Publicado el lunes 28 de noviembre de 2011
Antonio Sánchez-Gijón.– En este último fin de semana se ha revelado, a través de los medios, un nuevo pacto de estabilidad al que los países de la euro-zona serían invitados a adherirse. La adhesión supondría el sometimiento de partes esenciales de su soberanía fiscal al poder decisorio de la mayoría. Al parecer, el presidente francés y la canciller alemana van a anunciar antes del Consejo Europeo del 9 de diciembre, las características del plan.
Si hubiera países del euro que no se adhiriesen, la zona euro estaría sometida a un régimen de dos velocidades. El país que no se uniera a la mayoría lo haría a su riesgo. Pero en todo caso, esta medida, caso de adoptarse, profundizaría aún más la diferencia de régimen económico-fiscal entre los 17 del euro y los 10 que sólo les acompañan en las políticas no monetarias de la Unión Europea. Son las proverbiales dos velocidades.
La Europa a dos velocidades, o a tres o a más, es la pura esencia de la construcción europea. Los países que hoy la integran empezaron por la Europa del carbón y del acero, y del Euratom, y luego la del Mercado Común. A medida que los otros 21 fueron llegando, lo hacían impulsados por su propio motor económico de mayor o menor cubicaje y su combustible político de mayor o menor octanaje. Cada uno se mantenía en el grupo a la velocidad que le era dable alcanzar. Primero se unían mediante tratados de asociación, y luego firmaban la adhesión a los tratados. Unos entraban en el grupo de desarrollo regional y otros en el de fondos de convergencia, o en los dos; otros hacían su política mediterránea, y otros su política de Europa del Este. Diez países hicieron Schengen para la libre circulación de personas y los demás se abstuvieron. Diecisiete formaron la moneda común y diez no lo hicieron.
Cada uno siempre hizo lo que creyó conveniente para sus intereses particulares, bajo la estricta condición de que los demás no les pusieran el veto. ¿Cómo podía ser de otra forma? Cuando dos pueblos europeos (el francés y el holandés) intuyeron que una propuesta de constitución europea sobrepasaba los límites de la soberanía nacional, la tumbaron en sendos referéndums. Esta libertad justifica las diferencias de nivel de vida y desarrollo entre los pueblos europeos más productivos y los menos, entre los más industrializados y los más agrícolas. Si hubiesen rendido su soberanía a una autoridad central, sería exigible una Europa de transferencias: los más ricos tendrían que asegurar el suministro de los bienes y servicios que son exigibles dentro de una sociedad nacional: educación, salud, alimentos, políticas de vivienda, infraestructuras, etc.
Tal como lo adelantó la Sra. Merkel esta pasada semana, lo que se va a proponer es lograr de forma voluntaria la cesión de facultades de supervisión de las cuentas públicas de un estado, de forma que se le pueda imponer el control o el recorte de los déficits, al objeto de hacer posible la convergencia de los costos de la deuda. "Hacer esto a la fuerza nos debilitaría a todos". Quien después de haber dado su consentimiento incumple el compromiso será referido al Tribunal de Justicia Europeo.
¿Percibirán los pueblos de los países cuyos gobiernos accedan a fusionar sus soberanías fiscales que están cediendo con ellos derechos soberanos? La respuesta lleva a dos consideraciones. La primera es que los países que se hallan en serias dificultades a causa de sus deudas, deben recibir una compensación por su disciplina fiscal. Puede que ese momento no esté, sin embargo, muy lejano. El gobernador del Bundesbank, Jens Weidmann, dio a entender la pasada semana que sólo se podrían poner en común los riesgos (de las deudas nacionales) cuando culmine el actual proceso de integración fiscal y política. Lograda ésta, puede proponerse con solvencia la reforma de los estatutos del Banco Central Europeo para que pueda apoyar unas economías que ya se regirían por el mismo patrón fiscal.
Periféricos pero no inertes
La segunda consideración es que los países que accedan a fusionar sus políticas fiscales deben conservar su capacidad de actuar conforme al cubicaje de su economía y el octanaje de su peso político. En este orbe mental de relaciones físicas, las consideraciones puramente geoeconómicas hallan su espacio natural. La noción de Europa periférica, que tanto se ha aplicado últimamente a los países mediterráneos, se postula sobre la idea de que hay una parte de Europa que es a modo de centro de gravedad, por su densidad económica y demográfica. Algunos efectos físicos de este principio saltan a la vista. Un ejemplo ha sido la reciente información sobre que los territorios de la Unión Europea más castigados por el paro son precisamente las regiones ultraperiféricas de España y Francia, es decir, sus archipiélagos extra-continentales. En su debida proporción este mismo principio queda confirmado por la gradación del desarrollo de Portugal con respecto a España y de España con respecto a Francia, y si se me apura de Francia con respecto a Alemania.
Para corregir en lo posible esos efectos puramente físicos, es preciso que el octanaje político contrarreste el cubicaje económico. El Sr. Zapatero no ha hecho sino perder octanos en los tres últimos años, desde que se puso de manifiesto la crisis. Queda al Sr. Rajoy la tarea de recuperar potencia para el desfalleciente motor español. Debe tomarla en primer lugar del espacio geoeconómico que nos es propio, el de la Península Ibérica. Los países "centrales" nos declararon zona PIGS; pues sea, porque es cierto, no tanto porque seamos una zona de riesgo como porque somos, en efecto, una zona que no puede ser medida mas que por sus parámetros específicos mediterráneos, no los de Centroeuropa.
Las economías de España y Portugal han sido cogidas por la crisis en una fase intensa de su integración económica. Y también, como ponía de manifiesto en estas páginas el corresponsal en Lisboa José Alves, cuando sus gobiernos se hallaban embarcados en un acercamiento político sin precedentes..., hasta que llegó la crisis, momento desde el cual el gobierno del Sr. Zapatero calculó que no le convenía mostrarse tan próximo a un Portugal a punto de ser intervenido, "no sea cosa que vayan a pensar que..." Ahí terminaron las "cumbres" hispano-lusas. La recuperación económica de España debe incluir la recuperación de los procesos de integración económica con Portugal, El reemprendimiento de la colaboración política no hará sino elevar el octanaje político del Sr. Rajoy por dos motivos: por saber mostrar la solidaridad moral necesaria con un socio de la Unión metido en apuros algo mayores que los nuestros, y por integrar en un mismo esfuerzo, dentro del espacio euro, aquellas proximidades y afinidades que son naturales.
Se puede suscribir la idea del filósofo alemán Hermann Lübbe (en Der Spiegel) de que no se puede esperar el consenso entre, por ejemplo, Finlandia y Grecia, pero sí debe esperarse que entre España y Portugal caben todos los consensos y toda la integración económica imaginables.
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