Ofensiva internacional del
independentismo catalán
Publicado el
lunes 18 de noviembre de 2013 en capitalmadrid.com
Antonio Sánchez-Gijón.– La resolución aprobada ayer en
el consejo nacional del partido socialista de Cataluña (PSC) debilita la
estrategia del frente soberanista encabezada por Convergencia i Unió y Esquerra
Republicana de Catalunya, consistente en arrancar al gobierno español la
autorización para convocar un referéndum legal y vinculante sobre el llamado
derecho a decidir so pena, si no lo autoriza, de enfrentarse a una declaración
unilateral de independencia.
La declaración socialista es un intento de moderar la
tensión nacionalista que se viene observando en las últimas semanas, y de
diferir todo lo que pueda la confrontación con el estado a la que se dirigen
aquellas dos formaciones.
Uno de los escenarios de esa tensión es internacional.
La creciente presencia de líderes e instituciones independentistas, con Artur
Mas a la cabeza, en foros y medios internacionales de todo tipo tiene dos
fines; uno secundario: explicar o dar a conocer las pretensiones soberanistas
de esas fuerzas catalanas, y otro principal: explorar las reacciones y posible
predisposición de gobiernos, parlamentos, partidos políticos, fuerzas
económicas, etc., del extranjero (pero sobre todo de Europa) a otorgar un grado
(aunque sea mínimo o simbólico) de reconocimiento de legitimidad a las
aspiraciones de los soberanistas. Todos los movimientos independentistas que
han tenido éxito en el mundo han debido pasar la prueba del reconocimiento por
los otros de los motivos y fines de su causa.
El reconocimiento de unos estados por otros estados es
la clave del sistema internacional. La forma más rápida, y a veces la más
eficaz, de ser reconocido es una declaración unilateral de independencia. Desde
ese mismo día los gobiernos extranjeros se ven obligados a tratar con las
autoridades, unilateralmente separadas, todo tipo de asuntos. Cada trato para
resolver una cuestión de interés para el estado extranjero o sus nacionales
supone un goteo de factores de reconocimiento informal a favor del que se ha
separado. La evolución del sistema internacional de estados, por más que se
halle regulado por una serie de normas jurídicas, se transforma bajo la presión
cotidiana de la praxis.
Población, territorio, gobierno... y
coacción
La ciencia del estado como agente del sistema
internacional gira en torno a tres elementos: población, territorio y gobierno
(González Campos, Sánchez Rodríguez, P. A. Sáenz de Santamaría). Una hipotética
declaración unilateral de independencia de Cataluña, después de un referéndum o
plebiscito favorable, trataría de justificarse alegando que el nuevo ente se
presenta al sistema europeo con esos atributos de estatalidad ya
logrados, al estar definidos y reconocidos por su ordenamiento jurídico interior:
hay un pueblo que ha decidido su independencia en un referéndum o plebiscito,
hay un territorio perfectamente delimitado y hay un gobierno formado mediante
procedimientos legales.
Aunque sea cierto que el ordenamiento constitucional
español no otorga a la población catalana la facultad de disponer de soberanía
sobre el territorio en que habita, ni concede al gobierno catalán poderes para
convocar referéndums, ni tampoco para cambiar la configuración territorial de
España, no es menos cierto que cualquier respuesta del gobierno español se
hallará condicionada, y hasta cierto punto modulada, por dos factores de
naturaleza práctica que moderan y dan forma al vigente derecho internacional:
por un lado la limitación o prohibición del uso de la fuerza (según los casos),
y el respeto (hasta donde proceda) al derecho de autodeterminación. No son
reglas absolutas; si lo fueran, ningún estado podría defenderse de la secesión
de una parte de su territorio, y cualquier grupo humano que declarase su
independencia tendría derecho a ella, incluso por alegaciones étnicas,
religiosas o económicas (Gibraltar, por ejemplo, no tiene derecho legal a
la autodeterminación, ni siquiera bajo aquellos modernos criterios). Si esos
dos principios prácticos fuesen llevados a su extremo, el sistema internacional
colapsaría.
La mayoría de los movimientos independentistas que
tuvieron éxito llegaron a un punto resolutivo cuando proclamaron el triunfo de
la voluntad parcial sobre la general, y cuando dejaron de reconocer el gobierno
preestablecido, incitándole implícitamente al uso de la fuerza. Declarada la
insumisión y la desobediencia al antiguo gobierno, éste se ve obligado al uso
de la coacción sobre el gobierno y las instituciones secesionistas, así como
contra el tipo de prácticas políticas que han promovido la secesión. Si la
coacción que pudiera ejercer el estado incluyese el uso de la fuerza (y eso es
lo que esperan los secesionistas) producirá con mucha probabilidad la erección
de una frontera moral y sentimental donde antes, probablemente, no la había. En
ese escenario más o menos violento, el principio de continuidad del estado, que
hoy por hoy garantiza totalmente la integridad constitucional y territorial de
España, dejaría de funcionar tan favorablemente como hasta ahora.
ERC y CiU, estrategias diferentes
Las fuerzas políticas soberanistas de Cataluña se
acercan a la necesidad de resolver el dilema estratégico con que se enfrentan.
Es evidente que ERC está en la senda de la confrontación (todavía no
enteramente rupturista) con el estado: de ahí su insistencia en una fecha para
el referéndum sobre la independencia; de ahí la insinuación de amenaza de una
huelga económica de Cataluña en pleno; de ahí la advertencia de que las
elecciones autonómicas próximas puedan producirse en clave plebiscitaria,
seguida de una declaración unilateral de independencia, etc. En fin, una vía
evocadora, con más o menos tintes dramáticos (eso lo dirá el momento), de
una insurrección.
Ésa no es la vía de CiU; sus bases sociales no están
preparadas para la vía rupturista y para la insumisión. Su estrategia es más de
fondo, más lenta, más de convencimiento hacia los estados y las opiniones de
otros países, para ganar puntos legitimadores, y más de agotamiento psicológico
de las fuerzas políticas españolas y de su voluntad de resistir las demandas o
exigencias nacionalistas.
Esta estrategia se conduce por dos vectores. El
primero se dirige a la opinión interna, y actúa fortaleciendo el espíritu
independentista mediante innumerables actos de estimulación de la imaginación y
los sentidos; con ellos se condiciona o deforma la percepción pública de la
Cataluña histórica y constitucional, y se la reemplaza por lo que en
epistemología se llama un "objeto psicológico", que no requiere
particular contraste con la realidad empírica ni la observación de datos,
porque el "objeto" es una construcción mental coherente, sin
contradicción interna y, por lo tanto, impermeable a la refutación. Sus ‘leit
motivs' son: fuimos independientes hasta 1714 y nuestra lengua nos hace culturalmente
diferentes de los pueblos de España. Y como la democracia se basa en la
voluntad del pueblo... etc. etc.
El segundo vector está dirigido a ensanchar la
distancia emocional con los otros pueblos de España. El ejemplo más egregio es
la convocatoria de una conferencia de historiadores catalanes titulada
"Espanya contra Catalunya"; también se incluye en esta categoría la
prohibición de los toros y el slogan populista ‘Espanya ens roba', así como las
restricciones al despliegue de la bandera española en las instituciones,
centros de enseñanza, etc. En esta categoría puede incluirse el menos que
entusiasta interés de los nacionalistas catalanes en comprometerse con el
ejecutivo español, al que se puede dar apoyo ocasional y negociado, siempre que
no se le pida una asunción directa y personalizada de responsabilidades por las
políticas que apoyan a distancia.
Volviendo al consejo nacional del PSC, el punto de la resolución
que opera en contra de las urgencias y la estrategia independentista es aquel
que exige que el nivel de aprobación de los cambios sea de dos tercios del
parlamento de Cataluña: "no se puede pretender" - dice - que mayorías
más débiles que las exigidas en su día para la reforma del estatuto de
autonomía y el cambio de la ley electoral, determinen ahora lo que se ha de
hacer después de que se practique "el derecho a decidir".
La resolución afirma que "somos heredero de los
compromisos fundacionales del PSC, entre los que se encuentra el de preservar
la unidad civil del pueblo de Cataluña", y declara que su "máxima
`prioridad" es "impulsar un proceso de reforma constitucional federal
inspirado en los acuerdos de Granada".
Esta posición rompe la unidad del bloque del
"derecho a decidir". Su ala declaradamente rupturista se ve urgida a
la acción por un momento psicológico marcado por el entusiasmo de sus huestes y
la oportunidad que ofrece el descontento popular con la crisis, mientras su ala
más calculadora prefiere consolidar los apoyos internos y externos hasta que
crea haber formado un estado de opinión internacional favorable a dar algún
grado de legitimidad a una decisión que en el interior no le es reconocida.
El PSC difiere todo el proceso a que se produzca una
reforma constitucional, inspirada en unos principios federales que, en general,
encuentran poca comprensión en la mayoría de las fuerzas políticas, y cuyo
desarrollo necesitaría largas e inciertas deliberaciones. Decididamente, el PSC
se ha salido de la estrategia y el cronómetro soberanistas. ERC y CiU están
faltos de apoyos del centro del espectro político, y deberán encontrarlo en
fuerzas menores, como Iniciativa/els Verds, o marginales como las CUP.
Observemos las reacciones de los independentistas al
frenazo implícito en la resolución del PSC. El tiempo corre.
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