Publicado el jueves 29 de diciembre de 2011
Antonio Sánchez-Gijón.– Los gobiernos y las opiniones públicas de Europa parece que acaban de descubrir la relación entre la unión política de las naciones que componen la Unión Europea, por un lado, y la viabilidad de una Unión Monetaria, por otro. Sin embargo, esta cuestión ya había sido planteada en 1970 por el Informe Werner, encargado por la Comunidad Económica Europea a quien era entonces primer ministro de Luxemburgo, Pierre Werner. La entonces CEE finalmente adoptó el informe como uno de sus documentos fundamentales..
El informe adolecía de una forma benigna de lo que en lógica se llama petición de principio. Werner venía a afirmar que la unión económica y monetaria de Europa requería de instituciones comunes, las cuales se verían promovidas por la unión política y monetaria. Werner no pretendía confundirnos. Creía que "el progresivo desarrollo de la cooperación política" se alcanzaría si los gobiernos practicaban un poco de cooperación política hoy, un poco de unión monetaria mañana. Así fueron entrando en escena la "serpiente monetaria", "el Mecanismo de Tasas de Cambio, etc., hasta el actual euro. Para demostrar lo que he dicho sigamos el curso de su argumento:
"La unión económica y monetaria significa que las principales decisiones de la política económica serán tomadas al nivel de la Comunidad". Se producirá "la necesaria transferencia de poderes desde el nivel nacional al de la Comunidad". Ello requiere "la creación de las correspondientes instituciones de la Comunidad". Y cierra el círculo vicioso al decir: "La unión económica y monetaria aparece así como fermento para el desarrollo de la unión política, sin el cual, a la larga, no podrá sostenerse".
Desde el principio, pues, no se arbitró bien la cuestión de la jerarquía entre moneda y política. Se hizo la moneda única sin unión política. Hoy los economistas más ortodoxos afirman que debió ser al revés: primero la unión política y luego la monetaria. El fracasado proyecto de constitución europea quiso dar la primacía a la primera, pero su rechazo (en dos países) demostró que los pueblos europeos no estaban preparados para unirse políticamente. Hubo que hacer recurso a la economía.
Francia y Alemania, de acuerdo en incumplir
A partir del intento Werner se habían puesto en marcha, para decirlo de un modo un poco estereotipado, la máquina de pensar fluidamente de los franceses, y la de pensar sistemáticamente de los alemanes. Para Jacques Delors, presidente de la CEE, la voluntad y la decisión política de los gobernantes bastaban para llegar a la moneda única. Para los alemanes, una moneda depende de un banco central, y un banco central depende de unas normas constitucionales, las cuales imponen al Bundesbank la disciplina fiscal y su propia independencia. En aquellos momentos Francia era ejemplo de indisciplina fiscal y Alemania se suponía lo era de todo lo contrario.
La unificación de las dos Alemanias fue la ocasión para una síntesis dialéctica de las dos culturas político-económicas: Francia la aprobaría si Alemania se mantenía unida al resto de Europa mediante la moneda única, y no como un ominoso verso suelto; pero Alemania sólo aceptaría entrar en ella si Francia adoptaba los estándares de disciplina fiscal sentados por el Bundesbank. Este pacto dio lugar a otro, el llamado de Estabilidad y Crecimiento.
Los dos países que lo inspiraron no tardaron en incumplirlo, y éste es un hecho que franceses y alemanes, sobre todo alemanes, deberían explicar a los que están sufriendo los rigores de sus sobrevenidas disciplinas fiscales. Handelsblatt, uno de los principales órganos financieros de Alemania, estimó (edición del 23 de septiembre 2011) las obligaciones fiscales alemanas en euros 5 billones si a la deuda exterior del estado (euros 2 billones) se sumaban todas sus otras obligaciones: pensiones, sanidad, dependencia, etc. Ello representa el 186% del PIB de 2012, cuando el pacto de estabilidad exigía mantener la deuda por debajo del 60%. La deuda actual es oficialmente de sólo 83%.
El BCE, como mandan sus estatutos, no podía oponerse a la demanda de créditos de algunos de los socios del euro, tentados por los bajos tipos de interés. Tampoco podía entrar a discutir la utilidad de sus préstamos, aplicados por los gobiernos de forma que no se correspondía muchas veces con las condiciones y necesidades particulares de sus economías, que mostraban unos niveles de desarrollo, productividad y competitividad muy distantes unas de otras. Menos aún podía oponerse a la venta de deuda pública de cada uno de los países miembros en los mercados de capitales. Es cierto que el crédito insufló desarrollo en todos los socios del euro, pero sin corregir sustancialmente las disparidades de productividad de sus economías. Y la abundancia de crédito determinó la acumulación de deuda. En resumen, el euro circuló sin que se hubiese resuelto el principio de jerarquía entre la unión económica y la política.
Bruselas otorga la primacía a la política
A lo que estamos asistiendo hoy es a la subordinación de la economía a la política, como quieren los economistas académicos. No otra cosa significa el acuerdo del último Consejo Europeo, en Bruselas, para crear una autoridad fiscal a la que deben atenerse los 17 del euro y todos los otros de la Unión menos el Reino Unido. La subordinación la expresó de forma clara el presidente Sarkozy el viernes 8 de diciembre, al siguiente día del Consejo: Francia no adoptaría la nueva "regla de oro" acordada en Bruselas hasta después de la próxima elección presidencial. Algo parecido ocurrirá en los procesos de aprobación del acuerdo en los otros 26 países y mientras tanto el euro seguirá en el retortero de la crisis.
El acuerdo de Bruselas, sin embargo, no está exento de la equivocidad mostrada en su día por el Informe Werner: no es un acuerdo de la Unión sino de los veintiséis que lo aprobaron, y ha sido tomado por el Reino Unido como ocasión para abrir un conflicto político mayor en el seno de la Unión.
El rechazo británico al acuerdo significa en el fondo que el Reino Unido no va a seguir progresando hacia la unión política, y hará lo posible por reducir la UE a poco más que una zona de libre comercio. Esta pretensión encanta a los euroescépticos británicos, sobre todo a los ingleses, que con reflejos históricos bien acendrados ven con suspicacia todo esfuerzo de cualquiera de las grandes potencias europeas de unir al continente, lo cual es más alarmante cuando son Francia y Alemania las que lo están intentando. Gran parte de la prensa británica expresa una hostilidad creciente al euro, y pronostican su ruptura, lo que ayuda a exacerbar la alarma que los mercados de capitales ya viven por su propia cuenta. La City de Londres, que aporta el 15 o 20% del PIB británico, es un adversario natural del euro. ¡Hasta el párroco de la City ha despotricado recientemente contra la moneda europea!
El proyecto del euro tiene una zona problemática causada por la disparidad de desarrollo entre los países que lo forman. Esta disparidad nunca se podrá corregir del todo: las condiciones geopolíticas de las diversas naciones que en él participan no lo consienten. España, por ejemplo, tiene vastas regiones de su territorio sobre las que es muy difícil basar sectores de esa economía avanzada sobre la que, al parecer, debe basarse la fortaleza del euro. Lo mismo que en el ámbito nacional los dispares niveles de potencial económico requieren ajustes por medio de transferencias, la cohesión social (y por lo tanto política) de Europa sólo puede ser asegurada por una proporción adecuada de políticas compensatorias
Quizás el diseño que ha hecho el Sr. Rajoy de la rama económica de su gobierno se atiene al criterio de la prioridad de lo político. La política económica global va a ser su predio exclusivo; al ministro de Economía le corresponde alcanzar el segundo término del título de su cartera: "y Competitividad". La competitividad es el salvoconducto para mantenernos en el euro.