" de las Torres Gemelas y al "imperialismo opresor" del Pentágono.

Se ha sacado a colación también el paralelo entre lo de Noruega y el ataque contra el Alfred P. Murrah Building (el edificio federal de Oklahoma City), por Timothy McVeigh en 1995, que causó unos 190 muertos. El principal motivo alegado por McVeigh para explicarlo era mucho más restringido que lo alegado por Behring: una venganza contra el Federal Bureau of Investigation (FBI) por sus dos sangrientas intervenciones contra organizaciones sectarias, llevadas a cabo con gran derramamiento de sangre dos años antes. También hizo vagas alegaciones sobre la ilegalidad de la intervención de los Estados Unidos en la primera guerra del Golfo contra Iraq, y sobre los abusos y excesos del gobierno federal contra las libertades. El paralelo entre Noruega y Oklahoma no está justificado: mientras Behring se arroga el derecho de hablar en nombre de toda una civilización y un continente, lo de Mc.Veigh parece más bien una enmienda a la interpretación que el gobierno federal de los Estados Unidos ha hecho de su constitución.

La tercera comparación nos atañe más directamente: se trata del acto terrorista contra España y los españoles del 11-M del 2004. Aquí el mensaje fue "salid inmediatamente de Iraq". La exigencia fue satisfecha a gusto del demandante, y la respuesta política fue tender una cortina de multiculturalismo de urgencia, como queriendo mostrar a los terroristas y sus patrocinadores cuán poco razonables habían sido empleando esos métodos brutales, cuando el mismo fin lo podían haber logrado imaginando con el nuevo gobierno una Alianza de Civilizaciones.

La principal  habilidad de los terroristas es señalar con claridad unos móviles del acto que todo el mundo pueda comprender. Y se comprenden fácilmente porque el problema al que señala el terrorista suele ser percibido ya como problema real por los interesados. Grandes masas árabes y musulmanas están luchando contra Occidente en Iraq, Afganistán, Pakistán, Somalia, etc. porque para ellos Occidente es un peligro y una amenaza contra su tipo de vida tradicional, mientras que para nosotros, que estamos inmersos en un mundo cosmopolita y abierto, sus prácticas político-sociales arcaicas e inmovilistas son incompatibles con la modernidad. Y por ser incompatibles estos dos modos de vida, el choque es inevitable, y si no se produce en Afganistán, será en Yemen, o en Libia, o en Pakistán, o en Somalia..., o en Occidente,  porque difícilmente dos modelos vida tan antagónicos, abrazados cada uno de ellos por tantos centenares de millones de personas, pueden convivir pacíficamente en un mismo espacio globalizado sin pisarse los callos.

El mismo problema señalado por el atentado de McVeigh, si le quitamos la paranoia antifederal que caracterizaba su ideología, es el eterno de la soberanía del individuo frente a la soberanía del estado. Problema vivísimo en estos tiempos, en los Estados Unidos, y latente bajo el movimiento del Tea Party y la deriva un tanto montaraz de sectores del partido republicano ante el alegado progresismo del presidente Obama.

En cuanto a España, compartimos con el resto de Europa una misma problemática: la integración de una gran población procedente de otra cultura, con la que hasta ahora se ha mantenido una convivencia, a veces tensa, aunque básicamente pacífica, pero que se desenvuelve bajo los presupuestos político-sociales de la multiculturalidad. No importa lo que diga a este respecto el Sr. Behring; él es sólo la respuesta demente a un problema que ha entrado ya en la agenda política de numerosos países europeos, con su deriva hacia la derecha extrema y el nacionalismo identitario. Esto último, por cierto, se vive en España de modo paradójico, ya que el nacionalismo identitario que padecemos, con su beligerancia más o menos violenta, se dirige contra la gran masa de población española con la que esos nacionalistas comparten cultura y civilización. Imagínense el potencial de conflicto que hay entre pueblos de distinta cultura y civilización, que ocupan un mismo espacio geográfico y social. En Francia, en Holanda, en Italia y hasta en Alemania hay cada vez más gente que no sólo pide que se gestione más determinadamente la convivencia entre los autóctonos y los llegados de fuera, sino que se ponga freno al modelo de sociedad multicultural.

Estos fenómenos de transformación civilizacional (perdonen el palabro) van siempre acompañados de un miedo al "otro"; un miedo sordo e inconfeso casi siempre. Hay condiciones objetivas de la geopolítica y la demografía europea que alimentan ese miedo. En Europa, y de modo muy agudo en España, asistimos a una depresión demográfica acelerada, simultánea con un auge en los países vecinos del Sur. Y no sólo del Sur habitual, el Magreb, con el que nos conllevamos razonablemente, sino del Sur profundo, el África Subsahariana, sumida en el atraso y en las guerras civiles, y que cada verano arroja a las playas de Europa millares de hombres, mujeres y niños de los que no sabemos por qué vienen, porque, aquí, en Europa o no hay trabajo para nadie, como en España, o no hay trabajo para ellos, como en Francia, Alemania, Italia, etc., etc.

La deriva hacia la xenofobia que se observa en algunas capas de los pueblos europeos es preocupante. También lo es, sin embargo, que los gobiernos pasen por alto, o ignoren, la fuente del malestar.

ES PRECISO PRESCRIBIR LA DOSIS CORRECTA “DE ALEMANIA”

Publicado el 22 de julio del 2011 en Capital Madrid.com

ES PRECISO PRESCRIBIR LA DOSIS CORRECTA “DE ALEMANIA”

      

Antonio Sánchez-Gijón.- Una vez más Alemania está en el corazón del malestar europeo. Esta vez, sin embargo, no estamos seguros de que sea Europa quien tiene derecho a culpar a Alemania de ese malestar, o si es Alemania la que está cargada de razones para sentirse mal con gran parte de sus socios de la construcción europea, y especialmente con los socios del Sur. Si miramos la cuestión desde el marasmo político-económico de España y de Italia, o desde la crisis social y moral de Grecia, comprenderemos el malestar de Alemania. Si miramos la cuestión desde la perspectiva del proyecto de unidad de Europa, de la convergencia de sus diferentes sociedades nacionales y la armonización de sus prácticas de gobierno, tenemos algunas razones para atribuir algo de la culpa a Alemania.

La incomprensión mutua surge de un equívoco: el de pensar que Alemania y gran parte de sus socios europeos van a poder seguir siendo entidades de la misma naturaleza político-económica. Me explico. De un lado tenemos la casi totalidad de los países europeos que se identifican con el ideal y la cultura del estado-nación, y de otro el ideal y la cultura del estado mercantil-industrial como nuevo estadio de desarrollo de la civilización occidental, que parece estar tomando forma en Alemania, Esto ya lo veía venir el filósofo político norteamericano Philip Bobbitt, en su  libro “El escudo de Aquiles”, aunque no sospechaba que el primer “market state” no iban a ser los Estados Unidos, o Singapur, o Corea del Sur, o cualquier “tigre” del zoológico internacional, sino (probablemente) Alemania.

Esta evolución se ha ido dando por sus pasos contados, que mediremos aproximadamente en decenios. Primero tuvimos los tres de reconstrucción tras la II guerra mundial, con una Alemania constituida en potencia puramente civil, tutelada estratégicamente por los Estados Unidos; siguieron los años 70 y primeros 80 del canciller Schmidt, ejemplar aliado de la OTAN, autor de una apertura al Este que acabaría corroyendo los fundamentos de los regímenes comunistas; siguieron los 80 y 90 de Helmut  Kohl, el europeísta modelo (tratado de Maastricht) y unificador de las dos Alemanias. En esos largos años todo era multilateralismo y cooperación internacional. Y llegó el decenio del giro, el de Alemania centrada en Alemania: año 2002, entra a gobernar el socialdemócrata Schröder, y le sigue en 2005 la demo-cristiana Angela Merkel. El primero se abre a Rusia, se aleja de los Estados Unidos (oposición a la intervención en Iraq) pero no demasiado (participación en la coalición internacional para Afganistán), aunque aún sigue fuertemente anclado a Europa, con su adhesión a la Unión Económica y Monetaria y la creación del euro.

Cuando llega Merkel en 2005 Europa ya ha llevado a cabo todas sus ambiciones institucionales posibles. Aún asiste Merkel a la aprobación del tratado de Lisboa, sucedáneo realista de la ilusoria y fallida Constitución Europea. Ante Lisboa, Alemania reacciona de forma novedosa, impensable hasta entonces: el Tribunal Constitucional alemán establece excepciones nacionales a algunos de sus preceptos. La conexión estratégica con la OTAN y los Estados Unidos se hace más frágil: el que sería ministro de Asuntos de Exteriores de Merkel, Guido Westerwelle, pide la retirada unilateral de las armas estratégicas (norteamericanas, claro) instaladas en Europa. Luego la canciller se niega a participar en la operación de Libia. Merkel abre una política activa con Rusia, piensa en la energía, en el gas que le permitirá cerrar las centrales nucleares. El gasoducto Streamline Rusia-Alemania está a punto de inaugurarse. Piensa también en una Rusia inundada de petro-dólares pero ahogada por infraestructuras de tercer mundo y una planta industrial oxidada. Es la hora de la seguridad energética, ya no la estratégica de Alemania, también es la hora de los negocios, de los grandes mercados extraeuropeos. En junio visitó Alemania el primer ministro chino Wen Jiabao, con 13 ministros y 300 empresarios, en julio el presidente Medvedev llevó consigo, a la reunión anual de consulta germano-rusa una comitiva empresarial. Es lo mismo que hace la Merkel siempre que viaja a esos grandes países-clientes: se hace acompañar de un nutrido grupo de empresarios. Que le soplan al oído lo que más les conviene. El crecimiento de Alemania está siendo conducido por las exportaciones, mientras el comercio con la zona euro desciende en términos relativos (43% en 2008, 41% en 2010) y aumenta el comercio con Asia (del 12% del total exportado en 2008 al 16% en 2010). El gran objetivo es el mercado chino, que necesita subir un grado más la calidad de su planta industrial y por tanto le hace falta la máquina herramienta y los vehículos alemanes. Comerciar con Rusia y China, sin embargo, supone tener que aceptar prácticas mercantilistas por exigencias de sus gobiernos, lo que a su vez, como reflejo condicionado, puede introducir hábitos mercantilistas en el propio gobierno alemán

Hasta qué punto las nuevas perspectivas del “estado mercantil” alemán están condicionando la recuperación de la crisis económica está por ver. Los observadores alemanes parecen de acuerdo en que la canciller no tiene un gran proyecto europeo, a diferencia de su mentor Kohl. La defensa a ultranza de la estabilidad monetaria es buena para Alemania, y puede serlo para el conjunto de Europa pero no tan buena para los países más lastrados por la crisis.

Como una muestra más de que la Alemania de Merkel se aparta de modo significativo de sus caminos habituales debemos mencionar su reforma de las fuerzas armadas. De hecho, esa reforma supone una modernización a la que le había llegado la hora hace ya muchos años. La Bundeswehr era un modelo extraño de fuerzas armadas, algo así como una dependencia administrativa del gobierno, con un inspector general en el lugar donde debía estar un jefe de estado mayor, y unos ejércitos como ramas del ministerio de Defensa. El aspecto más novedoso de la reforma es la eliminación del servicio militar obligatorio, desde este mes de julio. Alemania era el último de los grandes países occidentales que lo mantenía. Sus fuerzas se reducen de 240.000 efectivos a 180.000. Se retira la mitad del personal militar empleado en el ministerio y se lo devuelve a los ejércitos. De acuerdo con la transformación del escenario estratégico mundial (ninguna gran potencia es percibida como amenaza creíble en estos momentos), se producirá una reducción drástica del armamento: un ala de combate del avión Eurofighter menos, cien aviones Tornado menos, 13 transportes gigantes A400M, y probablemente tres fragatas menos, y no más de cuatro submarinos, etc. Y un ahorro en el presupuesto de defensa, de 8.400 millones/euros entre 2010-2014.

Todas estas transformaciones son la envidia de Europa, sobre todo la del Sur. En 2009 escribí en “Nueva Revista” (último número de ese año) que quizás el malestar existencial de Europa podía curarse con “más Alemania”. El problema está en administrarnos (o que nos administren) la dosis correcta. El exceso puede matar; el defecto nos deja postrados.

Antonio Sánchez-Gijón es analista de asuntos internacionales

Publicado en Capital Madrid Com el 19 de julio 2011

GEOESTRATEGIA

De las revoluciones árabes a la batalla en la Asamblea General de la ONU en septiembre

Antonio Sánchez-Gijón.– Desde ahora hasta finales de septiembre, los focos de la comunidad internacional sobre un mundo árabe en erupción no se concentrarán tanto en las revoluciones de la llamada "primavera árabe" como en el intento de la Autoridad Nacional Palestina de conseguir el reconocimiento por las Naciones Unidas de su existencia como estado independiente. La "primavera" ha consumido la mayor parte del combustible revolucionario, mientras que la cuestión de la estatalidad palestina posee potencial para cambios significativos del escenario general de Oriente Medio. El presidente Abbás y su Autoridad Palestina han elegido bien el momento de su iniciativa: las revoluciones han sido la ocasión para que las poblaciones árabes renueven su apoyo a la causa palestina; un apoyo sofocado habitualmente por los regímenes árabes dictatoriales, al considerarla una amenaza y una contestación a los acomodos diplomáticos a que se veían obligados, dada su debilidad económica y militar, con las mismas potencias que garantizan la seguridad de Israel.

La prueba más notable de este cambio contrario a los intereses israelíes es la apertura de la aduana de Rafah por Egipto, que elimina las restricciones principales al comercio y tránsito de personas con Gaza, y que ha roto el bloqueo israelí. Otra muestra ha sido la utilización por Bashir al-Asad de Siria de masas juveniles para romper las barreras entre Siria y el territorio ocupado por Israel, como treta oportunista para desviar la tensión interna al exterior. La reciente iniciativa de unificación entre las fuerzas de Hamas y la OLP es una respuesta a la presión de los regímenes monárquicos árabes para mantener viva una causa exterior, que alivie la presión social y política interior, exigiendo a Hamas que acepte el principio de dos estados (Israel y Palestina) sobre el territorio de la Palestina histórica. En general, la unidad interna palestina ayuda a mantener el status quo político-social de los países árabes, ya que así éstos se ahorran tener que tomar posturas divisivas en la vidriosa cuestión de sus hermanos palestinos.

Si el escenario "doméstico" se ha vuelto más desfavorable para Israel, el escenario mundial después de septiembre amenaza con no ser más grato. Esto lo ve venir el último jefe del Mossad, Meir Dagan (2002-2010), según nos cuenta el servicio de inteligencia Stratfor. En efecto, Dagan ha calificado el rechazo de Israel a la propuesta Saudí de 2002, de un acuerdo de paz sobre las líneas de separación previas a la guerra de 1967, "imprudente e irresponsable". Mientras los primeros ministros israelíes Sharon y Olmert dieron todas las pruebas de caminar hacia la aceptación de dos estados, aproximadamente con aquellas fronteras, el actual primer ministro, Netanyahu, jefe de un gobierno sostenido por la ultraderecha y los religiosos más ortodoxos, lo ha rechazado por los  supuestos riesgos de seguridad derivados de esas fronteras.

El modelo de "The Hebrew Republic"

Los años de Sharon y Olmert habían sido de pacificación casi general de los territorios ocupados; durante ellos fue posible la formación de gobiernos estables palestinos así como un importante desarrollo económico-social, que hizo concebir a muchos israelíes la esperanza de que la solución de los dos estados conduciría a la formación de una unión económica israelo-palestina, destinada, por la inventiva y productividad de sus poblaciones, a tener un impacto decisivo en el anquilosado mundo de Oriente Medio. En otra ocasión presentaré las líneas esenciales de este proyecto, animado infatigablemente por Bernard Avishai  (Bernard Avishai Dot Com), un empresario e intelectual israelo-norteamericano, autor de "The Hebrew Republic", y uno de los polos más activos de movilización de la opinión israelí contra los errores y abusos del gobierno de Netanyahu, especialmente contra su política de asentamientos ilegales, que están llevando, según él, a Israel al extremismo religioso y étnico, y a la debilitación creciente de los principios del estado de derecho, como muestra, en su opinión, la reciente aprobación de una ley que declara ilegal proponer boicots a los productos de los asentamientos ilegales que se mercadean en Israel, como proponen algunos grupos contestatarios. Esta ley, en su opinión, constituye un freno a la libertad de expresión política.

El modelo de agitación diplomática

Veamos ahora la panorámica palestina. La iniciativa de las Naciones Unidas no tiene, en realidad, ninguna posibilidad de conseguir los dos estados, aunque dará a los palestinos una importante vara alta que blandir sobre Israel. En efecto, Palestina no puede ingresar, por lo menos en septiembre, como estado independiente en las Naciones Unidas, porque el Consejo de Seguridad no podrá siquiera proponer a la Asamblea General su ingreso, dado que por lo menos los Estados Unidos ejercerán su veto al documento que el Consejo debe trasladar a la Asamblea General con la propuesta. Teóricamente, Palestina podría obtener el status de estado independiente si un grupo significativo de estados lo reconocieran como tal (no se es estado porque la ONU lo diga, sino porque otros estados te reconocen; recuérdese la posición de España y Corea del Norte fuera de la ONU en los 40 y parte de los 50 del pasado siglo), pero es impensable que algún estado americano (quizás Cuba, Nicaragua y Venezuela serían las excepciones) o europeo lo reconocieran, o Rusia y China. No debemos pensar, sin embargo, que una cosa tan obvia se le ha pasado por alto a la Autoridad Palestina. Nadie con sentido común quiere venir al mundo apadrinado por Castro, Ortega y Chávez).

Así que lo más probable es que el gobierno palestino pida a la Asamblea General la declaración formal de que Palestina posee muchos, si no todos, los requisitos para ser admitido como estado independiente, pero no necesariamente su entrada inmediata. En expresión del presidente Abbas, en su artículo en el New York Times del 17 de mayo, Palestina posee muchos de los atributos para ser reconocida como estado: una población permanente, un territorio demarcado por las fronteras de 1967, derecho a la autodeterminación reconocido internacionalmente, y el reconocimiento efectivo como agente internacional por el banco Mundial, el FMI, y la Corte Internacional de Justicia (2004).

Es razonable, pues, prever que la Autoridad Palestina busque (conseguirlo es otra cosa) que la Asamblea General recomiende al Consejo de Seguridad que le presente, para su aprobación por dos tercios de la Asamblea, la propuesta de admisión de un nuevo estado llamado Palestina. Este itinerario, jurídicamente no resolutivo, es suficientemente embarazoso para quien tenga que ejercer su veto en el Consejo de Seguridad. Y, desde luego, también para Israel, que puede esperar una aceleración de la presión internacional para que abandone por negociación los territorios ocupados, y sufrir un reguero de denuncias contra los abusos reales y figurados causados por la ocupación.

Antonio Sánchez-Gijón es analista de asuntos internacionales

Caso Faisán, los peligros de

Publicado Capital Madrid.com el viernes 15 de julio de 2011

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Caso Faisán, los peligros de la Fiat Iustitia, pereat mundus

Antonio Sánchez-Gijón.– En los siglos en que se practicaba la guerra de sitio, cuando una plaza fuerte, castillo o fortaleza  se encontraba al limite de su resistencia, o cuando dos ejércitos exhaustos encontraban más racional negociar una tregua que continuar los combates, los jefes enemigos capitulaban. Capitular se entiende vulgarmente por entregarse una plaza o rendirse un ejército al jefe militar enemigo, pero ésta es una acepción restrictiva. Capitular significa legalmente establecer las condiciones para un arreglo transitorio entre contendientes, sobre el campo de batalla, el cual arreglo queda ad referendum del poder soberano, cualquiera que sea éste: rey, príncipe, gobierno, etc., con vistas a un arreglo o tratado de paz.

¿Pueden verse las negociaciones del gobierno español con la banda terrorista ETA como una capitulación (insisto, no necesariamente en el sentido de rendición de uno u otro)? Sí. Aquí se trataba de que ETA "entregase las armas" (así se nos aseguraba por parte del gobierno del Sr. Zapatero), como quien entrega una plaza sitiada, a cambio de un arreglo político que pudiera ser refrendado por el soberano, esto es, por el parlamento español.

El problema de este tipo de instrumento legal es que tiene una relación muy remota con la justicia. Las capitulaciones son soluciones transitorias, prácticas, dependientes del aquí y ahora, es decir, de la oportunidad. Pertenecen a un orden estrictamente político, no moral. La Justicia (así, con mayúscula), mira las capitulaciones de reojo, con suspicacia, porque una capitulación no sanciona el crimen contra las vidas ni la destrucción de bienes de todo tipo.

En unos siglos en que el rey o príncipe era también el juez supremo, esto no presentaba mayor problema: el soberano podía elegir entre ser el árbitro de los intereses en conflicto, asignando a sus súbditos pérdidas y ganancias según su propia conveniencia política, o bien ser el magistrado de una justicia imparcial y desinteresada. En los estados con separación de poderes, como los de naturaleza liberal-democrática, esta dualidad desaparece: la Justicia, en su acepción institucional, tiene el derecho y el deber de juzgar sobre castigos y sanciones, de acuerdo con criterios puntillosamente establecidos por los códigos, y ha de ser indiferente a los intereses del titular del poder político.

Es lo que ha ocurrido en España con el "caso Faisán", traído al foro de la justicia por la decisión del juez Ruz, de abrir proceso por colaboración con banda armada, etc., etc.,  contra dos altos jefes y un oficial de la policía. Si trasponemos estos protagonistas del Faisán a figuras propias de la guerra de sitio, diría que los dos jefes policiales superiores encarnan la del mariscal de campo del ejército sitiador, o si se prefiere la del gobernador de una plaza sitiada, y el oficial que entregó el dichoso teléfono al dueño del bar Faisán, para avisarle del peligro de ser detenidos que corrían unos agentes de ETA, lo identificaré con el "heraldo", el personaje que llevaba los mensajes cruzados entre sitiados y sitiadores, con vistas a abrir negociaciones de capitulación, o a informar a la otra parte de las incidencias de su cumplimiento. Una de sus funciones podía ser la de dar seguridades de que la capitulación seguía en pie, en contra a veces de las apariencias de haber sido violada.

Capitular no es, claro está, lo mismo que negociar la paz o el armisticio. Una capitulación sólo pretende establecer las condiciones o principios sobre los que se abrirán las negociaciones políticas. Las capitulaciones requieren un mínimo de buena fe por parte y parte, por lo menos en cuanto a la voluntad de las dos de llevarlas adelante. Las dos se reconocen mutuamente el derecho de hacer o no hacer determinadas cosas: por ejemplo, rearmarse o no rearmarse mientras se negocia, recibir refuerzos o excluirlos, establecer plazos para la entrega de la plaza o la evacuación de los ejércitos, etc.

Hace falta, pues, saber qué requisitos se establecían en la capitulación entre ETA y los jefes policiales para llegar a la negociación de desarme, o a la paz, o a lo que fuese su propósito. Sin duda prohibirían "tous les exploits de guerre d'une part et de l'autre", como dice la tregua y abstención de guerra entre Carlos I de España y Francisco I de Francia para el sitio de Teroüane, en 1537. Por otra parte, es perfectamente concebible que los dos altos mandos policiales que nos ocupan percibiesen el peligro de que su "buena fe" quedase comprometida si una sección de la policía, no impuesta de la negociación con ETA sobre ese particular punto, llevase a cabo un "exploit de guerre" contra la organización terrorista, como la detención de su aparato de exacción financiera en un momento, considerado no oportuno, del proceso negociador.

En el pasado histórico, la violación de cualquiera de las condiciones de capitulación autorizaba a dar por nulli et non facti la validez de lo capitulado (Brescia 1515). Así que, desde este punto de vista, habría que relativizar el significado del gesto de dar aviso del operativo policial, pues es posible que se estimara estar protegiendo un bien superior: el mantenimiento de ese mínimo de buena fe y la confirmación de la voluntad de seguir negociando.

Naturalmente, estas observaciones sobre los aspectos formales del caso Faisán no dicen nada sobre la imprudencia política  de negociar con ETA, como acabó por demostrar el atentado de la T4, y sobre el acierto o desacierto de ofrecer a través de Bildu una vía de expresión política legal a la ideología de ETA,  con la esperanza de que constituya una alternativa a la vía del terror. En esto, el gobierno se la juega, pero es a él a quien corresponde juzgar la oportunidad de su acto político.

Justicia y política: anverso y reverso

Judicializar decisiones políticas equivale casi siempre a restringir el ámbito de competencias de los ejecutivos. Nada pone más en evidencia esto que la doctrina en que se inspira la Corte Penal Internacional, instituida en La Haya en 2002. La amenaza de actuar penalmente contra los líderes de conflictos armados a los que se acusa de crímenes contra sus propios pueblos priva a los gobiernos interesados en la restauración de la paz del recurso a la capitulación, es decir, la capacidad de ofrecer alguna forma de inmunidad a cambio de su pronta terminación.

Puesto contra las cuerdas, el presunto criminal hará lo posible por prolongar el conflicto, elevando la probabilidad de que la población sufra aún mayores perdidas humanas y materiales. Hay casos en que fiat iustitia, supone pereat mundus. Un ejemplo es el de la declaración del coronel Gadafi como reo del Tribunal Penal Internacional, lo cual constituye un incentivo para la resistencia a ultranza que está ofreciendo a la coalición internacional y a los rebeldes. Siguiendo ese precedente habría que judicializar los tratos de capitulación con la mitad o más de los líderes nacionales de la Tierra.

Este ardiente celo judicial lo muestran algunos, incluso cuando ya el conflicto ha encontrado una salida y solución política. El caso más egregio es el del juez Baltasar Garzón, que dictó una orden de detención internacional contra el general Augusto Pinochet, ex-presidente de Chile, cuando éste se había retirado del mando y la transmisión de poderes se había producido por medios democráticos impecables.

Este juez, curiosamente, ha sido protagonista, en dos fases o alternativas, del enfrentamiento del estado con ETA: primero en su denuncia y persecución de los crímenes de los GAL, durante el gobierno del Sr. González, y recientemente guardando en un cajón durante dos años de celo reprimido el expediente Faisán, activado por el juez Ruz. La judicialización de la política suele ir acompañada de su reverso: la politización de la justicia.

Antonio Sánchez-Gijón es analista de asuntos internacionales

Publicado el lunes 11 de julio de 2011

GEOESTRATEGIA

Sudán del Sur, difícil alumbramiento

Siguen los conflictos con el Norte y en el interior

Antonio Sánchez-Gijón.– Uno de los primeros móviles de la lucha por la independencia de Sudán del Sur ha sido la llamada "ley islámica" o sharía. Un pueblo mayoritariamente no musulmán gemía bajo el yugo de ese supuesto ordenamiento religioso-civil desde que se impuso en todo Sudán en 1989. Desde este punto de vista, la independencia del nuevo país es una derrota del fundamentalismo islámico. Y también de la civilización árabe. En efecto, la inmensa mayoría de la población del sur es de raza negra. El 65% de la población de la nueva nación practica cultos animistas, un 18% es cristiano y un 17% musulmán. El primer presidente del estado, Salva Kiir, es un católico.

El catolicismo llegó a Sudán del Sur de la mano de misioneros combonianos, en los tiempos coloniales. El presidente Kiir predica de vez en cuando en la catedral de Juba, la capital, situada en la ribera del Nilo Blanco. En la capital hay, desde 2009, una universidad católica, la Santa María.

Aunque es cierto que los conflictos armados entre el norte y el sur de Sudán comenzaron poco antes de la descolonización de 1956, los movimientos rebeldes del sur no se mostraron independentistas más que en los últimos años. La guerra abierta empezó al suspender Jartum, en 1983, el régimen de autonomía de que gozaba el Sur, y había de durar hasta el 2002. Se calcula que produjo dos millones y medio de víctimas mortales y cuatro millones de desplazados.

John Garang, líder del Movimiento Popular de Liberación Nacional (MPLN), y hoy considerado el "Padre de la Patria", era unionista. En 2005 había logrado la firma de un arreglo político por el que Jartum aceptaba la celebración, seis años después, de un referéndum sobre la independencia de diez provincias sureñas. De resultas de ese acuerdo Garang, fue elegido vicepresidente de Sudán. Su muerte en accidente de helicóptero, en agosto de 2005, fue un factor adicional de alienación entre el norte y el sur, pues se sospechó un sabotaje inspirado por el presidente sudanés al-Bashir. Los sucesores de Garang al frente del movimiento abandonaron la vía unionista y abrazaron el independentismo. Incluso después del acuerdo de 2005 continuaron los enfrentamientos, especialmente en la provincia de Kordofán Sur, de composición étnica mixta, y que iba a quedar fuera de la disposición del referéndum.

Esa provincia es de gran valor para el Norte, porque contiene los únicos pozos petrolíferos que le quedan después de la separación del Sur. La lucha se ha hecho particularmente violenta en las últimas semanas en el enclave de Abyei, entre Kordofan Sur y Sudán del Sur, y aunque provisionalmente ha quedado fuera del nuevo estado, a la espera de una consulta particular, su población se halla dividida étnicamente entre nubas y árabes, que viven sobre unas tierras fértiles que los unos dedican a la agricultura y los otros al pastoreo. Son de temer nuevos enfrentamientos entre los dos estados en muchos otros puntos, porque la frontera común de 2.000 km. ha sido demarcada de forma muy imprecisa.

Intereses compartidos

Hay, sin embargo, una condición estructural que puede favorecer las relaciones estables entre Jartum y Juba. El norte y el sur se necesitan para sacar provecho de los recursos petrolíferos del territorio. El 80% de la producción total de petróleo, de 500.000 barriles al día, se saca del sur, pero las refinerías están situadas en el norte, y los oleoductos llevan el crudo a los puertos norteños sobre el mar Rojo. La independencia del sur ha llegado sin que se haya logrado un acuerdo sobre el reparto de los beneficios. Lo mismo se puede decir de la deuda internacional del Sudán unido.

De momento, Jartum tiene en sus manos todas las cuerdas que abren o cierran la bolsa, que se supone ha de ser común durante un tiempo. Otra forma de dependencia es que el 60% del alimento consumido en el sur procede de, o transita por, el territorio del norte, así como la gasolina. Hasta que se negocien estas cuestiones cruciales, Juba va a depender principalmente de la ayuda exterior.

Se espera que sea muy significativa la ayuda de los Estados Unidos. La causa de Sudán del Sur es allí muy popular desde los primeros años de la presidencia de George W. Bush, quien hizo de la violencia extrema practicada por el régimen islamista de Jartum contra la región de Darfur componente de su guerra contra el terrorismo internacional. Bush tuvo muy presente que Osama ben Laden había pasado algunos años refugiado en Sudán, bajo el amparo de su gobierno, antes de instalarse en Afganistán.

Presión exterior

Fue la presión norteamericana y europea, con sanciones de todo tipo, y la acusación del Tribunal Penal Internacional contra Bashir por crímenes contra la humanidad, lo que logró que Jartum abriera la mano al acuerdo del 2005. El referéndum de independencia, celebrado a primeros del 2011, arrojó un resultado de 98% a favor.

De todas formas, hay signos de que la independencia no tiene necesariamente que equivaler a paz y prosperidad. La inauguración del presidente Kiir se produjo bajo algunos signos ominosos, como la presencia de algunos dictadores africanos; por ejemplo, Mugabe de Zimbaue y Obiang Nguema de Guinea Ecuatorial.

Las divisiones étnicas y religiosas que han plagado desde su independencia a Sudán pueden repetirse en Sudán del Sur. La población es étnicamente muy variada, pero la etnia de los dinkas, que es la mayoritaria, detenta los principales cargos de la administración y el mando de las fuerzas armadas. Estas, por sí solas, se llevan una cuarta parte del presupuesto. El ejército tiene como excusa la necesidad de confrontar los varios conflictos tribales actualmente vivos, que amenazan la estabilidad del nuevo estado. Uno de ellos es la rebelión del Ejército de Liberación de Sudán del Sur, que se sospecha está financiado por Jartum.

Las posibilidades de que Sudán del Sur acabe siendo un estado viable no son muchas. Los observadores extranjeros aluden a la corrupción rampante, la falta de élites preparadas, el atraso general de la población, la inexistencia de carreteras pavimentadas, etc. El 90% vive por debajo del nivel de pobreza, y el 80% es analfabeto. Más de la mitad de los niños entre 6 y 13 años no tienen escuela.

El país, sin embargo, no tiene fatalmente que degenerar en una nueva Somalia, como algunos temen. Se estima que su territorio de 612.000 km2 contiene riquezas minerales, y que las reservas de petróleo están en gran parte inexploradas. Hay muchas buenas tierras, y la población es pequeña, 8,5 millones.

Su posición geopolítica le orientará sin duda a buscar salidas al mar para sus tráficos a través de Kenya y Etiopía-Eritrea, sin detrimento del valor de su posición en el corazón del África tropical. Los chinos explotan ya su petróleo; la compañía francesa Total goza de una licencia de exploración sobre más de 100.000 km2. Juba es hoy un polo de atracción de inmigrantes emprendedores en busca de oportunidades.

El nuevo niño ha nacido muy precario. No le faltan, sin embargo, padrinos. Veremos.

Antonio Sánchez-Gijón es analista de asuntos internacionales

LA DEFENSA EUROPEA, EN UNA ENCRUCIJADA MILITAR Y TECNOLÓGICA

Publicado el 7 de julio de 2011

LA DEFENSA EUROPEA, EN UNA ENCRUCIJADA MILITAR Y TECNOLÓGICA

España anuncia rebajas en su esfuerzo militar

Antonio Sánchez-Gijón.- La Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD), instituida por el tratado de Lisboa, no ha pasado la prueba de Libia, y aún está por estrenarse en una crisis militar mayor. Libia era un caso que ni pintado para que la Unión Europea hubiera estrenado su PCSD. Ese país se encuentra en su área de interés: la ribera sur de Europa; desde Libia se han lanzado ataques terroristas y militares contra territorio europeo; el coronel Gadafi había iniciado en el pasado programas de armas de destrucción masiva; una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas avalaba la intervención por razones de protección de la población. Nada de lo que ocurriera en Libia podía ser indiferente a la Unión. Sin embargo, la Unión se contentó con aprobar el pasado 1 de abril  una misión de apoyo a la ayuda humanitaria, que en su aspecto militar tuvo que ser encomendada a la OTAN.

Entonces, ¿qué diablos es la PCSD que no se ocupa ni de S ni de D cuando las tiene delante de sus narices? El tratado de Lisboa la define como “parte integral de la Política  Exterior y de Seguridad Común, cuya misión es dotar a la Unión de capacidad operativa mediante el recurso a sus activos civiles y militares”. ¿Pero dónde se hallan esos activos civiles y militares? Lo dice más adelante: “la realización de esas tareas se llevará a cabo utilizando las capacidades suministradas por los Estados Miembros de acuerdo con el principio de un único conjunto de fuerzas”.

Pronto quedó claro que Libia no iba a ser una operación de la Unión. El país más rico y poblado de la Unión, Alemania, se abstuvo en la votación de la resolución 1973 del Consejo de Seguridad, que autorizaba una zona de exclusión aérea y marítima sobre Libia. Una vez la Unión tuvo la resolución en sus manos, se formó una coalición bajo el liderazgo de una potencia extraeuropea, los Estados Unidos, y Alemania  rechazó unirse a ella. Pronto se formó un liderazgo europeo informal entre el Reino Unido y Francia para intervenir militarmente, pero tuvieron que ser los Estados Unidos los que proporcionaran las capacidades militares “de apertura” (sus sistema de mando y control sobre los espacios aéreo y marítimo de Libia y sus centenares de misiles aerotransportados para las salvas iniciales).

Sin embargo, el Tratado de la Unión Europea, al que el Tratado de Lisboa se remite, dice que “la política común de seguridad y defensa de la Unión no prejuzga el carácter específico de la política de seguridad y defensa de ciertos Estados Miembros”. Es decir, que son los estados los que tienen entera libertad para determinar el cómo, cuánto, cuándo y dónde de su aportación a la PCSD, pero la Unión, como tal, no podrá hacer nada por sí. Lo que los estados den, se agrupará bajo lo que el tratado llama “cooperación estructurada permanente”, que se consagra específicamente a la formación de fuerzas multinacionales, armonización de los programas de armamentos, formación de unidades de combate para misiones específicas, etc. Su órgano central es la Agencia Europea de Defensa, de la que más tarde diremos algo.

Si las capacidades militares de la Unión como tal son una “unknown quantity” por falta de uso, no ocurre lo mismo con el agregado de las capacidades militares de los países europeos medidas en términos financieros, ya que éstas alcanzan el 60% de las de Estados Unidos, y rebasan a las fuerzas de este país en 500.000 efectivos humanos. Anand Menon, en el último número de “Survival”, la revista bimensual del International Institute For Strategic Studies, aporta una serie de datos abrumadores que ponen de relieve la incoherencia de la proclamada política europea y de los sucesivos compromisos nacionales de contribución a la PCSD. Sólo tres países de la Unión (Reino Unido, Irlanda y Finlandia), han cumplido su compromiso de mantener el 8% de sus fuerzas en condiciones de conducir operaciones exteriores. También sufren de una sobrecapacidad en sistemas de armas del pasado: los europeos tienen 10.000 tanques y 2.500 aviones de combate. Sin embargo, falta que Europa suministre el número de instructores del ejército afgano a que se había comprometido.

Proteger la tecnología y la industria militar

Lo único verdaderamente activo de la PCSD es la Agencia Europea de Defensa (AED), al menos mientras los estados europeos no se decidan a dar el paso hacia la integración operativa de sus fuerzas armadas, más allá de las unidades conjuntas ya establecidas en el papel. La agencia trata de coordinar y armonizar los mecanismos de procuración de los sistemas de armas, homogeneizar sus características operativas y proponer directrices para la adquisición de armamentos. Tiene en marcha algunos proyectos importantes, como el de disponibilidad de helicópteros, la Flota Europea de Transporte Aéreo, y la inclusión de sistemas aéreos no tripulados en el inventario de las fuerzas armadas europeas. La agencia tiene en marcha cuatro programas permanentes sobre estimación y desarrollo de las capacidades, investigación y tecnología de la defensa, la cooperación en armamentos y el desarrollo de la base industrial y tecnológica de la defensa. El autor mencionado anteriormente se muestra bastante escéptico respecto de la capacidad de la AED para siquiera cumplir esta misión de coordinación y estimulación, ya que su junta de gobierno está formada por los 27 ministros de Defensa de los países de la Unión, cada uno de ellos con sus compromisos caseros en cuanto a intereses corporativos de las fuerzas armadas, los de sus industrias militares, etc.

Con todo, el papel de la AED puede ser muy útil para estimular el crecimiento conjunto de las capacidades europeas en un sistema de armas particular que va afirmando por doquier (Afganistán, Pakistán, Yemen, Libia, etc.) su preponderancia en los cálculos tácticos y estratégicos de los jefes militares: me refiero a los vehículos no tripulados de combate. Aunque los tres ejércitos (tierra, mar, aire) se ven concernidos por ellos, es la fuerza aérea la que más va a sentir su irrupción.

En efecto, los vigentes  planes europeos de construcción de aviones de combate (Typhoon, Rafale, Gripen) se habrán consumado en 10 a 15 años, y ya es cuestión urgente decidir qué nueva generación de modelos los van a sustituir. Aquí se presenta la disyuntiva: tripulados/no tripulados, o en qué proporción.

Mientras hay países que no están dispuestos a perder el capital tecnológico y económico de sus industrias de armamento, parece que es precisamente ahí donde España va a reducir sus presupuestos de defensa, según se deduce de lo dicho por el secretario de Estado, Constantino Méndez Martínez, quien es citado en el “Military Balance 2011”, del IISS: “después de anunciar recortes al presupuesto de defensa español, (anunció) que las fuerzas armadas tendrán dificultades en invertir  en nuevos sistemas si mantiene la misma estructura de fuerzas” Y añadió textualmente: “La industria tiene que ser consciente de que el ciclo de modernización se ha acabado y pasará mucho tiempo antes de que se puedan considerar de nuevo inversiones de la misma escala”. Para acabar de ilustrar la política de defensa del actual gobierno, podemos ir a la parte estadística del “Balance”, en que se señala el decrecimiento de los presupuestos españoles de defensa: en 2009 el gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero asignó 7.840 millones de euros a esta función, en 2010 habían sido 7.690 millones y en 2011, 7.150 millones.

Aunque es verdad que los presupuestos de defensa de los países europeos más grandes también están en vías de reducción, no parece que sean muchos los que se resignen a perder o debilitar sus conquistas industriales y tecnológicas. En esto, al menos, España no se acerca al corazón de Europa, como nos advierte el Sr. Méndez Martínez.

Publicado el martes 5 de julio de 2011

Las revoluciones árabes a la luz de Brinton y Aristóteles

No es descartable un final con violencia extrema

Antonio Sánchez-Gijón.– Crane Brinton, en su "Anatomía de la revolución", describe los caracteres comunes con que irrumpieron las cuatro revoluciones que él estudia en su libro (la inglesa contra los Estuardos, la americana de independencia, la francesa contra l'Ancien Régime y la bolchevique). Tales caracteres son, sumariamente los siguientes: quiebra financiera, organización de los descontentos, demandas al gobierno, discusión en el gobierno sobre si las concesiones a esas demandas constituirían la abdicación de su autoridad, intento de empleo de la fuerza por el gobierno, fracaso de ésta porque soldados y policías desertan hacia los rebeldes y, por último, asalto al poder por los revolucionarios. Pero eso no es sino el comienzo de la revolución, lo que Brinton llama sus "pródromos", el malestar que precede a la enfermedad. Una enfermedad que, en los cuatro casos estudiados por Brinton, fueron de extremada violencia.

Según este diagnóstico, los casos de Túnez y Egipto no serían propiamente revoluciones, porque los soldados no se pasaron a los revolucionarios, sino que dejaron caer a los gobernantes; tampoco los revolucionarios se habían propuesto asaltar el poder, sino derribar los respectivos tiranos. En cierto modo no eran revolucionarios, sino electores que votaron airadamente contra Ben Alí y Mubarak. Y estaban airados, entre otras cosas porque, como dice Aristóteles en el estudio que hace en su "Política" sobre las revoluciones griegas, "la injusticia, el miedo, el desprecio han sido casi siempre causa de las conspiraciones de los súbditos contra los monarcas", y añade significativamente para nuestro caso: "Sin embargo, la injusticia las ha causado con menos frecuencia que el insulto". Recuérdese cómo toda la revolución árabe se desencadenó en Túnez, como en un "efecto mariposa", cuando un pobre muchacho que se ganaba la vida con la venta ambulante no autorizada, fue insultado y vio destruido su medio de vida por un policía, allá a finales del 2010.

En el caso de Túnez no podemos descartar un cierto factor sentimental, de simpatía popular con el ofendido, como imagen de la humillación que los tunecinos sintieron una vez, o muchas, a lo largo de sus vidas bajo Ban Alí. Falta por ver si en Egipto la fase "sentimental" de la revolución pasará a los grandes desafíos al régimen establecido, todavía intocado en lo sustancial, porque la revolución parece haber perdido foco y dinámica tan pronto como cayó el autor de las humillaciones, el presidente Mubarak.

Los casos más avanzados de revolución son los de Libia y Yemen. Aquí gran parte de los dos pueblos no sólo han "votado" al declararse desafectos, sino que se han alzado contra los respectivos gobiernos, e intentan en estos momentos un asalto al poder, con el apoyo más o menos cuantioso de los soldados que abandonan de modo creciente los respectivos regímenes.

Siria, caso particular

Sócrates hablaba de las revoluciones de su tiempo (nos cuenta Aristóteles en su "Política") como si cada una de ellas fuese única en su género,. Desde luego, la que menos se parece a las otras revoluciones que sacuden el mundo árabe es la siria. En efecto, aunque las exigencias de los desafectos sirios, como en los casos de Túnez y Egipto, incluyen la caída del tirano, a diferencia de estos dos casos es muy dudoso que los sirios puedan conseguir que el ejército, como un acto reflejo de su instinto de conservación, se vuelva contra el presidente al-Assad y su clan, como prescribe la fórmula de Brinton.

La minoría alauita (la del presidente y su familia) detenta el mando y control de las fuerzas armadas. Sin ese mando y control la minoría alauita volvería a convertirse en una minoría oprimida, que es lo que fue siempre hasta el triunfo de la revolución baasista en 1970. Aunque la mayoría de los soldados son sunnitas, las unidades militares que cuentan por su armamento, disciplina y organización son las formadas y/o mandadas por alauitas.

El presidente al-Assad, sin embargo, no puede confiar en que el grueso del ejército se mantenga siempre fiel. En caso de división, cada facción militar lucharía por la supremacía de su conglomerado étnico, lo que degeneraría en guerra civil. Cualquiera que fuese el resultado de esa hipotética lucha, no es seguro que la parte vencedora abrazase la causa de los desafectos, que por sus declaraciones parecen inclinarse por un régimen democrático. Siria tiene un largo historial de luchas militares intestinas, que nunca se resolvieron a favor de la democracia. Es lo que Aristóteles había observado en muchas revoluciones de su tiempo: "uno que es inferior se subleva para obtener la igualdad; y una vez obtenida, se subleva para dominar. Tal es en general la disposición de espíritu de los ciudadanos que inician las revoluciones". Es decir, en su día los alauitas se sublevaron para liberarse y luego impusieron su tiranía.

La fase violenta de las revoluciones decisivas

Si hoy día triunfan los rebeldes sirios (o para el caso los libios y los yemeníes), ¿harán como temía Aristóteles? ¿Tratarán de imponer su tiranía? Aristóteles y Brinton escribieron, desde su experiencia de hombres perfectamente compenetrados con los principios y prácticas de la democracia, sobre sociedades que poseían al menos los presupuestos morales y culturales sobre los que fue posible construir, después de sus revoluciones, sistemas democráticos (Rusia es la excepción parcial a la regla). Apenas podemos decir lo mismo de las sociedades árabes.

No es que haya una condición genética de la raza árabe que la incapacite para asimilar la democracia, sino que los fundamentos morales y culturales sobre los que se construyeron las democracias conocidas, no se han desarrollado sino de forma precaria y limitada en sus sociedades. Los recursos morales y culturales sobre el que conviven bien o mal las sociedades árabes tienen su fuente en el Islam y el derecho derivado del Corán, mediados por su tenaz particularización tribal o sectaria, menos acusada quizás en Túnez y Egipto, y absolutamente determinante en Libia, Siria, Iraq, Yemen, Bahrein, Arabia Saudí, etc.

Todo lo dicho hasta ahora no quiere decir que no debemos esperar que las revoluciones árabes desemboquen en sistemas de gobierno democráticos. No. Lo que se quiere decir es que si, efectivamente, esperamos y deseamos que se instaure en esos países la democracia, debemos tener en cuenta que sólo será posible cuando de los "pródromos" que parecen anunciar la revolución, pasen los pueblos árabes a la cosa en sí, a la revolución en su significado absoluto, de otro sistema de valores, de otras formas de gobierno, de otra correlación de fuerzas.

Todo lo cual sólo fue posible, en los cuatro casos estudiados por Brinton, después de pasar por diversas pruebas de una violencia extrema, para a la postre transformar el mundo. Así que si abrigamos la esperanza de que los pueblos árabes lleguen a convivir en paz y democracia, debemos mostrarnos dispuestos a sufrir las consecuencias que, dentro de un proceso transformador probablemente violento, nos puedan tocar.

PENDIENTES DE UNA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD

Publicado el 1 de julio de 12011

Geoestrategia

PENDIENTES DE UNA ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD

El director del Gabinete del Presidente del Gobierno, el hombre más atareado de España

Antonio Sánchez-Gijón.- Lo primero que me pregunté cuando supe de la aprobación por el consejo de ministros, el pasado 24 de junio, de un documento titulado Estrategia Española de Seguridad, fue a qué venía en estos momentos presentar una tarea como la expresada bajo tan tersa denominación, y si es que hasta ahora no la habíamos tenido. Si el documento se hubiera titulado “Revisión de la Estrategia Española de Seguridad”, por ejemplo, o ”La Estrategia Española de Seguridad a la luz de lo Obstinado que es el Coronel Gadafi”, me hubiera sentido reconfortado al confirmar que las más altas instancias del poder no habían sido negligentes, y siempre habían tenido una ‘Estrategia’ que ahora actualizaban. Así que antes de sentirme aliviado respecto del futuro (por fin tenemos una estrategia de seguridad), me sentí alarmado por el pasado: cómo hemos podido vivir sin una.

Como se debe hacer en estrategia, lo primero que debe uno preguntarse es: ¿cuál es el contexto político en que aparece?  No me refiero al contexto de la seguridad global, a la luz de la “primavera árabe”, o la guerra de Afganistán, o cualquier otro acontecimiento internacional que amenace nuestra seguridad, sino por qué sale aquí y ahora, aprobada por un gobierno al final de su mandato, cuando hay pocas probabilidades de que pueda hacer mucho por implementarla. Sólo se me ocurre una respuesta: el gobierno desea dejar recogidas en un documento sistemático las experiencias y medidas que tomó o debió haber tomado en el ejercicio normal de sus responsabilidades en materia de seguridad, poniendo así su sello a una acción política que pretende trascender la acción de cualquier gobierno futuro, propio o de la oposición (el documento declara tener validez por diez años), y para ello le ha puesto el marchamo del Sr. Javier Solana, su redactor, que es la persona que más experiencia debe tener en estas cuestiones, ya que fue secretario general de la OTAN, y alto representante internacional de la Unión Europea.

Tengo para mí que el gobierno pretende aliviar un mal que aflige tanto a la sociedad española como a las sociedades europeas, complacidas por una paz duradera, sólo sacudida de vez en cuando por hechos traumáticos (léase terrorismo), pero que desde luego no van a cambiar el curso de la historia. Y a ese mal he sabido que le pusieron nombre recientemente tres altos jefes del ejército británico, refiriéndolo a la profesión militar de su país: ‘analfabetismo estratégico’. Sin necesidad de emplear palabras tan fuertes, sí he de reconocer que en España no hay un grado muy elevado de conciencia de las implicaciones de la noción de seguridad, ni de cómo se consigue, ni de las conexiones entre poder militar e influencia internacional, o entre desarrollo industrial/tecnológico y la seguridad nacional, etc. El documento que nos ocupa pretende llenar ese vacío, y señala “la ausencia en nuestro país de un análisis integrado de las amenazas y riesgos que nos afectan, y de nuestras capacidades de respuesta”, por lo que “Es necesario promover una mayor cultura de seguridad e impulsar la educación de los profesionales de sectores muy diversos y, en general, de los ciudadanos en estas materias”. Temo que este último propósito no sea más que la acuñación nueva de una vieja idea, la “cultura de la defensa”, que ha corrido siempre en los corrillos de la reducida comunidad “estratégica” española, y que ha servido al ministerio de Defensa, bajo todos los ministros, como viático para sus contactos con las diversas clases profesorales, intelectuales y  periodísticas.

Pero la Estrategia Española de Seguridad no es sólo un documento educativo. Es también un documento para la acción. Para la acción en algunos ámbitos concretos. Pero de esos ámbitos me ocuparé después de resumir la descripción que la Estrategia hace del contexto de seguridad global en que se encuentra España, en el que hallo puntos débiles, junto con algunos aciertos.

Así, el documento nos dice que España es una potencia media europea. Esto es una exageración. Puede que España esté en la media de las potencias europeas en conjunto, pero no es lo que se entiende por una “potencia media” en el ámbito global; por tal se entienden Gran Bretaña y Francia, que gastan cinco o seis veces más en defensa que España, o Alemania, por su estatura económica internacional; ninguna es superpotencia, pero todas ejercen una influencia de alcance mundial, que España no tiene. Seamos más realistas. En términos globales España se halla en el nivel alto de las potencias que, siendo pequeñas, son algo significativas por una razón u otra.

Una de las razones de esa significancia la identifica el documento en “nuestra situación geográfica, de gran valor geoestratégico”, lo cual es cierto pero con dos cualificaciones: la presencia de la colonia de Gibraltar en el pivote mismo de la geopolítica española, que neutraliza gran parte de ese valor, y la manía que tienen los valores geoestratégicos de mudarse de domicilio: hoy están en el Estrecho, mañana en el Golfo Pérsico, pasado mañana en Afganistán y al otro en el canal de Suez o el océano Índico.

Otro activo exageradamente valorado es la ejemplaridad de la transición española, que al cabo de 34 o 35 años queda un poco lejos para ser inspiración para la movilización, como por ejemplo las revueltas árabes de hoy día. También está la pretendida aptitud de España como ”mediador fiable” entre culturas y bloques regionales, “sobre todo en el mundo musulmán y los países hispanohablantes”, espejuelos que nos lanzan la mortecina luz de otras épocas, y que el documento quiere iluminar con su insistencia en la Alianza de Civilizaciones, entretenimiento del Sr. Zapatero desde el día uno de sus mandatos.

Pero como se trata de estrategia, vayamos a los ámbitos en que se ha de desplegar y a las prácticas operativas con que se desarrollará.

El primero es “Conflictos armados”, cuya operativa descansa en la OTAN, la Unión Europea y “una capacidad propia de defensa”. Aquí hubiera sido oportuno señalar la importancia de mantener una postura de defensa suficientemente dotada de financiación, no como ocurre en los últimos años, con presupuestos estancados o en declive, que hacen difícil alcanzar el objetivo de fuerzas armadas “polivalentes, desplegables, flexibles e interoperables”, con capacidad expedicionaria, como pretende el documento.

El segundo ámbito es el del terrorismo, planteado por ETA, grupos fundamentalistas empeñados en recuperar Al-Andalus, estados fallidos, etc. En este ámbito el documento se da por satisfecho, sin duda con razón, y cita una serie de medidas eficaces ya adoptadas.

El crimen organizado viene en tercer lugar. Su presencia en un documento de estrategia no parece estar justificada. El crimen organizado, a menos que nos convirtamos en un México o una Colombia, no merece la consideración de problema estratégico, sino de orden público.

Tampoco tiene explicación fácil la consideración de la “Inseguridad económica y financiera” como factor perteneciente a la órbita de la estrategia. Es más bien un problema de gobernación, de dirección política, de sabias elecciones sociales y económicas, materia ordinaria del día a día de empresarios, sindicatos, partidos, etc. Quizás lo único significativo en este ámbito sea la propuesta de un Sistema de Inteligencia Económica, que apoye la acción del estado.

Mayor enjundia estratégica tiene el quinto ámbito, la “Vulnerabilidad energética”, dada la dependencia española de fuentes extranjeras. El documento se siente bastante satisfecho con la infraestructura energética ya alcanzada, pero rehúye un tema que está en el corazón mismo del debate energético, el futuro de la energía nuclear. También hay complacencia en cuanto a la Protección de Infraestructuras Críticas, para la que recomienda sistemas redundantes, e independientes de otras tecnologías y operadores.

Luego viene la “Proliferación de armas de destrucción masiva”, sobre la que el documento nos da la tranquilidad de que España pertenece a todos los foros de contención de esa amenaza.

El séptimo ámbito son las “Ciberamenazas”, para hacer frente a las cuales ya disponemos del Centro Criptológico Nacional, de los Equipos de Respuesta ante Incidentes de Seguridad (Computer Emergency Response Teams), y una serie de recursos de otras administraciones y empresas, y un Plan Nacional de Infraestructuras Críticas.

Se crea un ámbito específico para los “Flujos migratorios no controlados”, que el documento reduce a la posibilidad de flujos masivos, sin entrar en la problemática creada ya por el flujo constante y no masivo (aunque es masivo en algunas comunidades urbanas), que aumenta en España desde hace años, facilitado por políticas expresas del gobierno para los inmigrantes legalmente establecidos, y precariamente controlados por el gobierno en los casos de entradas ilegales.

El último ámbito de seguridad es el planteado por “Emergencias y Catástrofes”, sanitarias, ambientales o naturales, para las que lo más novedoso es la Unidad Militar de Emergencia, y algunas mejoras en la ley de Protección Civil.

Están por último las recomendaciones operativas, que se reducen a “la coordinación interministerial”, y “la colaboración y cooperación de todos los actores que han participado en el proceso de elaboración de esta Estrategia”, lo cual es lo menos que se podía esperar, y la creación de un pequeño aparato permanente, el Consejo Español de Seguridad, formado por el alto personal dedicado a la seguridad y defensa, más los ministerios relevantes, bajo el Secretario Ejecutivo, que será el director del Gabinete de la Presidencia. Cabe preguntarse sobre la posibilidad que tiene un señor tan atareado con el día a día del presidente, para ocuparse de asuntos de tanta urgencia y gravedad, que reclaman atención constante, seguimiento incansable y experiencia muy especializada. Veremos.

Tengo para mí que el documento sufre de arriba abajo de un problema de enfoque: el meter en los cálculos estratégicos, que vienen urgidos por la amenaza real y presente, las especulaciones sobre riesgos, a los que aluden constantemente, pero que son la materia de la gobernación, o de la “gobernanza”, como dice su autor, y no de un arte tan constreñido por la metodología como la estrategia.

Antonio Sánchez-Gijón es analista de asuntos internacionales.