lunes, 9 de diciembre de 2013

La reunión de la OMC en Bali saca a la Ronda de Doha del punto muerto


El grueso del comercio se canaliza por las grandes áreas intercontinentales

Publicado el lunes 9 de diciembre de 2013 en capitalmadrid.com

Antonio Sánchez-Gijón.– El comercio mundial, que se mantuvo estancado en 2012 ($18.4 billones) puede crecer en un billón suplementario cuando se cumplan las previsiones del acuerdo alcanzado este último sábado en Bali, Indonesia, en el seno de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Así dice creerlo su director general, el brasileño Eduardo Azevedo.

Los patrocinadores del acuerdo esperan conseguirlo mediante la eliminación de barreras físicas al tráfico comercial (aduanas, trámites portuarios, controles en tránsito), la declaración electrónica de los manifiestos de carga, ayudas al desarrollo, limitación al 10% del máximo de ayudas que un gobierno puede conceder a su producción agrícola y la reducción de tarifas aduaneras para las exportaciones de los países menos desarrollados. También se ampliarán las cuotas de exportación de países en desarrollo a desarrollados. Se estima que las barreras puramente físicas al comercio tienen un costo doble que el de las tarifas que se le aplican.

Lo arriba mencionado se inscribe en el sentido de la "Ronda Doha", que en 2001 se propuso alcanzar la liberalización completa del sistema mundial de comercio. En realidad, lo alcanzado en Bali representa sólo una fracción de los ambiciosos propósitos de Doha: el 10% según los más optimistas. Lo acordado, además, viene con restricciones transitorias. Por ejemplo, la India queda autorizada a seguir subvencionando la agricultura y los alimentos más básicos.

A los países que sobrepasen el nivel autorizado de primas se les concede hacerlo mientras no se encuentre "una solución permanente" al problema de que se trate. Esta amnistía durará cuatro años. Los países en vías de desarrollo también podrán acumular stocks de productos de consumo básicos, si se comprometen a no desviarlos a la exportación. Queda además establecido que los acuerdos solo pueden alcanzarse por consenso.

Con todo, la principal limitación al comercio de productos de consumo entre países en desarrollo y las economías avanzadas no son las tarifas: son la ausencia de medios de transporte adecuados. En África no es posible pensar en el comercio terrestre a larga distancia de bienes perecederos, por falta de redes de frio. El transporte por ferrocarril en ese continente depende de pocas vías transfronterizas y de pocos puertos con capacidad suficiente. El grueso de las vías férreas se usa para el transporte de materias primas. Lo mismo puede decirse de la mayor parte de Asia.

Pero no sólo el comercio depende de los transportes. La reversa también es cierta. El comisario de Comercio de la Unión Europea, Karel de Gucht, declaró a la BBC, comentando el acuerdo de Bali, que "si las naciones más pobres tuviesen mayor capacidad comercial, el resultado sería más inversiones en logística e infraestructura". Este enfoque pone la carga de la prueba en los países en vías de desarrollo, sumidos en todo tipo de problemas sociales y económicos, o simplemente de naturaleza ideológica

Excepciones y necesidad de consenso

El acuerdo de Bali es un triunfo personal de Azevedo, y en cierta manera también de Brasil como país de referencia en el comercio mundial, y por su actual papel de potencia que hace veinte o treinta años logró salir de la lista de "países en vías de desarrollo". Azevedo se precia de que el acuerdo de Bali "es un escalón más hacia la consecución de la Ronda Doha", y servirá de "hoja de ruta" para lograr su culminación.

El acuerdo fue difícil de alcanzar, como refleja el hecho de que la conferencia estaba prevista para tres días y duró cuatro. Estados Unidos, que mantiene importantes subsidios para su producción agrícola, discutió intensamente la política india de acumular stocks so pretexto de asegurar el abastecimiento de bienes básicos, en contravención de las reglas de la OMC.

A su vez, la India comparó favorablemente el nivel de protección de su agricultura con el de Europa y Estados Unidos. Mientras el país asiático la subsidia con $15.500 millones, Europa lo hace por $60.000 millones y Estados Unidos la suya por $75.000 millones. Lo que es más, de los 825 millones de indios que se benefician de subsidios a la agricultura, 400 millones viven en la extrema pobreza. El gobierno alega hallarse en la obligación de subvencionar los alimentos con  el equivalente de €0,025 por kilo. India dejó entender, por medio del gabinete del primer ministro Monmohan Singh, que no habría acuerdo sobre el levantamiento de las barreras administrativas y técnicas al comercio si no se concedía lo exigido en nombre de un grupo de 35 países en posición más o menos similar.

El acuerdo de Bali saca a Doha del congelador. La liberalización del comercio mundial es una de las más tediosas tareas que se ven obligados a asumir los líderes mundiales, ya que deben tomar en consideración los intereses materiales de 1os 160 países que pertenecen a la OMC (Yemen se incorporó en Bali). No es fácil para grandes bloques económicos como Estados Unidos y la Unión Europea mirar por sus intereses mutuos cuidándose al mismo tiempo de no perjudicar tal o cual interés vital de un país o grupos de países en el África subsahariana o una isla del Caribe. Estas desproporciones alientan el espíritu contestatario de algunos grupos. En Bali fue notable el frente formado por Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua frente a ciertas políticas, calificadas por ellos de  proteccionistas, de los Estados Unidos, al tiempo que Washington pide a Latinoamérica tratados de libre comercio.

Esas dificultades se reflejan en el lento desarrollo de los intentos de liberalizar y mejorar el comercio mundial Con esa pretensión nació el Acuerdo General de Comercio y Tarifas (GATT, 1948), que no tuvo avance importante hacia la mundialización del comercio, a la cual se respondió con la llamada Ronda Uruguay (1986-94), que se mantuvo bajo la influencia de cuatro potencias industriales: Estados Unidos, la Unión Europea, Japón y Canadá. La emergencia de nuevas grandes potencias (China, Rusia, India, Brasil) como agentes de primer orden del comercio mundial obligó a revisar, bajo el principio de la negociación, las reglas del comercio y su ampliación.

Doha tiene por misión la creación de reglas comunes para agricultura, industria y servicios. Sólo en 2008 fue posible acordar el borrador para un acuerdo global. Parte de este acuerdo se ha logrado, de la forma limitada descrita más arriba, en Bali

Es dudoso que la expansión del comercio mundial pueda mantenerse en el estrecho margen logrado en aquella isla indonesia. Prueba de ello es que las delegaciones de 12 de los países del Pacífico más desarrollados se trasladaron a continuación a Singapur, para avanzar en su Asociación Transpacífica. Entretanto, la UE y los Estados Unidos están dando los primeros pasos para su unión de libre comercio, con efecto sobre todas las esferas de la actividad económica.

 

sábado, 7 de diciembre de 2013

El Gobierno ucraniano en busca desesperada de ayuda


Cerca de la bancarrota y con una revuelta popular en marcha, mira a Pekín, Moscú y Bruselas

Publicado el jueves 5 de diciembre de 2013 en capitalmadrid.com

Antonio Sánchez-Gijón.– Ucrania se ha embarcado en una carrera desesperada para evitar la bancarrota. El gobierno está financieramente asediado por el Fondo Monetario Internacional, políticamente por Rusia y diplomáticamente por la Unión Europea. También debe defenderse de un movimiento popular interior. Ahora se dispone a pedir socorro fuera de Europa: a China.

Tres misiones de alto nivel han partido para Bruselas, Moscú y Pekín. La que viaja a la última capital es la de más alto nivel: la encabeza el propio presidente Viktor Yanukovich. Su objetivo es obtener créditos-puente ($3.000 millones según Bloomberg)  que le permitan afrontar vencimientos con el FMI. En Pekín espera obtener inversiones para un vasto plan de irrigación, de entre 1.200.000 y 1.400.000 hectáreas. China es uno de los principales importadores de bienes agrícolas ucranianos.

Otra misión ha ido a Bruselas: la preside el viceprimer ministro Sergei Arbuzov, y trata de rescatar el tratado de asociación que el parlamento ucraniano tumbó por pocos votos la pasada semana, y del que el gobierno no puede abjurar debido a la enorme presión de las manifestaciones populares pro-europeas que en Kiev han mantenido cercado el parlamento y sedes gubernamentales, así como en otras ciudades.

La tercera misión, encabezada por el viceministro de Exteriores, fue a Moscú, a preparar la visita a final de esta semana de Yanukóvich, después de regresar de Pekín. Ucrania alega haber perdido $6.500 millones debido a las restricciones impuestas por Rusia a su comercio, en castigo por su propósito de firmar el tratado de asociación con la Unión.

Por un acuerdo de 2010 el FMI extendió a Kiev un crédito de $15.000 millones. Este crédito fue suspendido cuando el gobierno se negó a seguir la recomendación de que se subieran los precios internos de la energía (más sobre este asunto, unos párrafos más abajo). El primer ministro Mykola Azarov denunció el pasado lunes las condiciones de los créditos del Fondo por "anticuados y obsoletos". También sugirió que si los mayores países de la Unión Europea quisieran, el FMI prestaría el dinero que Ucrania necesita.  Los vencimientos de la deuda nacional para este año alcanzan, según Fitch, los $8.200 millones, que Ucrania tendrá muy difícil negociar.

A un lado Asia, al otro Europa

Durante muchos meses Kiev ha vivido bajo la ilusión de que podría contemporizar con Europa y con Rusia, haciendo compatibles de alguna forma su asociación con la UE y su pertenencia a la Unión Aduanera formada por Rusia, Bielorrusia y Kazakistán. Bruselas se opone terminantemente a esta ambivalencia.

Sin embargo, un cierto grado de necesaria ambivalencia está inscrito en la partida de nacimiento de Ucrania. Habiendo pertenecido históricamente gran parte de su territorio al reino de Polonia, su capital, Kiev, es considerada a su vez la cuna de la dinastía que creó el gran reino de Moscú y el imperio ruso. Los ucranianos del oeste se inclinan decididamente por Europa, y los del este hacia Rusia. En el este se asientan las grandes industrias, las cuales, después de su desestatalización, se hallan en manos de grupos de intereses (oligarcas), que dan apoyo político a Yanukóvich. El presidente procede de Donetsk, en el corazón industrial de Ucrania. y gobierna con el respaldo de sólo tres grandes grupos industriales, que ejercen su influencia a través de los intereses que les gestiona su hijo Oleksandr.

El grueso de las exportaciones de Ucrania a Rusia son bienes de alto valor añadido. Las exportaciones totales al gran vecino del este alcanzaron en 2012 los $17.000 millones, o 25% del total exportado por Ucrania; otro 10% va a países del antiguo bloque soviético, hoy bajo la égida de Rusia. Y otros $17.000 millones a Europa.

Las posiciones de poder de los oligarcas suelen enmascararse tras un aparato ideológico. Según sus doctrinas, Ucrania, Bielorrusia y Rusia, naciones europeas, deberían hacer de puente entre Europa y el vasto interior de Asia, enlazando con Kazakistán, que ya pertenece a la Unión Aduanera. Este atractivo programa adolece de un defecto: la incompatibilidad de las estructuras e instituciones de los dos bloques, donde las ideas sobre libertades políticas y el lugar de la justicia están a años luz unas de otras. El poder judicial ucraniano se halla sujeto al refrendo de sus decisiones por el fiscal general del estado.

Para salir del laberinto geopolítico, el gobierno y su partido sugieren que Europa, Rusia y Ucrania se sienten, traten de conciliar sus diferencias y ayuden a Kiev a asociarse de alguna forma a las dos esferas. Inquieto por el futuro del plan ruso para Ucrania,  el ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, llamó ayer miércoles a todas las partes a solucionar el conflicto político por el diálogo.

El viernes de la pasada semana la canciller Angela Merkel tendió su mano a Yanukóvich: "En relación con la invitación que extendimos a Ucrania..., la invitación se sostiene". Este tono conciliador contrasta con el tono duro de la misión de la Unión que negoció la asociación de Ucrania, cuando supo del rechazo parlamentario al acuerdo.

Comprensivo hacia Ucrania se mostró también el presidente del parlamento europeo, Martin Shultz, quien dijo que, aparte de que entre los europeos no es popular la ayuda a estados en crisis económica, "si uno mira a las propuestas de Moscú, (vemos) que ofrecen ayuda a corto plazo que los europeos no quieren ni pueden prestar".

Anders Aslund, del Peterson Institute, que presidió una comisión presidencial independiente para un programa de reformas (2010) después de que Yanukovich tomara posesión, deplora por un lado el fracaso de las reformas pero por otro observa el gran interés por Ucrania mostrado por gran número de gestores de fondos con los que él ha tenido la oportunidad de reunirse.
Momentos definitorios

La querella del gobierno con el FMI gira en torno a varios frentes: 1) el precio del gas para consumo doméstico, 2) la política fiscal, 3) la tasa de cambio y 4) la reforma institucional. Aslund opina que el gobierno ha fallado en la implementación de las cuatro.

La cuestión del gas es la clave de la vara alta de Rusia sobre Kiev. Ucrania paga el gas que importa de Rusia a $400/1.000m3, pero el gas de producción nacional a sólo $53/1.000m3. Además, el consumo de gas está subsidiado con precios bajos, por lo que el del importado refleja un subsidio a favor de Rusia, al tiempo que el precio del pagado al ucraniano explica el subdesarrollo de las fuentes propias de energía.

A la nueva ley de hacienda se la acusa de haber provocado el cierre de un millón de pequeños negocios, mientras los grandes quedaron libres para exportar su capital a Chipre. Los subsidios sociales, obligatorios so pena de una explosión popular violenta, y el alto nivel de cotización de la moneda nacional han forzado la elevación de las tasas de interés de las cajas a casi el 20% en depósitos a un año. El déficit previsto para este año supera el 8% del PIB.

A primeras horas de la tarde de este miércoles, los apuros del gobierno se agravaron: tres ex-presidentes, Leonid Kravchuk, Leonid Kuchma y Viktor Yuschenko expresaron en un comunicado conjunto su apoyo a las protestas populares y pidieron al gobierno el no uso de la fuerza.

Podemos concluir que Ucrania ha alcanzado un momento definitorio. Sin embargo, las alternativas son tan opuestas, que no debiera extrañarnos que acabara por no definirse. Y después, arrastrar las consecuencias.

 

Pendientes de una revisión a fondo de la seguridad europea


La actual política data de 2003, cuando la UE tenía quince miembros

Publicado el lunes 2 de diciembre de 2013 en capitalmadrid.com

Antonio Sánchez-Gijón.– Por primera vez después de muchos años el Consejo Europeo del 19 y 20 de diciembre se ocupará de la política exterior y de defensa de la Unión, y probablemente aprobará una directiva de seguridad que reemplace la actualmente vigente, que data de 2003. Esa nueva directiva se propone renovar la Estrategia Europea de Seguridad (EES). En aquel año Europa estaba pletórica de optimismo y recursos. En 2013 se halla confusa sobre qué orientación estratégica debe adoptar, y sumida en una crisis de capitales, inversiones y desempleo.

La debilidad (relativa) de Europa quedó en evidencia hace pocos días. En Vilna, Lituania, de seis países invitados a entrar en el llamado Partenariado del Este, sólo dos (Moldavia y Georgia) confirmaron su vocación europeísta y firmaron convenios de asociación. Los otros cuatro, Armenia, Ucrania, Bielorrusia y Azerbayán, no lo hicieron, cediendo a presiones rusas y en parte también debido a una revisión de sus intereses, a la vista de la poca capacidad de la Unión para ayudarles en sus difíciles tránsitos desde unas economías poco liberalizadas e infradesarrolladas, a otras abiertas y más avanzadas.

Esas presiones rusas, que fueron  tomadas con paciencia y algo de tolerancia por los países de la eurozona, fueron rechazadas "con indignación" por el llamado Grupo Visegrad (Polonia, República Checa, Hungría y Eslovaquia), que vivieron hasta finales de los 80s en la órbita soviética.

Todo sugiere que Europa debería "calzarse las botas". Los Estados Unidos retiraron en 2013 su último tanque destacado en suelo continental. En las maniobras celebradas el pasado noviembre (Steadfast Jazz) en Europa nororiental, en que participaron 6.000 efectivos, sólo 250 eran norteamericanos. Rusia se interesa por que los países de su antigua esfera (la Unión Soviética y "satélites") no la olviden: el pasado día 21, mientras el ministro de Exteriores Sergei Lavrov se entrevistaba con su colega letón, aviones rusos sobrevolaban el espacio aéreo lituano en incursión no autorizada. En noviembre el presidente Putin anunció que Rusia se proponía reabrir una base militar en el Ártico, y hace planes para establecer una fuerza combinada permanente en ese océano. En Europa, sólo Noruega, que no pertenece a la UE, tiene una presencia militar en aquellos confines.

Ocasión y necesidad

La política de seguridad y defensa de la Unión debería recibir un nuevo impulso de tres instituciones cuyos mandatos se renovarán en 2014: el parlamento europeo, la Comisión y el Alto Comisionado para la Política Exterior y de Seguridad. Las tres necesitan tomar nota del drástico cambio en el equilibrio estratégico mundial, de resultas de la emergencia de nuevas potencias económicas y militares (China, India, etc.), las crisis del sur del Mediterráneo y Oriente Medio, y la restauración del poder militar de Rusia.

Las grandes líneas que se propone la nueva directiva apuntan a 1) aumentar la eficacia operativa de las fuerzas armadas nacionales, mejorando su capacidad conjunta, con vista a la prevención de crisis y gestión de recursos, 2) la puesta en común e intercambio de los medios de cada estado miembro, como principio de la planificación nacional, y achicar las carencias reconocidas de recursos, y 3) lograr una mayor integración de la industria de la defensa y sus mercados, así como intensificar la investigación y el desarrollo de sistemas comunes.

Es poco probable que el Consejo de diciembre clarifique con detalle lo que se dice en la breve alusión que el "documento EES" dedica a los fines estratégicos de la Unión. Esto no interesa demasiado a Reino Unido, Francia y Alemania.

El primero y el segundo poseen sistemas relativamente maduros y autosuficientes de defensa. Londres considera fundamental la independencia de su política de seguridad frente a Bruselas, en paralelo con el amplio margen de autonomía que se reserva en economía e inmigración. Tiene predilección por sus vínculos con Estados Unidos en materia de inteligencia e industrias militares.

Francia se halla siempre dispuesta a contribuir a gran parte de lo contemplado por la EES, y desea fuerzas europeas más integradas y operativas para su empleo en un abanico de misiones que París asume frecuentemente en solitario. En sus programas de equipamiento militar da prioridad a los acuerdos intraeuropeos.

Alemania posee capacidades importantes, pero no las considera el instrumento más conveniente para las relaciones internacionales de la Unión. Le viene bien la política del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de restringir misiones militares a las que Rusia o China se oponen. Ni siquiera la operación europea de Libia en 2011 fue considerada por Berlín suficientemente justificada, a pesar de que fue aprobada por la ONU.

Los tres, sin embargo, tienen un interés compartido: defender y mejorar sus respectivas posiciones de dominio dentro de un sector industrial que da empleo directo a 400.000 personas e indirecto a 900.000 en toda Europa. La industria militar europea lucha por mantenerse y crecer, a pesar de que en conjunto los países de la Unión han reducido drásticamente sus presupuestos de defensa: si en 2001 sumaban €251.000 millones, en 2013 descendieron a €194.000 millones para sus fines de seguridad. La carga de la defensa europea está desigualmente distribuida: mientras el Reino Unido invierte casi el 3% de su PIB, Francia el 2,7% y Suecia el 2,5%, Alemania gasta el 1,5% y España el 0,8% (Ian Bond, Center for European Reform).

De quince a veintiocho miembros de la Unión

Un documento del European Council on Foreign Relations (Why Europe needs a new Global Strategy) señala las áreas en que la cooperación europea en materia de defensa podría progresar, a un costo relativamente modesto: cada país debería ofrecer a los otros el conocimiento adelantado de sus planes defensivos, en orden a localizar duplicidades y descubrir vías de cooperación, del mismo modo que dentro de la eurozona cada uno expone a los otros sus proyectos de presupuestos.

El mencionado estudio señala el ahorro potencial de cientos de millones de euros si hubiera una gestión común de la seguridad aérea. En relación con esto último se halla la propuesta de que Europa desarrolle de modo conjunto sistemas de aviación no tripulada. Esta iniciativa es una de las que más respaldo encuentran.

De inmensa importancia estratégica es la presencia europea en el Ártico, para tener acceso a unos recursos que Rusia ve como pertenecientes a su área de influencia.

La Europa de 2003 tenía quince miembros. La de 2013 tiene 28. La de entonces miraba al Atlántico y se proyectaba sobre el Mediterráneo. La de hoy encuentra una oposición cerrada al Este, mientras que África y Oriente Medio se hallan sumidos en movimientos agitados, sobre los que Europa no tiene control. En los mayores países europeos hay un intenso debate en torno a las nuevas estrategias que Europa debería examinar. El debate en España es pobre, y prácticamente sin transcendencia pública. Pero quede esta última cuestión para otro día.

 

Una misteriosa valija provoca un incidente diplomático


El pleito de Gibraltar no necesita insinuaciones del uso de la fuerza sino Derecho Internacional
Publicado el jueves 28 de noviembre de 2013 en capitalmadrid.com
Antonio Sánchez-Gijón.– ¿Tiene derecho el gobierno de Gibraltar a mantener relaciones diplomáticas con el Reino de España? Y si tiene derecho, ¿deben estar sus comunicaciones diplomáticas con Madrid cubiertas por la convención internacional sobre relaciones diplomáticas entre estados? En opinión del Ejecutivo gibraltareño y del Foreign and Commonwealth Office (FCO), sí.

Eso es lo que se deduce (con una lógica algo retorcida, lo reconozco) de las reacciones tanto en Londres como en el Peñón a la retención e inspección de lo que parecía una valija procedente de Gibraltar por un agente de la Guardia Civil en el puesto fronterizo entre la colonia y La Línea. El portador de la valija iba a tomar un vuelo en Sevilla. No se ha informado nada sobre el destino del vuelo: ¿Londres? ¿Madrid? Tampoco se ha dicho nada sobre el contenido de la valija, pero por las reacciones británicas su contenido debe ser de naturaleza oficial.

El incidente tuvo lugar el viernes 22 de noviembre. El FCO emitió un comunicado denunciándolo como "una grave transgresión" de las convenciones diplomáticas. "Nos tomamos muy en serio cualquier información sobre abusos del protocolo en torno a una valija diplomática... En lo que nos concierne, no hay justificación posible para esta infracción... Las valijas diplomáticas son inviolables". La embajada británica en Madrid, además, presentó una nota verbal de protesta. La oficina del primer ministro fue aún más rotunda: "Es clave que el gobierno español comprenda que este tipo de acciones es inaceptable, y tiene que desistir".

Si esas informaciones, recogidas del Gibraltar Chronicle, son ciertas, no hay nada que deba ser tomado muy en serio en este incidente. El GC se precia de haber alertado a Londres de la supuesta transgresión. Por tanto, cabe la pregunta: ¿estaba tan dormido el FCO que no atendió el probable mensaje de socorro de su correo al ser inspeccionado su vehículo por un guardia civil? ¿O no hubo tal mensaje? El periódico, muy sagazmente, se pregunta "¿por qué la valija era transportada a través de una frontera terrestre?"

 El ministro español de Exteriores, José Manuel García-Margallo, desmintió a todos: "no se trata de una valija diplomática", declaró el pasado lunes.

El Chronicle se muestra misterioso en torno al contenido y el origen de la valija. Sólo insinúa que se trata de correspondencia entre "un gobierno y sus entidades diplomáticas, consulares u oficiales". El ministerio de Exteriores español ha dado a entender que se trataba de correspondencia del gobernador de Gibraltar destinada a Londres. O sea, que es correspondencia interna entre ramas administrativas de un mismo gobierno soberano, y por lo tanto no diplomática. ¿O es que Londres considera las comunicaciones del gobernador nombrado por su reina las propias de un jefe de estado? ¿Es Gibraltar ya independiente? Misterio, misterio.

Más intrigante resulta cómo es posible que un servicio exterior tan experimentado como el británico confíe su correspondencia oficial a un agente que debe pasar por el territorio de su antagonista (sólo en la cuestión de la soberanía, claro). Y además en tiempos de tensión; y a través de una frontera entornada, con largas esperas para todo el mundo, y la obligación de someterse a inspección y aguardar al "pase Vd." Es decir, que el FCO asume que su valiosa correspondencia diplomática puede correr los mismos azares que los cien cartones de Marlboro de un matutero. Extraño, extraño.

Prohibida la invocación al uso de la fuerza

Igual de intrigante es si hubo o no hubo amenaza del uso de la fuerza por la "marina" gibraltareña o la Royal Navy contra barcos españoles. La noticia que lo sugiere la dio la pasada semana la agencia Europa Press, atribuyéndola al ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, quien se apresuró a salir al paso: lo dicho por esa agencia y otros medios - declaró -  es una alteración del significado y la intención de lo que realmente dije. ¿Y qué dijo? Según el GC, "(los barcos españoles) podrían encontrarse con que les disparan si no pueden ser identificados como navíos pertenecientes a un país amigo", en el caso de que, persiguiendo una nave con contrabando, y sin haber dado aviso previo, naveguen de espaldas al sol y se topen con barcos que van a aprovisionar a otros buques británicos o norteamericanos.

Cabe una pregunta: ¿cuándo fue la última vez que en Europa se escuchó la insinuación del uso de la fuerza contra el navío de un país amigo y aliado? Este articulista no la recuerda.

El derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas son muy restrictivos en materia de legítima defensa. Por eso el Reino Unido no puede tratar una incursión de una patrullera de la Guardia Civil en aguas que aquél considera de su soberanía, y disputadas por España, para alegar el uso de la fuerza. Ni circunstancias de "fuerza mayor", o "legítima defensa", o "estado de necesidad" o "peligro extremo", que son excepciones legales al principio de no uso de la fuerza, pueden ser alegadas sin causar hilaridad, en respuesta a una acción aduanera de la Guardia Civil o de protección del medio ambiente por un buque oceanográfico español. De ahí el inverosímil escenario pintado por Fabián Picardo para justificar un uso de la fuerza que, si llegara a producirse, se haría pasar como "accidente". Fue precisamente la visita de un buque oceanográfico español a la zona donde el gobierno gibraltareño hundió bloques de cemento para, supuestamente, defender el medio ambiente, lo que provocó las ardorosas declaraciones en el Peñón y en Londres.

Pero por si acaso, el Reino Unido dice estar preparado para cualquier eventualidad. Es lo que aseguró el ministro del Foreign Office, Mark Simmonds, en los Comunes, al ser preguntado por algunos MPs irritados por la actuación de España: "No hemos retirado nada de encima de la mesa. Revisamos constantemente la presencia naval en y alrededor de Gibraltar, y por supuesto lo estamos haciendo en estos momentos". Cada incursión, añadió, es desafiada por la Royal Navy porque bajo la convención de la ONU para el Derecho Marítimo las aguas en torno al Peñón son "indiscutiblemente" británicas, y sólo el Reino Unido puede ejercer jurisdicción sobre ellas.

El lugar del derecho internacional

Esta cuestión es muy litigiosa. Si el derecho internacional sigue dando validez a los tratados entre estados, entonces el Reino Unido, en razón del de Utrecht, no tiene más soberanía que la de las aguas del puerto de Gibraltar, y por las convenciones internacionales más Utrecht el derecho de entrada y salida de ese puerto. El derecho del mar reconoce también ciertas esferas  jurisdiccionales particulares, como algo distinto de la soberanía, en lo concerniente a la conservación del medio ambiente y los recursos naturales, que es lo que reivindica España en todo el entorno marítimo de Gibraltar, es decir, en la Bahía de Algeciras y las aguas al este del Peñón, aparte del no reconocimiento de aguas territoriales británicas, según establece Utrecht.

España y el Reino Unido no se han puesto de acuerdo sobre la separación de jurisdicciones sobre las aguas, y esto es materia que reclama su tratamiento por instituciones jurídicas internacionales. Las cuales, por cierto, de modo creciente realizan una interpretación "situacional" de un determinado conflicto, esto es, atendiendo a sus características singulares o extraordinarias. La delimitación de aguas respecto de terceros estados "depende del derecho internacional", según afirma la Corte Internacional de Justicia, (Recueil' 1951, p. 132).

La ley española de Mar Territorial, de 4 de enero de 1977, reconocía en su preámbulo que en el ordenamiento legal español no se precisa "qué ha de entenderse por mar territorial español". En su lugar se usan términos como "aguas jurisdiccionales", "zona marítima española", "aguas españolas, "mar litoral español", etc. (González Campos, Sánchez Rodríguez, P. A. Sáenz de Santamaría, p. 645), lo que quizás debiera invitar a una sistematización del derecho marítimo español, a la altura de este derecho internacional especial.

En todo caso, España no reconoce jurisdicción alguna de Gibraltar más allá del tratado. En la antes mencionada ley se declara que "El presente texto legal no puede ser interpretado como reconocimiento de cualesquiera derechos o situaciones relativos a los espacios marítimos de Gibraltar, que no estén comprendidos en el artículo 10 del Tratado de Utrecht de 13 de julio de 1713, entre las coronas de España y Gran Bretaña".

En resumen de todo lo dicho: fuera los misterios, fuera las insinuaciones del uso de la fuerza, y dentro el derecho. Después, la política entre "amigos y aliados".

 

 

Llega la hora de Irán, pasa la de los árabes


El acuerdo de Ginebra rediseña el mapa de Oriente Medio
Publicado el lunes 25 de noviembre de 2013 en capitalmadrid.com
Antonio Sánchez-Gijón.– El acuerdo de Ginebra, de la madrugada del domingo, para abrir negociaciones sobre el futuro del programa nuclear iraní, debe entenderse a la luz del fracaso del mundo árabe en sacar provecho social, político y económico de la serie de revoluciones nacionales en Túnez, Egipto, Libia y Siria, que les hubiesen permitido ser agentes activos en favor de la estabilidad y el desarrollo en sus respectivas áreas geopolíticas. El conjunto del mundo árabe no es un socio confiable de las grandes potencias occidentales, y ni siquiera tiene mucho que ofrecer a Rusia.

Actualmente esas naciones se hallan sumidas o en procesos regresivos como Egipto, en guerra civil como Siria, en el caos como Libia, o en la inoperancia del régimen constitucional como Túnez. Cerca de este vasto arco del mundo musulmán, lo más aproximado a un régimen estable, con firme control sobre sus recursos y razonable funcionamiento de sus instituciones, además de un poder militar temible, es Irán, rodeado a su vez de estados árabes inseguros, y menores en términos demográficos, económicos y militares. Irán es una realidad demasiado abultada como para que se pueda pensar en estabilizar la parte del mundo en que se halla con su oposición.

Desde un punto de vista constitucional, el de Irán es un régimen más consistente que el de la mayoría de los regímenes árabes. Sus políticas interna y exterior se realizan normalmente con un alto grado de consenso entre las fuerzas políticas que cuentan. El régimen de sanciones ha perjudicado tan seriamente la economía, que se empezaban a notar desacuerdos dentro de la línea dura en torno al costo a pagar por el programa nuclear. El ‘líder supremo', Alí Jamenei, decidió la cuestión al respaldar al presidente y el equipo negociador de Exteriores, como "hijos de la revolución".

Para valorar bien lo que significa el acuerdo en términos de equilibrio de poder interno se debe tener en cuenta que el cuerpo militar Guardianes de la Revolución goza de una implantación en la industria y el comercio iraníes que le suponen $100.000 millones de ingresos anuales. Cualquier rediseño de los esquemas de seguridad de Irán, el Golfo Pérsico y la región del Cáucaso afectará profundamente a la posición de los GR en el equilibrio político.

Garantías necesarias de las grandes potencias

Un presidente Obama, realista hasta la médula y obsesionado por una difícil agenda política interna, busca un pacto con Irán que le permita sobrellevar con menor costo el compromiso histórico de Estados Unidos con la seguridad del Golfo Pérsico y Oriente Medio, ofreciendo a Teherán un pacto tácito que asegure la estabilidad del régimen a cambio de un sistema de equilibrio entre Irán por un lado y Arabia Saudí, Kuwait, etc., por otro, bajo un programa de seguridad pactado con otras grandes potencias, sobre todo Rusia y también la Unión Europea, y a ser posible garantizado por éstas mismas.

Este nuevo equilibrio es necesario si no se quiere que los países del Golfo se embarquen en su propia carrera nuclear. Recientemente ha habido intimaciones procedentes de Arabia Saudí en el sentido de desarrollar una industria nuclear con la ayuda de Pakistán. Islamabad ya ayudó a crear el incipiente programa nuclear del libio Gadafi, que éste desmanteló en 2003 bajo intensa presión occidental a cambio de su rehabilitación internacional; ocasión desaprovechada por él mismo, como es sabido.

Desde el lado del régimen iraní, el cálculo sobre el costo y la utilidad del arma nuclear ha cambiado sustancialmente. Por un lado están los grandes recursos económicos: aplicados directamente al desarrollo de su programa nuclear, y los indirectos causados por las sanciones económicas consecuencia de ese programa. El año 2012-2013 del calendario iraní registró un descenso del 5,4% del PIB y la inflación alcanzó el 44%. El aumento de precios fue más grave en el caso de productos alimenticios básicos. Las finanzas públicas están sobrecargadas de compromisos para sostener bajos los precios de los alimentos y de obligaciones de subsidios monetarios directos a las familias.

Pero por otro lado está un cálculo militar más realista que el que hizo que Irán, en su día, aspirara al arma nuclear: es inútil amenazar a Israel con la destrucción, como hizo el anterior presidente, Mahmud Amadinejad,  si no puedes disuadir a Estados Unidos de que ejerza las represalias, desde el momento y hora en que los Estados Unidos no estarán nunca al alcance de los misiles iraníes.

Futuras agendas geopolíticas

Es evidente que en el texto del acuerdo de Ginebra no hay nada escrito sobre ese hipotético nuevo mapa geopolítico. Pero éste sí será parte del contenido de las agendas políticas y diplomáticas, paralelas a las negociaciones técnicas sobre la cuestión nuclear, que llevarán en foros distintos las grandes potencias más la Unión Europea. Pero reseñemos el acuerdo de Ginebra.

Es un acuerdo provisional, y durará seis meses. En esos meses se negociará la puesta de todo el programa nuclear bajo el control del supervisor de la ONU contra la proliferación nuclear, e Irán contraerá compromisos definitivos de limitación de sus programas. Como prenda de buena voluntad negociadora, los Estados Unidos y la UE liberarán $7.000 millones de recursos iraníes retenidos por los gobiernos y las instituciones financieras, y en ese plazo no se impondrán nuevas sanciones, Irán podrá reemprender la exportación de energía, pero todavía bajo el régimen de sanción.

Teherán conservará la facultad de enriquecer uranio bajo estrictas medidas y límites. Una vez terminado el plazo, no se liberarán nuevos recursos si Teherán no ha puesto bajo control internacional todos sus recursos nucleares. La insistencia de Irán en conservar el derecho al enriquecimiento de uranio ni ha sido rechazada ahora (Francia insistía en la renuncia) ni se le ha prometido para el futuro (los Estados Unidos lo han dejado en la ambigüedad). Irán alega que el Tratado de No Proliferación Nuclear declara el "inalienable derecho" al uso pacífico de la energía nuclear.

Los iraníes se comprometen a dejar entrar en sus dos principales centros nucleares (Natanz y Fordo) los inspectores del Organismo Internacional de la Energía Atómica, para una inspección permanente al objeto de comprobar que el uranio del que dispone no se procesa a un índice superior al 5%; el stock de uranio enriquecido por encima de este índice será transformado en materia inerte; la mitad de las 18.000 centrifugadoras de que dispone el país se pararán; el reactor de agua pesada de Arak no recibirá nuevo equipamiento ni materia prima para la producción de plutonio (otro explosivo nuclear); al final del semestre, no conservará más que siete toneladas de uranio de bajo enriquecimiento, aunque provisionalmente podrá aumentar el stock a 8tn. El régimen de inspecciones, sin embargo, no será tan exhaustivo como el que la OIEA exigía en principio.

Como era de suponer, el acuerdo ha sido recibido con rechazo por Israel. El gabinete del primer ministro denunció que Ginebra permite a Irán enriquecer uranio, le deja al control de sus centrifugadoras y no desmantela el reactor de Arak. El ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, insinuó que Israel se vería obligado a buscar otros aliados distintos que los Estados Unidos, y "asumir responsabilidades sin tener en cuenta la posición americana".

No es fácil imaginar a qué potenciales aliados puede referirse Lieberman.  La estrategia militar no permite concebir otro que ofrezca mayores garantías que los Estados Unidos. Israel se encuentra bajo la amenaza potencial de los misiles que Irán ya posee; el Sajjil-2 tiene 2.000 km. de alcance. Aunque los israelís han denunciado un supuesto programa iraní de fabricación de un misil balístico intercontinental, capaz de alcanzar los Estados Unidos, las características de uso de estas armas es tal que cualquier decisión de usarla deja el tiempo suficiente para que una superpotencia como los Estados Unidos supriman casi instantáneamente el intento.

Como conclusión, se puede afirmar que Israel y los países árabes, no menos que el mismo Irán, deberán reajustar sus políticas internacionales a las realidades que pueden abrirse de resultas del acuerdo de Ginebra. Entre otras cosas porque el acuerdo indica que la política de independencia estratégica de Irán ha fracasado.

 

Egipto bajo la dictadura y Libia en el caos


RIP para el diálogo euro-mediterráneo

Publicado el jueves 21 de noviembre de 2013 en capitalmadrid.com

Antonio Sánchez-Gijón.– Cuando el norte de África, desde Túnez a Siria, fue barrida por los vientos de cambio contra unos dictadores caracterizados por diferentes  grados de brutalidad y cerrazón, en los países de la Europa del sur corrió la esperanza de que, con un poco de suerte, las naciones del Mediterráneo meridional, bajo regímenes económicos y políticos más liberales, podrían convertirse en los socios comerciales y políticos tantas veces convocados por el llamado Dialogo Mediterráneo de la Unión Europea, que según se esperaba iba a dar profundidad y mercados a la eurozona, bajo la garantía de unas nuevas democracias y el estado de derecho.

Al contrario que los países del centro de Europa, que no tienen más que mirar a sus cuatro puntos cardinales para encontrar mercados, socios, inversiones y negocios, los del sur de Europa no podían sino dirigirse al norte europeo para lo principal de sus transacciones, y secundaria y transversalmente mirarse los unos a los otros para promover una parte bastante menor de sus intercambios. Con un poco de libre mercado, se vaticinaba hace tres o cuatro años, más inversiones e intercambios comerciales el Mediterráneo se convertirá en un floreciente polo de desarrollo que irá integrando las dos riberas. No pudo ser.

Ningún lugar encarna mejor esta frustración que Libia. Este país guardaba con Europa una relación de importancia estratégica para su seguridad energética, sobre todo para la de Italia. Los libios derribaron a su dictador Gadafi con la ayuda, costosa en dineros y armamento, de las potencias europeas más algunas del Golfo de Arabia. Pronto se comprobaría que Libia no iba salir mejor parada de su revolución interna que Egipto y Túnez de las suyas. Pero eso sí, a su manera anárquica y divisiva. Mientras Egipto vive estable bajo una dictadura y Túnez bajo una democracia inestable, Libia sobrevive en un caos político, sin dictadura ni democracia, y pendiendo para no morirse de hambre de sus reservas financieras, aún importantes, y de su industria energética, en un rápido deterioro, aunque éste todavía no es irreversible.

Caída en picado de la producción de petróleo

Libia logró, después de la revolución, mantener durante año y medio la producción de petróleo al ritmo de 1,5 millones b/d, hasta que en los primeros meses de este año la inestabilidad política se aceleró y las milicias encargadas por el gobierno para guardar las instalaciones comenzaron a bloquearlas para arrancarle ventajas políticas y económicas a su pagador. A mediados de noviembre la extracción de petróleo había descendido a 100.000 b/d. De las nueve terminales marítimas, sólo dos siguieron abiertas. El bloqueo se transmitió enseguida al consumo, generando escasez de combustible y cortes de electricidad.

Aunque existen una asamblea legislativa nacional y un gobierno en funciones, ambos llevan casi dos años tratando de dar al país los instrumentos necesarios para la paz, tales como una policía nacional, un ejército y un sistema judicial. Entretanto, el país sigue sujeto a la incierta y fluctuante dictadura de milicias partidistas o de obediencia tribal, las cuales representan un desafío que el gobierno no está en condiciones de neutralizar. Bajo este cuadro de difusa anarquía se lee la tensión estructural entre las dos principales ciudades, Trípoli al oeste y Bengazi al este, replicando los celos y recelos entre la Tripolitania y la Cirenaica históricas. En medio, la ciudad de Misurata, que aunque pertenece a la Tripolitania, es un obstinado foco semisedicioso dispuesto a cobrarse el precio de haber sido la ciudad más castigada por el coronel Gadafi en su guerra contra los rebeldes.

Con todo, el costo en sangre de la situación libia no es comparable con las sucesivas oleadas de violencia callejera y represión metódica de los militares egipcios, que han dejado muchos centenares de muertos antes, en y después de la dictadura de Mubarak, y su vuelta al poder. En Trípoli hubo ‘sólo' 43 muertos en los días 15 y 16 de este mes, cuando milicias de Misrata acuarteladas en la capital hicieron fuego contra manifestantes que se dirigían contra sus puestos para protestar por su presencia en la ciudad.

Aunque las milicias de Misrata acabaron saliendo de Trípoli, otras siguen dentro; no se han movido desde que entraron para liquidar el principal foco de resistencia gadafista. Una de ellas, la de la ciudad de Zintan, mantiene una relación ambivalente con el ejército en formación. Son frecuentes las luchas en algunos barrios entre las diversas facciones. Ha habido ocasiones en que determinadas milicias han ocupado edificios ministeriales, reclamando subsidios y rescates; también  han dirigido su violencia contra los planes del gobierno de reintegrar al ejército determinados grados de las fuerzas armadas gadafistas. Algunas de las milicias están implicadas en el tráfico de personas hacia Europa.

Otra muestra de la inseguridad reinante fue el secuestro, el pasado sábado, del segundo jefe de la inteligencia, Mustafá Nú, cuando descendió de un avión en Trípoli, aunque fue liberado al día siguiente. No mucho tiempo ha el propio primer ministro, Alí Zeidan, fue secuestrado durante unas horas y luego liberado. Las milicias ocuparon hace pocas semanas el ministerio de Justicia y echaron del edificio al ministro, Salá al-Margani. La situación no es mejor en Bengazi, donde se hallan activas varias brigadas de al-Qaida. Se les atribuyen los asesinatos de agentes del gobierno de Trípoli, así como el asalto al consulado norteamericano en el verano de 2012.

Un poder fragmentado y dos regiones en tensión

Libia se encuentra, desde agosto del 2012, en un proceso constitucional que no acaba de definir su forma. Trípoli ejerció siempre una fuerza centrípeta como capital histórica, tanto de la colonia italiana como de la ocupación británica. El rey Idris I lidió en su día con el problema regional, y asentó su corte de forma alternativa entre Trípoli y Bengazi.  Aunque ésta última, con una historia de resistencia anticolonial y anti-Gadafi, y su proximidad a Egipto, lucha por su autonomía, sin embargo no mantiene aspiraciones independentistas significativas. Pero su movimiento autonomista es poderoso, y tomó cuerpo en marzo del 2012 con la formación de un gobierno propio bajo una Unión Federal Nacional, a espaldas de la autoridad de Trípoli. Entre esas dos grandes ciudades se sitúan algunas otras que no se alinean con ninguna de las dos.

Las bases del poder, tanto de Trípoli como de Bengazi, se ven contenidas por una multitud de milicias radicadas en poblaciones menores y grupos tribales en competición por los recursos financieros resultantes del petróleo y el gas. Estos recursos, canalizados preferentemente por las compañías extranjeras hacia el gobierno central, dotan a éste de medios para mantener grupos clientelares que contrapesan el poder de Bengazi y Misrata. Igualmente, Trípoli paga a estas milicias el servicio de protección de las instalaciones energéticas. Bengazi, no obstante, siempre ejercerá gran presión sobre los ingresos por petróleo, ya que el 75% de esta producción libia procede de su territorio. Con el gas pasa al revés, Tripolitania capta el 75%, y en este mercado es la empresa italiana ENI la que lleva la voz cantante, sobre todo en razón de sus relaciones con la Corporación Nacional del Petróleo.

La actual asamblea constituyente libia se muestra impotente para dar forma territorial al estado mientras no se logre la supremacía y viabilidad de un gobierno central. A su vez, este problema depende de un difícil o improbable consenso sobre un gobierno representativo, noción apenas enraizada en las costumbres políticas libias. El presidente de la nación, el islamista Nuri Alí Abusamain, y el pro occidental primer ministro Zeidan se hallan en continua tensión. Cada uno trata de alinear a milicias y grupos tribales que ellos suponen afines a su causa.

Libia da signos de no poder superar sus divisiones políticas. El apoyo de los países occidentales a su democratización apenas se nota, y no llega mucho más allá de entrenar algunas unidades del ejército.

En lo que a Libia concierne (lo mismo que a Egipto) el diálogo Mediterráneo se ha acabado o, en el mejor de los casos, está bloqueado hasta mejor ocasión.

 

El PSC se desmarca mientras ERC y CiU adoptan estrategias incompatibles


Ofensiva internacional del independentismo catalán

Publicado el lunes 18 de noviembre de 2013 en capitalmadrid.com

Antonio Sánchez-Gijón.– La resolución aprobada ayer en el consejo nacional del partido socialista de Cataluña (PSC) debilita la estrategia del frente soberanista encabezada por Convergencia i Unió y Esquerra Republicana de Catalunya, consistente en arrancar al gobierno español la autorización para convocar un referéndum legal y vinculante sobre el llamado derecho a decidir so pena, si no lo autoriza, de enfrentarse a una declaración unilateral de independencia.

La declaración socialista es un intento de moderar la tensión nacionalista que se viene observando en las últimas semanas, y de diferir todo lo que pueda la confrontación con el estado a la que se dirigen aquellas dos formaciones.

Uno de los escenarios de esa tensión es internacional. La creciente presencia de líderes e instituciones independentistas, con Artur Mas a la cabeza, en foros y medios internacionales de todo tipo tiene dos fines; uno secundario: explicar o dar a conocer las pretensiones soberanistas de esas fuerzas catalanas, y otro principal: explorar las reacciones y posible predisposición de gobiernos, parlamentos, partidos políticos, fuerzas económicas, etc., del extranjero (pero sobre todo de Europa) a otorgar un grado (aunque sea mínimo o simbólico) de reconocimiento de legitimidad a las aspiraciones de los soberanistas. Todos los movimientos independentistas que han tenido éxito en el mundo han debido pasar la prueba del reconocimiento por los otros de los motivos y fines de su causa.

El reconocimiento de unos estados por otros estados es la clave del sistema internacional. La forma más rápida, y a veces la más eficaz, de ser reconocido es una declaración unilateral de independencia. Desde ese mismo día los gobiernos extranjeros se ven obligados a tratar con las autoridades, unilateralmente separadas, todo tipo de asuntos. Cada trato para resolver una cuestión de interés para el estado extranjero o sus nacionales supone un goteo de factores de reconocimiento informal a favor del que se ha separado. La evolución del sistema internacional de estados, por más que se halle regulado por una serie de normas jurídicas, se transforma bajo la presión cotidiana de la praxis.

Población, territorio, gobierno... y coacción

La ciencia del estado como agente del sistema internacional gira en torno a tres elementos: población, territorio y gobierno (González Campos, Sánchez Rodríguez, P. A. Sáenz de Santamaría). Una hipotética declaración unilateral de independencia de Cataluña, después de un referéndum o plebiscito favorable, trataría de justificarse alegando que el nuevo ente se presenta al sistema europeo con  esos atributos de estatalidad ya logrados, al estar definidos y reconocidos por su ordenamiento jurídico interior: hay un pueblo que ha decidido su independencia en un referéndum o plebiscito, hay un territorio perfectamente delimitado y hay un gobierno formado mediante procedimientos legales.

Aunque sea cierto que el ordenamiento constitucional español no otorga a la población catalana la facultad de disponer de soberanía sobre el territorio en que habita, ni concede al gobierno catalán poderes para convocar referéndums, ni tampoco para cambiar la configuración territorial de España, no es menos cierto que cualquier respuesta del gobierno español se hallará condicionada, y hasta cierto punto modulada, por dos factores de naturaleza práctica que moderan y dan forma al vigente derecho internacional: por un lado la limitación o prohibición del uso de la fuerza (según los casos), y el respeto (hasta donde proceda) al derecho de autodeterminación. No son reglas absolutas; si lo fueran, ningún estado podría defenderse de la secesión de una parte de su territorio, y cualquier grupo humano que declarase su independencia tendría derecho a ella, incluso por alegaciones étnicas, religiosas o  económicas (Gibraltar, por ejemplo, no tiene derecho legal a la autodeterminación, ni siquiera bajo aquellos modernos criterios). Si esos dos principios prácticos fuesen llevados a su extremo, el sistema internacional colapsaría.

La mayoría de los movimientos independentistas que tuvieron éxito llegaron a un punto resolutivo cuando proclamaron el triunfo de la voluntad parcial sobre la general, y cuando dejaron de reconocer el gobierno preestablecido, incitándole implícitamente al uso de la fuerza. Declarada la insumisión y la desobediencia al antiguo gobierno, éste se ve obligado al uso de la coacción sobre el gobierno y las instituciones secesionistas, así como contra el tipo de prácticas políticas que han promovido la secesión. Si la coacción que pudiera ejercer el estado incluyese el uso de la fuerza (y eso es lo que esperan los secesionistas) producirá con mucha probabilidad la erección de una frontera moral y sentimental donde antes, probablemente, no la había. En ese escenario más o menos violento, el principio de continuidad del estado, que hoy por hoy garantiza totalmente la integridad constitucional y territorial de España, dejaría de funcionar tan favorablemente como hasta ahora.

ERC y CiU, estrategias diferentes

Las fuerzas políticas soberanistas de Cataluña se acercan a la necesidad de resolver el dilema estratégico con que se enfrentan. Es evidente que ERC está en la senda de la confrontación (todavía no enteramente rupturista) con el estado: de ahí su insistencia en una fecha para el referéndum sobre la independencia; de ahí la insinuación de amenaza de una huelga económica de Cataluña en pleno; de ahí la advertencia de que las elecciones autonómicas próximas puedan producirse en clave plebiscitaria, seguida de una declaración unilateral de independencia, etc. En fin, una vía evocadora, con más o menos tintes dramáticos (eso lo dirá el momento),  de una insurrección.

Ésa no es la vía de CiU; sus bases sociales no están preparadas para la vía rupturista y para la insumisión. Su estrategia es más de fondo, más lenta, más de convencimiento hacia los estados y las opiniones de otros países, para ganar puntos legitimadores, y más de agotamiento psicológico de las fuerzas políticas españolas y de su voluntad de resistir las demandas o exigencias nacionalistas.

 Esta estrategia se conduce por dos vectores. El primero se dirige a la opinión interna, y actúa fortaleciendo el espíritu independentista mediante innumerables actos de estimulación de la imaginación y los sentidos; con ellos se condiciona o deforma la percepción pública de la Cataluña histórica y constitucional, y se la  reemplaza por lo que en epistemología se llama un "objeto psicológico", que no requiere particular contraste con la realidad empírica ni la observación de datos, porque el "objeto" es una construcción mental coherente, sin contradicción interna y, por lo tanto, impermeable a la refutación. Sus ‘leit motivs' son: fuimos independientes hasta 1714 y nuestra lengua nos hace culturalmente diferentes de los pueblos de España. Y como la democracia se basa en la voluntad del pueblo... etc. etc.

El segundo vector está dirigido a ensanchar la distancia emocional con los otros pueblos de España. El ejemplo más egregio es la convocatoria de una conferencia de historiadores catalanes titulada "Espanya contra Catalunya"; también se incluye en esta categoría la prohibición de los toros y el slogan populista ‘Espanya ens roba', así como las restricciones al despliegue de la bandera española en las instituciones, centros de enseñanza, etc. En esta categoría puede incluirse el menos que entusiasta interés de los nacionalistas catalanes en comprometerse con el ejecutivo español, al que se puede dar apoyo ocasional y negociado, siempre que no se le pida una asunción directa y personalizada de responsabilidades por las políticas que apoyan a distancia.

Volviendo al consejo nacional del PSC, el punto de la resolución que opera en contra de las urgencias y la estrategia independentista es aquel que exige que el nivel de aprobación de los cambios sea de dos tercios del parlamento de Cataluña: "no se puede pretender" - dice - que mayorías más débiles que las exigidas en su día para la reforma del estatuto de autonomía y el cambio de la ley electoral, determinen ahora lo que se ha de hacer después de que se practique "el derecho a decidir".

La resolución afirma que "somos heredero de los compromisos fundacionales del PSC, entre los que se encuentra el de preservar la unidad civil del pueblo de Cataluña", y declara que su "máxima `prioridad" es "impulsar un proceso de reforma constitucional federal inspirado en los acuerdos de Granada".

Esta posición rompe la unidad del bloque del "derecho a decidir". Su ala declaradamente rupturista se ve urgida a la acción por un momento psicológico marcado por el entusiasmo de sus huestes y la oportunidad que ofrece el descontento popular con la crisis, mientras su ala más calculadora prefiere consolidar los apoyos internos y externos hasta que crea haber formado un estado de opinión internacional favorable a dar algún grado de legitimidad a una decisión que en el interior no le es reconocida.

El PSC difiere todo el proceso a que se produzca una reforma constitucional, inspirada en unos principios federales que, en general, encuentran poca comprensión en la mayoría de las fuerzas políticas, y cuyo desarrollo necesitaría largas e inciertas deliberaciones. Decididamente, el PSC se ha salido de la estrategia y el cronómetro soberanistas. ERC y CiU están faltos de apoyos del centro del espectro político, y deberán encontrarlo en fuerzas menores, como Iniciativa/els Verds, o marginales como las CUP.

Observemos las reacciones de los independentistas al frenazo implícito en la resolución del PSC. El tiempo corre.