Fabra censura por la vía de los
hechos la política audiovisual del PP local
Publicado el
jueves 7 de noviembre de 2013 en capitalmadrid.com
Antonio Sánchez-Gijón.– El cierre de la
radio-televisión valenciana (RTVV) dispuesta el pasado martes por el presidente
de la Generalidad, Alberto Fabra, es la primera rebelión en España de una
autoridad autonómica contra la obligación de prestar onerosos servicios
audiovisuales a la población. La mayor parte de las comunidades han promulgado
o inscrito en sus estatutos legislación especial por la que se obligan a
ofrecer a sus habitantes servicios informativos, entretenimiento, difusión
cultural y apoyo a las industrias audiovisuales regionales, como si se tratase
de la satisfacción de un derecho natural de la población. En el caso concreto
de la Comunidad Valenciana, su RTVV asumía además la tarea de mantener y
promocionar el uso de la lengua valenciana.
Tal pluralidad y variedad de servicios presupone la
existencia de importantes recursos económicos, que vienen por dos vías: las
aportaciones del erario público para cumplir las obligaciones estatuarias e
ingresos comerciales que permitan al ente competir en un mercado tan duro como
el audiovisual. Cuando escasean o faltan estos últimos, como en la actual
crisis económica y de consumo, las mayores inversiones de origen público entran
necesariamente en competencia con las demandadas para otros servicios, como
educación, sanidad, seguridad, infraestructuras, dependencia, etc. Fabra lo
dijo de modo muy expresivo en la mañana del miércoles en una comparecencia
pública para dar explicaciones: "no cerraré un colegio o un hospital por
tener una televisión pública".
La decisión tiene también una dimensión netamente
política, y apunta a las responsabilidades del propio partido de Fabra, el
Popular, que gobierna la Comunidad Valenciana desde hace dieciocho años. Cuando
el PP tomó el mando de la RTVV, Canal Nou de televisión gozaba de una audiencia
en torno al 20%. Ésta se mantuvo en ese entorno durante muchos años. La
creciente apertura del mercado audiovisual a la competición de más medios le
perjudicó, y su audiencia actual se estima alrededor del 4% del mercado de la
Comunidad.
Televisiones públicas y políticas
identitarias
Por su propia naturaleza estatutaria, la RTVV, pero
sobre todo su rama televisiva (Canal 9), tenía una fuerte dependencia de las
decisiones políticas de la Generalidad, lo que le ha valido la crítica de la
oposición por estimarla declaradamente sesgada a favor del poder. Por otra
parte, en los primeros años del mandato popular, sobre Canal 9 recayó una
misión de recuperación cultural, convirtiéndose en un bastión en defensa de la
independencia de la lengua valenciana. Hubo un propósito deliberado de frenar
la aproximación lingüística al catalán, favorecida durante los anteriores
mandatos socialistas, y que fue un serio motivo de división de la sociedad
valenciana en los años ochenta y noventa. Un anterior presidente de la Generalidad,
el socialista Joan Lerma, lamentó de este modo el cierre de RTVV: "se
pierde una parte importante de la propia identidad".
La Generalidad, bajo el partido popular, cargó a la
RTVV con obligaciones suplementarias, como la promoción de los equipos de
fútbol de la comunidad: €300 millones al Valencia Club de Fútbol y Villarreal C
de F por los derechos de difusión de sus partidos.
La RTVV, como todas las televisiones autonómicas,
dedicaba una gran parte de su programación a las fiestas locales, las religiosas
y eventos deportivos. El debate político valenciano tenía su principal foro en
Canal 9. Este también mantenía algunos programas culturales de calidad, sobre
todo en materia de cine. Afín a esta orientación es el proyecto de la
Generalidad "popular", de una ciudad audiovisual en Alicante, cuyos
estudios se pensaron para satisfacer una hipotética demanda del cine europeo, y
que pronto se convirtió en otro mal negocio público.
Paralelo al aumento de servicios a prestar, el empleo
público de RTVV se disparó, desde alrededor de 600 empleados iniciales, a los
casi 1.700 en la actualidad. De resultas de todo ello, Canal 9, que en 1997
tenía un pasivo de €51 millones, hoy lo tiene de €1.305 millones. Mantener la
RTVV costaba en la actualidad €200 millones anuales, de los que 72 millones en
gastos de personal.
Año tras año, al menos desde 2000, la sindicatura de
Comptes vino alertando a las autoridades de que el patrimonio neto de la
radiotelevisión valenciana se había reducido a menos de la mitad de su capital
social, por lo que incurría en las previsiones del artículo 363.1 de la ley de
Sociedades de Capital. La merma patrimonial se produjo a partir de 2000, cuando
RTVV fue autorizada a acudir a la financiación bancaria y la Generalidad cesó
de apoyar su fondo social. La Sindicatura aconsejó en su informe de 2009 la
ejecución de un expediente de regulación de empleo, que sólo se ha llevado a
cabo en 2013 y está en la raíz de la crisis que ha llevado al cierre.
Un ERE con un "vicio" de
discriminación
El motivo ocasional de la crisis es la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dada a conocer en la
mañana del martes día 5, que declaró nulo el ERE, el cual produjo el cese de
casi mil empleados que ahora la empresa se ve obligada a readmitir. Siete horas
después de conocida la sentencia, Alberto Fabra hizo el anuncio de su
liquidación, diciendo que la Generalidad no tiene el dinero para pagar los
salarios. La liquidación requerirá una ley expresa que revoque la vigente,
promulgada en el verano de 2012, la cual a su vez reemplazó la ley original de
creación del ente. La nueva ley se espera quede aprobada antes de un mes.
La sentencia
del TSJCV anula el ERE aduciendo "causas concluyentes". Una de ellas
es la discriminación contra parte de los empleados despedidos, en relación con
otros trabajadores que fueron recuperados por el ente al objeto de mantener los
servicios, lo cual, según el Tribunal, vulnera el principio de igualdad.
El anuncio
de cierre del ente público fue casi simultáneo con la renuncia de la directora
general de RTVV, Rosa Vidal, en una iniciativa personal que se adelantó al
probable despido de que le iba a hacer objeto Fabra. Vidal había tomado
posesión de su cargo en marzo pasado. El presidente, estiman algunos observadores,
no estaba de acuerdo con la orientación que Vidal había dado a los
informativos, y desde luego contrariado por una articulación del ERE que ha
fallado ante la justicia.
Queda por ver si la decisión de Fabra inspirará a
otros presidentes de Comunidad, que han llegado a la conclusión de que mantener
un servicio público de radiotelevisión es perjudicial para la financiación de
otros, más vitales para la sociedad, como la educación, la sanidad y las
infraestructuras. Existe una opinión difusa entre los medios de que Telemadrid
puede ser la siguiente.
En todo caso, es poco probable que el ejemplo inspire
aquellas TVs que tienen entre sus misiones la defensa y promoción de una
identidad cultural y lingüística concreta, y/o el apoyo a las políticas
declaradas de los gobiernos que las financian. La Comunidad Valenciana ha
escogido un orden de prioridades distinto. Probablemente no será la única.
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