Los independentistas vascos miran esperanzados a Cataluña

Bildu va a las elecciones con un mensaje conciliador

Publicado el jueves 23 de agosto de 2012

Antonio Sánchez-Gijón.– En Bilbao, este miércoles, Laura Mintegi se presentó a los medios como candidata a lendakari por EH Bildu, en las elecciones al Parlamento de Euskadi, convocadas para el 21 de octubre próximo. Es la primera en dar este paso. Las palabras de Mintegi dan a entender que se halla dispuesta a hablar de todo y con todos de cara a la formación del nuevo gobierno vasco: "Nuestro talante democrático - dijo - jamás nos permitiría decir a priori que rechazamos ninguna opción". No es constructivo ni saludable, añadió, descartar a priori el diálogo y el acuerdo. "Decimos que buscamos consenso, lo hemos hecho y lo estamos haciendo", añadió.

Quería distanciarse así de las declaraciones adelantadas ya por el partido socialista de Euskadi y el partido popular del País Vasco, de que no pactarían con una formación que consideran independentista. Sin embargo, la Sra. Mintegi rehuyó pronunciar la palabra independencia. Pero sí pronunció su precursor: el derecho de soberanía. El objetivo de EH Bildu, añadió, es lograr un sistema "soberano... con mayores cotas de decisión", al objeto de cambiar el actual "modelo socioeconómico".

Mintegi ha puesto tanto énfasis o más en el mensaje social que en el soberanista: la coalición, dijo, apuesta por "políticas de izquierdas" con reforma fiscal progresiva, jornada laboral de 35 horas, renta básica para todas las familias, reforzamiento del sector público y moratoria en la construcción de grandes infraestructuras.

La dulcedumbre de maneras con que esta señora se presenta en público parece destinada a calmar la alarma creada entre las fuerzas políticas españolas no nacionalistas por la posibilidad de que en el País Vasco se forme un gobierno soberanista PNV-Bildu, que bajo la presión de esta última fuerza adopte un programa más o menos directo de insumisión constitucional. No hay más que oir las tertulias radiofónicas o leer las columnas habituales para sentir que a las ansiedades creadas por la crisis económica se sobrepone ahora, entre amplias capas de la opinión, este desafío potencial. La vicepresidenta del gobierno, Sra. Sáenz de Santamaría, reconoció ayer, en un intercambio informal con periodistas, que al ejecutivo le preocupa "muchísimo" que en las elecciones vascas puedan ganar los partidos independentistas.

Aunque en las elecciones del 21 de octubre se prevé una mayoría nacionalista, falta ver si el soberanismo con que se identifica al PNV equivale al independentismo a que siempre ha aspirado la izquierda abertzale. De momento el PNV se contenta con proclamas más o menos oblicuas a favor de un "nuevo status político" para el País Vasco. Dado que al PNV se le atribuye más información y experiencia sobre lo que es y no es posible en estos momentos en que la Unión Europea y España se hallan atenazadas por la crisis del euro, es difícil de creer que ese partido pudiera salir en la próxima legislatura vasca con un programa independentista, lo que plantearía un desafío constitucional al estado, minando del todo la confianza en la viabilidad de la economía española, y por lo tanto de la vasca.

Resistencias a la "centralización"

Las fuerzas nacionalistas de izquierdas ven en los actuales ajustes económicos el medio que usa el gobierno de Madrid para recortar los derechos que a las autonomías dan sus estatutos, en un proceso deliberado de recentralización. El diario Gara de ayer alegaba como prueba de ese intento este texto del programa electoral del partido popular, que llevó al Sr. Rajoy a la Moncloa: "Hablar de comunidades autónomas es hablar de los servicios del bienestar. Sus problemas de financiación, sus carencias de gestión y la falta de coordinación entre todas ellas están repercutiendo directamente en la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales".

El gobierno, afirma un editorial de ese diario independentista, está decidido a ahogar a las comunidades, no sólo política sino también económicamente. El "colapso económico en comunidades a priori ricas como Nafarroa y Catalunya es el mayor símbolo del fracaso en el que está encallado el modelo de Estado de las autonomías", sentenciaba en su edición de ayer.

Los nacionalistas vascos miran con expectación las tensiones entre Barcelona y Madrid, a la espera de que en Cataluña se acabe de producir la irrupción de un frente soberanista, amagado recientemente por el gobierno de la Generalidad en torno a la cuestión del pretendido pacto fiscal. Si éste es rechazado por Madrid, Artur Mas, presidente de la Generalidad, debería, en opinión de los nacionalistas vascos, convocar a comicios en otoño. La relativa coincidencia temporal de los dos procesos electorales, con programas semejantes en algunos puntos, propinaría un golpe severo al estado de las autonomías, y haría de la cuestión de la soberanía en Cataluña el tema central de la vida política catalana, y de rebote en el País Vasco. O a la inversa, claro.

La opinión soberanista vasca dedica igual acuciosidad a la supuesta crisis del régimen autonómico de Navarra. Esta comunidad ha visto duplicarse su deuda, afirman aquellas fuentes, entre 2009 y 2011. En 2007 la cuota de deuda pública de cada navarro era de 951 euros, y hoy lo es de 3.800, alega Gara.

Navarra está lejos, sin embargo, de cumplir las expectativas que los independentistas vascos tienen puestas en un choque Madrid-Barcelona por causa de los recortes. Mientras las deudas con que Cataluña tiene que lidiar alcanzan los €42.000 millones, las de Navarra son sólo €2.450 millones, nada insuperable en términos relativos. Pero hay trampa en esto, señalan los nacionalistas vascos: Navarra ha recibido una financiación encubierta del gobierno central por €1.700 millones, aparentemente "perdonados" por el gobierno de Madrid, al condonar al gobierno de Pamplona el cobro ilegal que venía realizando del IVA por la venta de coches producidos en Navarra y destinados a la exportación.

Si ese argumento es cierto, no hay duda de que esta financiación encubierta del déficit navarro debería merecer en algún momento la atención de Bruselas, porque en última instancia recaerá en el saco sin fondo de la deuda española.

Todo ello prueba - piensan los independentistas - que el alabado concierto económico navarro, "niño modelo" del régimen autonómico, no es más que una fachada.

Miremos con aprensión los "idus" del otoño: puede que los astros nos deparen algunos rayos y centellas a un extremo y otro de los Pirineos.

 

Una crisis con efectos comparables a los de una guerra

Un cambio de modelo que precisa nueva estructuras y principios políticos

Publicado el lunes 20 de agosto de 2012

Antonio Sánchez-Gijón.– Los conflictos armados y las crisis económicas de las potencias industriales se manifiestan a través de fenómenos materiales muy parecidos. En ambos casos, millones de hombres (en menor medida mujeres) se ven apartados de modo violento del mercado laboral, para marchar a los frentes en un caso e irse al paro en el otro. El empleo y el aparato productivo que continúan en pie deben aplicarse, en la guerra, a producir armamento, suministrar pertrechos a los combatientes y alimentar con el mínimo vital a la población, y en las crisis económicas a mantener en pie la arquitectura administrativa y funcional del Estado.

Además, debe asegurarse el mercado de los productos esenciales para la población y, sobre todo, ayudar a la masa de trabajadores ociosos a estar en disposición de volver al trabajo en cuanto se supere la crisis, para lo cual lo primero es asegurarles medios de subsistencia mínimos que les permitan llegar con moral y preparación suficientes a los nuevos tiempos post-crisis.

A lo largo de la guerra o de la crisis las sociedades cambian su percepción de muchos de los presupuestos ideológicos y sociales bajo los que han vivido, ya que éstos se han mostrado inservibles, lo cual crea la necesidad de introducir nuevas estructuras y principios políticos bajo los que gobernarse. Es decir, la superación de una crisis de guerra o económica debería ser seguida por una gran crisis de naturaleza política, que aflore nuevas gentes y modos de hacer las cosas, y nuevos hábitos institucionales que la mantengan sana.

Un ejemplo de lo que se quiere decir es el de Gran Bretaña durante los últimos años de la segunda guerra mundial. El sobresfuerzo humano impuesto a todas las clases sociales exigió reflexionar sobre el modo de repartir las cargas y los beneficios de la reconstrucción postbélica, de la forma más equitativa posible. El informe Beveridge para un sistema de seguridad social y salud, defendido por el viceprimer ministro Clement Atlee ante el gabinete de guerra presidido por el conservador Churchill, no pudo ser aplicado mientras duró el conflicto, pero quedó sobrentendido que sería de aplicación obligatoria cuando llegase la paz, como modo de compensar el esfuerzo de guerra realizado por la población.

Churchill, que ya era el vencedor de la guerra, se veía además apadrinando algunas de las reformas sociales propuestas por sus temporales socios de gobierno laboristas. No se había dado cuenta de que las bases ideológicas y los presupuestos sociales prevalentes en Gran Bretaña habían caducado con el conflicto. Los conservadores perdieron las elecciones del verano de 1945 porque fueron percibidos como guardianes de los privilegios de clase, y ya no más como el grupo que había aportado lo principal del nervio político para conducir y ganar la guerra. Entraba así en Europa la fuerza política de la socialdemocracia y el mito del estado de bienestar, un rasgo definitorio de la Europa contemporánea.

La financiación del estado de bienestar, a su vez, sólo fue posible gracias al aumento de la productividad inducido por los avances tecnológicos espoleados por la guerra. Las transformaciones no se presentaban de forma desagregada (por un lado las políticas y sociales, de otro las de la producción), sino inextricablemente unidas, simultáneas, con efectos recíprocos y exponenciales.

El estado de bienestar, comprometido por la clase política

Son cada vez más las opiniones que entre nosotros analizan la crisis económica que padecemos en términos similares a los arriba descritos. En España se ha formado un ejército de casi seis millones de parados (como combatientes sustraídos a la producción), mientras que muchas instituciones, a la manera de frentes de combate que se derrumban, se declaran incapaces de cumplir las obligaciones hasta ahora contraídas. Ayer Valencia, hoy Cataluña, luego Murcia, Andalucía al caer, etc. En el centro, la administración del estado recortando los que todos consideraban derechos adquiridos. Hay la sensación de un gran fracaso colectivo, producido o contemplado con impotencia por una clase política revestida de privilegios, que impide garantizar el estado de bienestar, el principal producto social de la Europa de la postguerra.

España padece una "enfermedad institucional", nos dice un profesor de la universidad de Gotemburgo (Víctor Lapuente). Hay una politización de la administración, al tiempo que la administración se presta interesadamente a servir de plataforma para las carreras políticas. Esa politización es "una metástasis", dice otro profesor (J. A. Gómez Yáñez): "Un ejército de individuos ha ido ocupando las capas superiores de nuestras instituciones públicas, desde el CGPJ a las cajas de ahorros, pasando por cualquier nivel administrativo, entidad, empresa u organismo político o semipúblico" (El País, 15 de agosto 2012).

Los cuatro niveles de la administración pública (estado, 17 comunidades, dos ciudades autónomas, 50 diputaciones provinciales, casi 8.200 municipio) son un vivero de organismos autónomos dependientes (administrativos, comerciales, públicos empresariales, entes público, entidades gestoras, agencias, fundaciones, sociedades mercantiles, etc.), hasta un total de 8.894, todos con sus nóminas de funcionarios y empleados públicos, sus presupuestos, sus facultades para contratar y gastar, la mayoría opacos a la intervención de cuentas (véase la estadística detallada en Libertad Digital, 19 de agosto 2012). Ni siquiera la Intervención General de la Junta de Andalucía fue capaz de identificar o impedir el gasto de más de mil millones de euros en los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, ahora bajo investigación judicial.

Como la vieja clase conservadora inglesa, nuestros modernos partidos políticos mantienen espacios de privilegio para sus fieles: pensiones, gages de residencia y transporte, asistencia de personal, sentando malos ejemplos que son copiados por representantes de las instituciones: un Síndic de Greuges catalán que se hace pagar cincuenta viajes internacionales en dos años, un presidente del Supremo y del Poder Judicial que pasa sus fines de semana de ocio a cuenta del erario público, diputados cuneros que residen en Madrid y cobran dietas por desplazamiento desde las provincias representadas en las que no residen, etc. Los 17.000 asesores de que se sirven ministros, alcaldes, presidentes de comunidades, consejeros autonómicos, presidentes de diputación diputados, senadores, etc., cuestan, según quien lo ha calculado, €850 millones al año (Roberto Centeno, El Mundo, 29 de julio 2012).

El paralelismo entre guerra y crisis económica nos enseña que, desde el punto de vista material, todo crecimiento futuro depende del potencial de desarrollo inherente a las restructuraciones producidas por necesidad, en los transcursos de una y de otra. Pero desde el punto de vista político y moral, ese crecimiento no será posible, o será insuficiente, si no se produce una renovación de los hábitos de la clase política, o aún mejor, la desaparición de la idea de la política como algo que pertenece a una "clase.

 

Nueva fase histórica en Egipto

Fin de la época creada por el nacionalismo de Nasser

Publicado el jueves 16 de agosto de 2012

Antonio Sánchez-Gijón.– El relevo, el pasado día 12, de la cúpula militar de Egipto por el presidente Mohamed Morsi pone fin a un ciclo histórico de Egipto, de casi sesenta años de duración, que va desde la caída de una monarquía caduca a un régimen nacionalista militarizado, el cual produjo explosiones revolucionarias en el mundo árabe, y acabó desgastándose a lo largo de un proceso en que vivió derrotas militares, alguna victoria parcial, algunos éxitos diplomáticos, y una larga decadencia de corrupción e inmovilismo.

Queda por ver si la aplastante victoria electoral de Morsi en las pasadas elecciones presidenciales abrirá un ciclo de mayor democracia y justicia social bajo el programa político-social de la Hermandad Musulmana. Los "hermanos" dicen inspirarse en el modelo democrático turco, y proponen un programa de intensas mejoras sociales.

La decisión de Morsi refuerza la legitimidad de su presidencia, puesto que con ese relevo muestra que no está hipotecado a los que han venido ostentando el poder constitucional mientras ha durado la transición entre el régimen del depuesto presidente Mubarak y su recién instituido mandato popular. Eso no quiere decir necesariamente que el alto mando militar ha sufrido una derrota política o psicológica.

Los militares seguirán estando en el centro de las decisiones cruciales en varias esferas de los intereses nacionales de Egipto: su cooperación con algunos de los fines estratégicos de los Estados Unidos en Oriente Medio, el armisticio permanente con Israel, el control de segmentos importantes de la economía (quizás más del 30% del PIB), y su papel de garante de la estabilidad interna.

Lo que se va sabiendo de esta sorpresiva medida de Morsi indica que el impulso para propiciar el relevo ha salido del propio seno de las fuerzas armadas, concretamente dentro de los segundos escalones del alto mando (véase el informe del servicio público de inteligencia Stratfor, del 13 de agosto). Si esto es así, es obligado pensar que los titulares del Consejo Supremo de las Fuerzas (CSFA) no opusieron resistencia, a pesar de que ninguno había dado muestras hasta entonces de poner en cuestión la continuidad de sus puestos en el Consejo y los ejércitos.

Ese segundo escalón de mandos es el de los generales que vieron bloqueadas sus promociones por la situación de crisis institucional nacional, y que han considerado que era llegada su hora de alcanzar el perfeccionamiento profesional de sus carreras mediante su acceso a las jefaturas del CSFA y al mando de los tres ejércitos. Desde este punto de vista, el relevo de la cúpula militar ha suscitado menos alarma o expectativas que el histórico relevo del general-presidente Naguib por el coronel Nasser, en 1954, en un verdadero "putsch" interno, y que abrió la puerta al nacionalismo revolucionario panárabe que está en el origen de varias guerras de Oriente Medio e incontables golpes de estado en casi todos los países árabes.

Los dos jefes superiores cesados, el presidente del Consejo y ministro de Defensa, mariscal Mohamed Tantawi, y el jefe del EM del ejército, general Sami Annan, lejos de irse al ostracismo han sido recompensados con los inocuos puestos de consejeros de la presidencia, pero los otros altos mandos han sido designados para puestos en principio muy influyentes: el ex-jefe del ejército del aire a la dirección de la industria de armamento, el de la marina a la presidencia de la Autoridad del Canal de Suez y el de la defensa aérea a la presidencia de la Organización Árabe para la Industrialización.

Las relaciones de poder entre el nuevo presidente y la nueva cúpula militar no están exentas, sin embargo, de trampas potenciales. No está claro si el presidente se excedió de su entendimiento con los militares cuando, al mismo tiempo, revocó recientes declaraciones constitucionales del CSFA, por las que éstas se autoinvistieron de jurisdicción sobre las instituciones del país en el curso de los tumultos que derribaron al presidente Mubarak y los periodos electorales para elegir el parlamento y la presidencia. Sigue todavía en el papel una asamblea constituyente que no pudo cumplir su tarea por impedimentos puestos por las fuerzas armadas. En la misma ronda de decisiones que la del relevo militar, Morsi declaró su derecho a nombrar una asamblea constituyente nueva.

Cambia el cuadro geopolítico de Oriente Próximo

El acomodo del presidente civil con el ejército no está asegurado, a pesar del consenso para el relevo de la cúpula militar. Cada nuevo paso normalizador seguramente será el fruto de negociaciones no exentas de tensiones. Mucho dependerá de la revisión de los intereses estratégicos de Egipto, a la vista de la aparición de la amenaza de los yihadistas internacionales en el Sinaí, que en la segunda semana de agosto realizaron una incursión contra el ejército en el norte de esa península que causó 16 bajas, seguidas de un ataque efímero contra Israel.

El Sinaí está prácticamente desmilitarizado, según obligaciones del acuerdo de Camp David de 1978, entre el primer ministro israelí Menachem Begin y el entonces presidente Sadat. Este acuerdo, así como el tratado de paz Egipto-Israel, es muy impopular en Egipto, y contrario al programa internacional de la Hermandad Musulmana. El 13 de agosto, un portavoz de Morsi, Mohamed Gadalá, declaró a la prensa que el presidente querría enmendar los acuerdos con Israel para ejercer la plena soberanía sobre Sinaí y estacionar fuerzas militares en su territorio.

Para llegar a un consenso sobre esa remilitarización habría que conciliar intereses con Israel y los Estados Unidos. En principio Israel no tiene por qué conceder este punto, a no ser que considere la instalación de fuerzas yihadistas en la casi desierta península una amenaza vital contra su territorio, en cuyo caso preferiría la presencia del ejército egipcio.

Los Estados Unidos, en el fondo garantes del tratado de paz, tienen en este deseo egipcio un instrumento de presión sobre el presidente Morsi y las fuerzas armadas egipcias, para que consoliden la institucionalización del régimen democrático, reduciendo aquéllas a su papel puramente militar y defensivo, y exigiendo a la Hermandad Musulmana mantenerse dentro de un programa político y social moderado. Para ello tiene un as en la mano: el programa de ayuda militar y al desarrollo, por $1.500 millones aproximadamente al año.

Desde el punto de vista de Israel, la oferta egipcia de controlar militarmente su propio territorio del Sinaí tiene la ventaja de que neutralizaría la ‘presente' amenaza yihadista, pero crearía una incertidumbre sobre la evolución política ‘futura' de Egipto bajo un gobierno de la Hermandad. Los ‘hermanos' no tienen ningún amor por Israel, y en su inmensa mayoría se solidarizan con los palestinos y Hamás. No obstante, el gobierno egipcio es consciente de que se halla bajo la doble caución de su ejército y, en gran medida, de la de los Estados Unidos.

La revolución siria añade una nueva incertidumbre a cualquier cálculo israelí sobre sus intereses diplomáticos y estratégicos. Jerusalén no avanza hacia la paz en el "frente" de la Palestina ocupada, y ve a Jordania bajo el peligro de ser desestabilizada por la crisis de Siria. La credibilidad de su repetida amenaza de atacar las instalaciones nucleares de Siria no ha hecho sino erosionarse en los últimos meses.

En resumen, la audaz maniobra de Morsi cierra un periodo histórico de Egipto y del mundo árabe, pero abre otro peligroso, aunque quizás también prometedor.

El Peterson Institute ve difícil salvar el Euro

La competitividad, la única base segura para que España salga de la crisis

Publicado el lunes 13 de agosto de 2012 en capitalmadrid.com

Antonio Sánchez-Gijón.– El informe titulado "El futuro de la euro-área", presentado ante el subcomité de Asuntos Europeos, una de las ramas del comité de Relaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos, y cuyo autor es Simon Johnson, del Peterson Institute for International Economics y profesor del MIT, en colaboración con Peter Boone, es un análisis inmisericorde sobre las posibilidades de que el euro se rompa. Hay una brecha intelectual difícil de cerrar entre lo que se especula en ese informe y las seguridades que nos daba la pasada semana el ministro de Economía, Luis de Guindos, sobre que "la parte sustancial del ajuste está hecha. No habrá nuevas medidas; con las que hemos aprobado será suficiente", declaró.

El informe Peterson cita episodios de creación de uniones monetarias que acabaron fracasando. En 1991, la reciente rublo-zona fracasó al derrumbarse la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Dentro de la entonces Comunidad Económica Europea, todos los mecanismos de cambio monetario creados como paso previo al euro fallaron. A finales de los 90, Argentina ligó el valor del peso al dólar, y aunque al principio la decisión tuvo gran éxito, al final fracasó porque "los políticos y la sociedad no fueron capaces de hacer los ajustes necesarios para mantener su estructura en pie".

Mirando con ojos críticos a los políticos y la sociedad española en este agobiante verano de 2012, no se puede asegurar que van a ser capaces de "hacer los ajustes necesarios", o de hacerlos sin crear de camino una crisis institucional. Mientras Andalucía rechaza de plano adoptar el mismo volumen y calendario de ajustes que el gobierno ha dispuestos o va a disponer para todas las comunidades, Cataluña da muestras de querer llegar al mismo punto (los ajustes), pero a través de una vía de confrontación institucional. Si lo primero ataca la consistencia contable de la programación fiscal, lo segundo dificulta o impide la colaboración política entre el gobierno de una comunidad como la catalana (cuyas acciones no pasan desapercibidas en Europa) y el gobierno central. Ninguna de las dos actitudes favorece la capacidad del gobierno español para cumplir sus compromisos, al no poder presentar sus decisiones como fruto de un consenso nacional.

Camino peligroso del BCE

Volviendo al informe Jonhson-Boone, su tesis de partida es que "los sucesivos planes para restaurar la confianza en la zona euro han fracasado". Los costos de financiación son demasiado elevados, tanto para los bancos como para los gobiernos. La aparición del riesgo crediticio soberano ha vuelto insolventes a los bancos y a las naciones. Esto a su vez ha creado presiones sobre la economía que han hundido a la periferia europea en la recesión. Las deudas de los gobiernos han rebasado ya sus límites sostenibles, y deben ser asistidos por el BCE, que "ha emprendido un camino peligroso", ya que al tiempo que provee de liquidez al sistema financiero para evitar su colapso, debe luchar para no comprometer la confianza en el euro.

Es necesario disipar las esperanzas de que el BCE vaya sacar su "gran bazooka", aconseja el informe. Ese arma financiera se empleó en Estados Unidos como medida de respaldo a un programa de estabilidad puesto en marcha una vez que daba signos de éxito; fue como una medida disuasoria de última instancia. En Europa, "muchas naciones del euro tienen demasiada deuda con riesgo de impago". Un rescate por el BCE volverá opacos sus balances, por lo que los inversores se retraerán. La quiebra de un país rescatado arrojaría sobre Alemania el 43% de las pérdidas, y otras comparables sobre los países solventes de la euro-zona, lo que desde luego no están dispuestos a admitir.

Lo más significativo para España, de lo contenido en ese informe, es que "esta medida por sí misma no va a resolver los problemas de competitividad o los grandes déficits en la periferia", la cual seguirá necesitando agresivas políticas fiscales y reducción de salarios para mejorar su competitividad respecto de Alemania. Esto se debe a que un rescate por el BCE contribuirá a la devaluación del euro, ayudando así a Alemania a mantener su ventaja competitiva sobre los países periféricos. Desde este punto de vista el aumento de la competitividad debe venir por vías distintas de las fiscales y financieras originadas en las estructuras del euro.

Esas vías distintas son todas internas a los países: "reducir los déficits presupuestarios y mejorar la competitividad... por medio de grandes recortes salariales, recortes del gasto del sector público, cambios en la política fiscal para atraer inversiones y una política estable", aconseja el informe.

Aún si se aplicaran esas medidas en los países gravemente deficitarios, el informe se muestra escéptico sobre la posibilidad de supervivencia del euro. El ejercicio de mantenerlo vivo es tan complejo y tan lleno de contradicciones que no puede descartarse su caída, debido a un riesgo no calibrado. El informe señala de modo directo la alta sensibilidad, ante cualquier variación en las condiciones de los mercados de la deuda, por parte del mercado europeo de riesgos de intereses (swaps), cuya tasa es fijada por 44 bancos europeos, la mitad de los cuales pertenecen a naciones en dificultades. "Si las tasas de interés del euro-swap reflejaran riesgos de crédito y de inflación por temor a una ruptura del euro, el mercado dejaría de funcionar". Esto, a su vez, tendría "consecuencias mayores sobre la financiación de los ‘soberanos' europeos".

En España, entre la demagogia y la rebeldía

De las seis reformas mencionadas en el memorándum de entendimiento para la concesión del rescate a la banca española por €100.000 millones, tres recaen sobre el ámbito de competencias casi exclusivas del gobierno: la contención del déficit, el saneamiento del sector bancario y la consolidación fiscal. Las otras tres requieren el concurso de la sociedad, sea dando su consenso para asegurar el éxito, o para soportar pacíficamente las consecuencias: la reforma del mercado laboral, el reajuste de las pensiones a las posibilidades reales del sistema, y el estimulo al empleo juvenil con vistas al crecimiento.

Amplios sectores de la sociedad no ayudan. En las últimas semanas han aumentado los rasgos demagógicos de protestas como la de los mineros y la de los supuestos jornaleros de Andalucía que asaltan comercios. El presidente de la Generalidad catalana, Artur Mas, dice a 300 altos cargos de su partido que "sois los generales de un ejército que es la Generalitat", para añadir: "todo apunta a un conflicto creciente con el estado". Su consejero de Interior, Felip Puig, pedía el pasado viernes un referéndum sobre el pretendido pacto fiscal, como si la Generalidad tuviera jurisdicción sobre uno de los atributos esenciales del estado, su soberanía fiscal.

Entretanto, ni en Cataluña, ni en Andalucía, ni prácticamente en ninguna parte nadie piensa en reducir TV públicas, "embajadas" en el extranjero, empresas públicas inactivas o improductivas, subvenciones clientelares, colusiones corruptas entre partidos y gobiernos autonómicos, etc., todo eso detrayendo cada día un poco de la capacidad de España pare incrementar su competitividad.

Las necesidades electorales de Merkel condicionan la crisis del Euro

Una eventual recesión de Alemania dañaría sus opciones

Publicado el jueves 9 de agosto de 2012 en Capital Madrid.com

Antonio Sánchez-Gijón.– La hasta ahora omnipotente Angela Merkel se va a ver a plazo medio reducida a la penosa condición de candidata política a la caza de votos. En enero del 2013 se celebrarán elecciones en Baja Sajonia, en septiembre de ese año en Baviera, y las elecciones generales en septiembre u octubre del próximo año. La canciller necesita que el electorado no la repudie con sus votos por una de las siguientes razones (o las dos): porque el euro se ha roto, poniendo en crisis el mercado único europeo del que tanto se beneficia Alemania, o porque, salvado el euro, lo ha hecho al coste de una recesión en la economía europea, inducida por la aplicación estricta de los planes de austeridad y estabilidad impulsados o impuestos por Bruselas y Berlín, lo que produciría parecido estancamiento en la economía alemana.

Entre esos dos precipicios (rotura o depresión) corre el estrecho sendero por el que los países que actualmente se cree que se hallan al borde del abismo (España, Italia, Eslovenia, etc.) pueden escapar a terreno llano, con tal de que hagan sentir al electorado alemán que ellos son también agentes del mismo sistema monetario que el de Alemania y que, por esa vía, inciden en el juego político interno, del mismo modo que las determinaciones tomadas por el cuerpo político alemán (sus partidos, su Tribunal Constitucional, su Bundesbank, etc.) tienen efectos directos y contundentes en los cuerpos políticos de España e Italia. Véase si no la portentosa toma del poder en Italia por un tecnócrata no elegido por su parlamento (Mario Monti), con el apoyo casi unánime de las fuerzas políticas alemanas.

Parlamentarismo puritano

Si las elecciones generales se celebrasen hoy, dos de los tres miembros de la coalición gobernante (la Unión Cristiano Demócrata y la Unión Social Cristiana) las ganarían con facilidad, según las encuestas más recientes, aunque quizás el tercer grupo, el Partido Liberal, no entraría en el Bundestag. El problema para Merkel es mantener hasta bien entrado el año próximo el respaldo personal que ahora recibe del electorado. Un 65% se siente satisfecho con su modo de hacer las cosas (3% más que en mayo), y el 57% lo está respecto de su situación económica personal. Por lo tanto, Merkel tiene margen para operar en la crisis europea, siempre que evite la rotura y la depresión, para lo que debe contar con los socios europeos, sobre todo con los que están bajo el punto de mira de los mercados.

Pero eso es precisamente a lo que importantes fuerzas políticas alemanas no están dispuestas. Véase la escandalizada reacción de algunos a estas palabras de Mario Monti, en declaraciones del 6 de mayo a Der Spiegel: "Si los gobiernos se dejan atar completamente por las decisiones de sus parlamentos, sin proteger su propia libertad de acción, el resultado más probable será la ruptura de Europa antes que una integración más profunda".

Las palabras de Monti fueron recibidas por un coro alemán de jaculatorias parlamentaristas: el portavoz segundo en el parlamento del partido socialdemócrata dijo que "la aceptación del euro y su rescate se refuerzan a través de los parlamentos nacionales, no debilitándolos". El ministro de Exteriores, Guido Westerwelle, afirmó que "necesitamos reforzar, no debilitar, la legitimación democrática"; los portavoces de la USC hablaron de "ataque a la democracia", y de que "los alemanes no están dispuestos a eliminar la democracia para financiar las deudas italianas".

Pero Monti recibió el mandato de su parlamento precisamente bajo la condición de que conservaría su libertad de acción para ayudar a Italia a atravesar la crisis. Para otra cosa, el parlamento italiano (y los gobiernos europeos) ya tenía a Berlusconi, elegido repetidamente por mayorías suficientes.

Lo que Monti hizo con sus declaraciones fue reivindicar el papel de la política, cuya ejecución, en los regímenes constitucionales europeos corresponde al gobierno, no al parlamento, que sólo se reserva el derecho de refrendar las decisiones gubernamentales que requieren reformas legislativas.

Es evidente que la canciller alemana se dio a sí misma el margen político discrecional que consideró necesario para aprobar en el Consejo Europeo la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, aprobado posteriormente por el Bundestag, y que debe aún recibir la bendición del Tribunal Constitucional. Así que criticar a Monti por decir lo que es obvio revela el instinto predominante entre algunas fuerzas políticas alemanas, de remplazar la política por determinaciones tomadas en Consejos Europeos que, aunque son representativos, no son exactamente ejemplos de parlamentarismo.

Los partidos y los políticos alemanes, con esta fiebre de legitimismo democrático que parece embargarles, no hacen sino tomar postura ante el electorado de cara al declive económico que se entrevé para el inmediato futuro. El índice industrial está en su nivel más bajo desde hace tres años. El Ifo Business Climate Index cayó en julio; las exportaciones han detenido su plurianual expansión. La crisis de consumo en Europa está pasando factura al motor más potente de su economía.

La canciller no puede permitirse que la crisis muerda en Alemania. Por eso es la primera interesada en que Grecia no se salga del euro (a pesar de que su vicecanciller, el liberal Philipp Rösler, piensa que su salida no le causaría "horror"), y en que España e Italia se apresuren a sujetarse a planes de "rescate", que le permitan alegar ante su electorado que las economías de ambos países estarán bajo el estricto control de instancias superiores, sin margen "nacional" para liberalidades financieras o fiscales. Entre esas instancias superiores estaría inevitablemente el Tribunal Constitucional alemán, que recientemente reclamó para sí el derecho de supervisar todos los planes de rescate con los que el gobierno alemán se compromete. El sentido de sus sentencias lo tendremos el próximo 12 de septiembre, cuando debe pronunciarse sobre el MEE. Que por cierto, fue salvado en el Bundestag con votos socialdemócratas, lo que prueba el estrecho margen político de que dispone Merkel.

Economía "numerizada" o economía política

Como no podía ser de otra forma, la política interna alemana está determinando la política de Berlín respecto del euro. Esto es lo que se pierde de vista cuando se tiene la mirada puesta en los déficits, cuentas y deudas de hoy, esto es, en la economía "numerizada", meramente cuantitativa, olvidando que una moneda única es un producto político cien por cien, inventado y promovido por Alemania por dos motivos políticos esenciales para ella: 1) sellar de modo inquebrantable su fusión con Europa, renunciando a cualquier margen para nuevas tentaciones hegemónicas, haciéndose así una potencia fiable, y 2) ayudarse a financiar la integración de la Alemania del Este en una sola nación y estado.

Este último fin necesitaba ser financiado, y Alemania lo logró gracias a su inmensa capacidad de producción, la creación de estándares europeos para la comercialización, medio ambiente, régimen laboral, etc., que transformaron los patrones de producción en otras naciones del euro, y la creación de un enorme mercado de 330 millones de consumidores, muchos de ellos en países que no estaban en condiciones de operar en ese mismo mercado con la eficacia de los agentes industriales y comerciales de Alemania.

El mantenimiento de la unidad de mercado de la zona euro adquiere así el rango de prioridad estratégica para Alemania, y para conseguirla Alemania deberá estar dispuesta a pagar un determinado coste, lo mismo que la adopción por los otros países, sobre todo por los deficitarios, de los estándares de competitividad establecido por Alemania, será también el costo a pagar por mantenerse en la unidad de mercado.

Pero el cómo y el cuándo no dependen tanto de cuadrar números y balances como de acomodos políticos. En ese sentido, España, Italia y tutti quanti gozan todavía de toda su capacidad y su libertad políticas. Que a su vez puede producir un impacto significativo sobre la evolución de las cosas políticas en Alemania.

Los rebeldes sirios no ganan pero el Régimen pierde

Hacia una guerra civil en toda regla

Publicado el 6 de agosto de 2012 en Capital Madrid.com

Antonio Sánchez-Gijón.-.– La batalla de Alepo va tomando forma al tiempo que la segunda batalla de Damasco puede estar llegando a su fin, sin que los rebeldes sirios hayan conseguido aún asegurarse una base firme de operaciones, o desplegarse a lo largo de un frente definido de bastiones locales. La suerte que corran los rebeldes en Alepo puede determinar el cambio de naturaleza del conflicto, pasando de ser una rebelión armada al status de guerra civil.

Las guerras civiles suponen, en el derecho internacional, la asunción de una calidad particular, diferente de una rebelión armada o insurgencia, y se presta a la apertura de oportunidades diplomáticas para las potencias con intereses en la zona. Este hecho también se puede concebir a la inversa: son las tomas de posición de los estados con intereses en la zona respecto de los contendientes lo que suele transformar la rebelión en guerra civil. Basta para ello que una o varias potencias reconozcan al bando rebelde como poder legítimo con derechos de beligerancia, esto es, derechos de recibir legalmente ayuda de quienes quieran reconocerlos como poder legítimo. La rebelión contra la República Española de julio del 36 cambió de naturaleza cuando dos potencias del sistema de estados europeos, Italia y Alemania, reconocieron el gobierno formado por el general Franco.

En el caso de Siria, esta posibilidad ha estado bloqueada mientras ha durado la mediación de las Naciones Unidas, encomendada al antiguo secretario general de la organización, Kofi Annan, quien dimitió recientemente de esta tarea por no haber logrado su objetivo de que gobierno y oposición se sentasen a negociar una salida pacífica a la crisis. Su dimisión ha deslegitimado en cierta manera a la ONU como organismo con jurisdicción para encauzar la resolución del conflicto.

Otro golpe, quizás esta vez letal, contra la función de las Naciones Unidas en el conflicto, lo propinó la pasada semana la Asamblea General, al aprobar una resolución de rechazo a la impotencia del Consejo de Seguridad, que fue quien encomendó la tarea mediadora a Annan. El bloqueo diplomático así creado podría ser alegado por cualquier potencia con intereses en la zona para extender a los rebeldes su derecho de beligerancia, y justificar así una ayuda abierta y directa... Pero esto no es probable mientras las condiciones sobre el terreno no cambien.

A lo largo de diecisiete meses del estallido de la rebelión contra el régimen, la guerra está siendo llevada a cabo por los rebeldes mediante ataques puntuales, sorpresivos, dentro de ciudades y poblaciones dispersas, moviéndose de unas a otras según patrones de oportunidad, reflejando la debilidad de sus medios de combate, pero también confirmando con cada ataque su resolución y capacidad organizativa.

Una muestra de que las cosas pueden estar cambiando es que la batalla que han presentado en Alepo está siendo apoyada por una serie de escaramuzas y encuentros sistemáticos sobre las vías de acceso a esa capital, con el fin de impedir u obstaculizar la llegada de refuerzos para las unidades el ejército que combaten en Alepo. Los convoyes deben atravesar trechos de las rutas controlados por los rebeldes, por lo que deben ser protegidos por helicópteros. Se estima que la mitad de los helicópteros de que disponía el ejército están fuera de servicio. Mientras los focos de rebelión de Damasco estaban siendo extinguidos ayer domingo mediante bombardeos aéreos, los rebeldes de Alepo se mostraban desafiantes, conscientes de que se acercaban las fuerzas del gobierno, a pesar de que han sido atacadas a lo largo de las rutas de acceso.

Tres causas de debilitamiento

Si el comportamiento militar de los rebeldes refleja su relativa debilidad en términos de número de combatientes y armamento, su estrategia de desgaste produce resultados, positivos para ellos y nefastos para el régimen. Hay tres causas de debilitamiento del régimen.

La primera es el agotamiento que sufre el elemento humano del ejército, movilizado de modo continuo durante más de un año, para acudir a un foco de resistencia detrás de otro. El mismo movimiento de fuerzas hacia Alepo deja desprotegidas ciudades donde la rebelión parecía haber sido sofocada, como Idlib, Homs, Rastan, etc.

La segunda causa es el prohibitivo coste financiero y el acelerado consumo de recursos materiales que la rebelión le supone. Con unas reservas de $17.000 millones a principios del 2011, el gobierno tuvo que enviar a Moscú la pasada semana una misión presidida por el viceprimer ministro Qadri Jamil, en solicitud de ayuda financiera y el envío de carburantes. Como pago Damasco ofrece a Rusia la exportación del crudo que no puede exportar a su mercado natural en Europa debido al régimen de sanciones impuesto por Occidente. Un producto, el crudo, del que Rusia ciertamente no tiene gran necesidad. Es muy significativo que Rusia se haya negado a servir a Siria más helicópteros que los que Damasco ya tenía contratados con anterioridad a la resolución de la ONU que pedía suspender el suministro de armas a los beligerantes.

También significativo, desde el punto de vista simbólico, es el envío de tres buques de asalto de la marina rusa, con más de 300 infantes de marina, de visita al puerto de Tartus, donde Rusia tiene una base naval. El alcance diplomático de esta visita queda aún por valorar. Una posible interpretación es que Rusia empieza a considerar la necesidad de evacuar su personal destinado en Siria.

La tercera causa de debilitamiento es el goteo de defecciones de militares de alta graduación. La más notoria fue la de hace un mes, del jefe de una brigada de élite del ejército, y miembro del círculo íntimo de Asad, el general Tlas, quien está tratando de ofrecerse a la oposición como punto de contacto entre el Ejército Libre de Siria y los mandos del ejército todavía leales, los cuales, de momento, siguen siendo mayoría. Pero el goteo continúa: la última, la del general de brigada Nasr Mustafá, subjefe del servicio de inteligencia de la fuerza aérea, el pasado 2 de agosto. Es significativo el hecho de que Nasr pertenece a la minoría alauita, la misma del presidente Asad, y que es políticamente hegemónica en las estructuras del poder.

De los patronos del régimen de Asad, Rusia e Irán, el primero da muestras de que no se lo juega todo por Damasco, aunque su intervención mediante suministro de armas y dinero podría ser decisiva para salvar al régimen, mientras que el segundo, que desea defender a toda costa el régimen, no tiene los medios para hacerlo.

Aunque los rebeldes no puedan dar un vuelco a la situación por sus propios medios, pueden estar seguros de que el régimen está cada vez más debilitado y más solo. Lo cual puede acelerar el reconocimiento del consejo de gobierno de los rebeldes como beligerante legítimo, y por tanto como titular a la ayuda de las potencias que quieran prestársela.

MONTI, HOLLANDE Y RAJOY EN UNA “COALICIÓN ANTIALEMANA”

Madrid rechaza de cara a Europa lo que aplica a las autonomías

Publicado en Capital Madrid el 2 de agosto 2012

Antonio Sánchez-Gijón.- Puede que la “coalición antialemana” siempre latente en la eurozona sea esta vez demasiado fuerte como para que la canciller Angela Merkel, el Bundesbank y sus aliados nórdicos puedan seguir bloqueando la vía que desde el Banco Central Europeo (BCE) podría llevar a los países en crisis, principalmente España e Italia, los socorros financieros que les permitan rechazar los ataques de los mercados de la deuda, que han puesto por las nubes sus tasas de refinanciación. Anteayer fueron el primer ministro italiano, Mario Monti, y el presidente francés, François Hollande, quienes primero suscribieron la coalición, en un encuentro en París. Hoy se adherirá a ella Mariano Rajoy en su encuentro en Madrid con Monti.

La formación de una nueva alineación dentro de la eurozona  se presentía desde que el presidente el Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, hizo unas crípticas declaraciones a Le Figaro que apuntaban a una acción decisiva sobre el problema de la deuda, y que muchos veían relacionada con los problemas de España. Hemos llegado a un punto, dijo Juncker, en que “la zona euro debe probar de forma decidida su determinación de garantizar la estabilidad”.

¿Pero no habíamos visto antes cómo esta misma coalición se había estrellado contra la inconmovible resistencia alemana a dejar que el BCE se excediera de su mandato de preservar la estabilidad del euro y de impedir todo riesgo de inflación? Es cierto. Pero esta vez hay señales de que un nuevo miembro podría apoyar la coalición: nada menos que el propio BCE, cuyo consejo puede hacer buena, en su reunión de hoy en Francfort, la memorable promesa de Mario Draghi, de que la institución que preside “hará, en el ámbito de su mandato, lo que sea necesario para preservar el euro. Y créanme, será suficiente”.

Naturalmente, esta incorporación a la coalición depende de que el consejo del BCE autorice al presidente a “hacer lo necesario”, y le dé los medios para ello. De no ser así la carrera profesional del profesor Draghi podría estar terminada, y la coalición deshecha. Dentro de pocas horas sabremos el resultado de este duelo. Alemania no tiene derecho de veto sobre las decisiones del BCE, cuyo consejo es independiente. Pero todo el consejo ha escuchado en esta semana las advertencias de Berlín sobre los riesgos de lo que Hollande, Monti y Rajoy desean, y también  han entendido lo que Draghi se juega.

La coalición anti-Montoro

La España de Rajoy se ha presentado a la convocatoria de la “coalición” inflamada de espíritu combativo. Este martes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con ocasión de la reunión del consejo de Política Fiscal y Financiera, redujo los focos de resistencia que se oponían a su drástico plan de recortes de los déficits autonómicos. Fortalecido por el apoyo incondicional de todas las comunidades regidas por el partido popular, a las otras les leyó el bando: “No hay nada que hacer más que cumplir la ley… El cumplimiento de la ley está por encima de todo resultado del consejo”, comunicó a la prensa con ocasión de la reunión. Ante la posibilidad de que alguna región se mostrase insumisa, manifestó: “No vamos a permitir que ninguna comunidad se financie no ingresando los pagos del IRPF ni las cotizaciones de la seguridad social”.

Como confirmación de que se respira en la opinión pública un aire de confrontación, La Vanguardia de ayer titulaba a toda página: “Andalucía se suma a la rebelión de Catalunya”. Y asignando la primacía en este choque, aún titulaba una crónica sobre la reunión del consejo autonómico: “Catalunya lidera la rebelión contra el Gobierno del PP”. En la nómina de los “rebeldes” hay que poner también a Asturias y Canarias, según declaraciones de sus respectivos presidentes.

La nueva coalición europea, sin embargo, encontrará más obstáculos en vencer la resistencia alemana que los que encuentre el gobierno español cuando se ponga a someter las autonomías díscolas. Mariano Rajoy, Hollande y Monti piensan que el camino más rápido y corto al rescate de las economías en dificultades sería la compra de bonos del estado por el BCE. Los dos últimos se contentarían con que fuesen los mecanismos ya establecidos de financiación de la eurozona los que prestasen la ayuda que se les pidiese, y esperan que Rajoy, efectivamente, la pida. Pero Rajoy no quiere hacerlo porque rechaza asumir el supuesto estigma de haber tenido que recibir bajo su mandato el rescate de España. O al menos ésa es la interpretación prevalente en Europa, exteriorizada asimismo por el mismo Draghi cuando hace unas semanas declaró a la prensa italiana, algo burlonamente, que los españoles eran demasiado hidalgos para pedir.

Transparencia hacia arriba y hacia abajo

Es difícil creer que a los líderes europeos se les escape la incongruencia en que incurre el gobierno de Rajoy cuando exige derechos de intervención en las cuentas de las regiones si quieren acogerse al Fondo de Liquidez de las Autonomías y rechace para sí  la misma receta, esta vez por cuenta de los inspectores del Mecanismo Europeo de Estabilidad, a punto de quedar instituido. Es el mismo prurito de no reconocer de cara a la opinión que la ayuda obtenida para la banca, por €100.000 millones, lleva aparejadas estrictas condiciones de supervisión y un incremento de la deuda pública.

La pregunta que pende en el ambiente europeo, en estas horas decisivas, es si España está en condiciones de seguir resistiendo el acogerse a unos mecanismos ya establecidos, sin allanarse a hacer una petición formal de asistencia por la cantidad ajustada a sus necesidades de financiación tanto de sus déficits públicos (central y autonómico), como de su sistema bancario, bajo el doble justificante de que “las arcas están vacías”, como anunció el ministro de Hacienda, y que las cuentas deben ser transparentes tanto hacia arriba como hacia abajo.

Esta oposición a admitir lo que para muchos en Europa es evidente no ayuda la estrategia de Hollande y Monti para lograr que el MEE obtenga financiación ilimitada del BCE, que pueda ser extendida luego a los estados en necesidad, aceptando, claro está, la estricta condicionalidad del BCE sobre el uso de los fondos, tan celosamente exigida por Alemania. Las continuas proclamaciones del gobierno de Rajoy, de que España no necesita un rescate, no parecen haber convencido a los mercados.

No estaría mal que el gobierno, que tan descarnadamente ha hablado a las comunidades, se hablase a sí mismo no menos descarnadamente, y admitiese que, aparte de cualquier presunción subjetiva sobre su suficiencia para superar la crisis, comprendiese que los otros miembros de la coalición dibujada al principio de este artículo basan su estrategia ante Alemania sobre supuestos que entrañan una limitación de la libertad de acción de la que España puede disponer en la superación de su propia crisis.

Occidente y el yihadismo enfrentados sobre Mali

Una explicación de la retirada súbita de los cooperantes españoles

Publicado el 30 de julio de 2012 en Capital Madrid.com

Antonio Sánchez-Gijón.– La decisión del gobierno español de retirar todos los cooperantes españoles que trabajan en la zona de Tinduf, Argelia suroccidental, en favor de los refugiados originarios del Sáhara Occidental, es uno de los indicios que anuncian una gran ofensiva puesta en marcha por Francia y algunos países de África occidental, con el apoyo de los Estados Unidos y España, y que previsiblemente enfrentará fuerzas opuestas a lo largo y ancho del Sáhara, y con su epicentro en el norte de Mali.

La retirada de los cooperantes obedece a que se espera que dentro de días o semanas se produzcan a lo ancho y largo del Sáhara y el Sahel, como respuesta a la iniciativa occidental, movilizaciones de diversos grupos rebeldes, la mayor parte de ellos salafistas yihadistas, que hasta ahora han tenido como una de sus fuentes de financiación los rescates de europeos secuestrados. Se especula que la liberación de los dos cooperantes españoles llegados ayer a la base de Torrejón le ha reportado al movimiento que los secuestró más de diez millones de euros, aparte de la liberación de dos yihadistas prisioneros en Mauritania. El ministro de Exteriores, Sr. García-Margallo, fue específico este último sábado: España apoyará el despliegue en Mali de una fuerza militar de la Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO).

Esta intervención se ha ultimado en los últimos días en París, entre el presidente Hollande, y el de Costa de Marfil, AlassaneOuattara, presidente temporal de la CEDEAO. El objetivo parece ser la activación de una fuerza africana de 3.000 soldados, con el apoyo militar de los países occidentales. El ministro francés de Exteriores, Laurent Fabius, viajó esta pasada semana a Níger, Burkina Faso, Senegal y Chad, con el fin aparente de ayudar a coordinar las acciones militares y diplomáticas necesarias. El objetivo declarado es la restauración de la integridad territorial de Mali, y la reposición de su presidente, DioncoundaTraoré, que fue depuesto por un golpe militar el pasado marzo. Aprovechando el golpe, un movimiento secesionista declaró la independencia de Mali del Norte, pero pronto se vio sobrepasado y marginado por una serie de movimientos salafistas y yihadistas, movilizados o inspirados por al-Qaida en el Magreb Islámico (AQMI), el grupo militante y terrorista activo en el norte de Argelia.

Desde el punto de vista diplomático, la iniciativa occidental-africana toma pie en la resolución unánime (2056) del Consejo de Seguridad de la ONU, votada el 5 de julio, preparatoria de un informe que será elevado por el secretario general de la organización al Consejo de Seguridad, el cual seguramente aprobará de inmediato la resolución para la formación de una fuerza internacional que defienda el gobierno legítimo de Mali y restablezca la unidad territorial. Para el logro del primero de esos fines regresó este viernes pasado a Bamako el depuesto presidente, DioncoundaTraoré, quien había resultado herido en un ataque con arma contundente durante el golpe de estado, y que se hallaba hospitalizado en París. Un gran vacío geopolítico

Vasto espacio geopolitico

Desde el punto de vista geopolítico, la iniciativa es el primer paso de una serie de maniobras con el fin de contener la expansión del yihadismo en África sahariana; esas maniobras tienen un componente militar importante. La región en que ese movimiento religioso y terrorista viene expandiéndose tiene algunos millones de kilómetros cuadrados, y cubre varios países, todos débiles, inestables e indefensos. Una conjunción de factores ha permitido al salafismo terrorista intentar dominar ese vasto espacio geopolítico.

El primero de ellos es la pérdida del padrinazgo que sobre ciertas tribus tuaregs ejercía el presidente de Libia, coronel Gadafi, muerto el pasado año en el curso de una cacería humana. Muchos guerreros tuaregs formaban parte de, o estaban afiliados a, las fuerzas armadas gadafistas. Concurrente con este factor fue el saqueo de los depósitos de armas del régimen libio, y la puesta en circulación de modernos medios de combate entre tribus hasta entonces muy pobremente armadas.

El segundo factor es el desencadenamiento de oportunidades políticas y militares, creadas por el golpe de estado de marzo, llevado a cabo por parte del ejército, que fue aprovechado por los independentistas de Mali del Norte, la patria de los tuaregs que da nombre a su Movimiento de Liberación Nacional (de Azawad, MLNA). Este movimiento de orientación secular no ha sido capaz de controlar el inmenso territorio que reclamaba. Dentro de él se encontraban ya operando las fuerzas yihadistas de Ansar Eddine (AE), que se hicieron conTimbuctú, donde destruyeron valiosos monumentos culturales y religiosos, y el Movimiento para la Unidad y la Yihad en África Occidental (MUYAO), basado en la región suroriental de Azawad, provincia de Gao. Aunque AE mantiene estrechas relaciones con al-Qaida en el Magreb, y Muyao se separó de esta organización no hace mucho, los dos movimientos malienses lanzaron un comunicado conjunto, a finales de junio, de advertencia contra cualquier intervención extranjera. Cada uno de esos grupos está recibiendo voluntarios procedentes de Arabia Saudí, Pakistán, Senegal, Nigeria, etc.

Todo movimiento revolucionario necesita dinero, espacio operativo y armas. AE se había especializado en obtener dinero a través del secuestro y el tráfico de ilícitos de todo tipo (drogas, emigrantes, etc.). Su fundador, Iyad Ag Gali, es un aventurero que ha colaborado a veces con el gobierno de Mali (ha llegado a tener funciones consulares en Arabia Saudí) y otras lo ha atacado. Está especializado en la mediación para la liberación de rehenes, esto es, en perpetrar y resolver secuestros. Su última encarnación es la de apóstol de la yihad, y aliado de AQIM. Esta alianza venía urgida por la oportunidad creada casi simultáneamente por el vacío político de un vasto espacio territorial (debido al débil golpe militar en la capital, Bamako, y la secesión del norte), y la llegada de grandes cantidades de armamento libio.

Pero posiblemente la mejor fuente de ingresos sea la colaboración con los designios estratégicos de AQMI, que desea expandirse al sur de Argelia y dispone de recursos donados por afines ideológicos de los reinos islamistas de Oriente Medio. Es previsible que los secesionistas del MLNA, paradójicamente, se verán forzados a colaborar con cualquier fuerza de intervención que, después de afianzar el gobierno depuesto, se enfrente a AE y MUYAO.

Occidente se prepara

El modo en que España pueda colaborar con las fuerzas de la CEDEAO estará condicionado por las fuerzas occidentales en presencia. El departamento de Estado de los Estados Unidos tiene sobre el terreno el Programa de Entrenamiento y Ayuda para Operaciones en Contingencias, que proporciona lo que dice su nombre, más armamento, medios de transmisión, vehículos, etc., y prepara en operaciones especiales a fuerzas de diversos países. El programa más completo se aplica en Mauritania, y se presta ayuda de ese tipo a Senegal, Burkina Faso, Chad, Níger, Nigeria, etc. Todo ese despliegue colabora con, o duplica, los recursos que Francia, tradicionalmente, tiene desplegados permanentemente en la región, y que ahora le permiten tomar la iniciativa diplomática.

Ahora que las misiones militares españolas se hallan en un momento de transición (retirada parcial del Líbano, progresiva de Afganistán), y sus fuerzas armadas se ven castigadas por severos recortes presupuestarios, y preocupadas por la cambiante naturaleza del medio ambiente geopolítico, puede que lo que está ocurriendo en África sahariana sea índice de un desafío estratégico propio de nuestro tiempo, que hasta hoy ha sido característico de Asia Central y Oriente Medio y que ahora, “como aquel que dice, está a las puertas de casa”.