lunes, 6 de agosto de 2012

Fin a 17 años gloriosos
La Comunidad Valenciana, primera en poner la mano
Publicado el lunes 23 de julio de 2012 en Capital Madrid.com
Antonio Sánchez-Gijón.– Lo que declaró el vicepresidente de la Generalidad Valenciana y presidente del Partido Popular de Alicante, José Císcar, al diario Levante este domingo, sobre la reciente acogida de su Comunidad al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) puede ser el "understatement" del siglo XXI, por lo menos en el ámbito de la "terreta": los gobiernos de los anteriores presidentes, Eduardo Zaplana y Francisco Camps, "seguramente vivieron por encima de sus posibilidades". La cuenta de ese vivir por encima de sus medios se estima en euros 20.000 millones...
Un síntoma temprano (diciembre 2011) de la crisis que se venía encima fue la petición de la Generalidad al gobierno de Madrid para financiar un vencimiento de crédito con el Deutsche Bank, por euros 123 millones. A eso siguió, en enero, una petición al Instituto de Crédito Oficial, de 1.022 millones, y otra en mayo, de 1.678 millones. En el plan de pagos a proveedores, de abril de este año, la Comunidad solicitó 4.069 millones.
Ahora, lo que aprieta a la Generalidad son las deudas y créditos que restan pendientes hasta final del año, estimados en euros 2.750 millones. El gobierno valenciano, de momento, cuenta con pedir no menos de 1.800 millones, esto es, el 10% del FLA, en proporción al peso de la economía valenciana en la nacional. En realidad, tiene puestas sus esperanzas en una cantidad mayor, si es que las peticiones que puedan hacer otras comunidades no agotan los 18.000 millones de que está dotado el fondo. Las farmacias, por de pronto, reclaman la tercera parte de la cantidad a que la Comunidad Valenciana tiene "derecho" ante el FLA, pues la Generalidad les debe 600 millones.
El gobierno valenciano espera recibir el dinero en condiciones aproximadas a las que impone el Instituto de Crédito Oficial para el pago a proveedores: a diez años con dos de carencia e intereses en torno al 6%. La factura final de los intereses puede llegar a más de euros 800 millones.
Pero todo esto da sólo para resolver el 10% de la deuda pública estimada. Mientras haya déficit presupuestario, anunció anteayer el consejero de Economía Máximo Buch, se necesitarán nuevas aportaciones de fondos. La Generalidad está haciendo un esfuerzo considerable para llegar a ese punto de cero déficit. Se ha marcado el objetivo de 1,5% para este año, y 0,7% en el próximo, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (LOEP), del pasado abril. Ahora, bajo las previsiones del FLA, deberá reajustar las cuentas de nuevo.
Las obligaciones que contrae cualquier comunidad que desee acogerse al FLA son muy próximas a lo que comúnmente se llama intervención. Al plan de ajuste exigido por la LOEP habrá que añadir otro de acuerdo con el FLA. Habrá examen mensual del ministerio de Hacienda sobre los planes de tesorería. El ministerio podrá enviar inspectores. Si no quedan satisfechos con el cumplimiento de los objetivos, podrán suspender la entrega de las partidas parciales sucesivas, y aplicar penalizaciones, como la obligación de constituir un depósito en el Banco de España, equivalente al 0,2% del PIB. Una comisión de control puede dictar medidas de obligado cumplimiento. En caso de incumplimiento, el gobierno de la nación puede pedir al senado que obligue a la comunidad al cumplimiento forzoso del plan de ajuste, con las consiguientes consecuencias institucionales.
A pesar de restricciones tan severas, el vicepresidente Císcar insiste en que el préstamo que se propone pedir no lleva aparejada condicionalidad. O al menos no más condicionalidad que la exigida por la LOEP: "Si hubiera nuevas condiciones - declaró el pasado viernes - y no fuesen asumibles rechazaríamos la ayuda del fondo porque nuestro plan de reequilibrio (presupuestario) se puede cumplir ", alentando con sus palabras unas esperanzas de no fácil cumplimiento.
¿Quién se atreve a recortar y acortar las fiestas?
El partido gobernante en Valencia hace esfuerzos por mostrarse muy dispuesto y conducente a imponer la austeridad y el ahorro a sus paisanos. Pero quizás debería temer la reacción del pueblo llano. Por ejemplo, ¿qué responderán las decenas de miles de personas que forman el colectivo fallero de la ciudad de Valencia, de que se traslade, como propone el presidente de la Generalidad Alberto Fabra, la celebración de San José (19 de marzo) y la del día de la región (Nou d'Octubre), permanentemente a los lunes, de modo que la eliminación de los "puentes" correspondientes produzcan un ahorro global a la economía de la provincia, por euros 786 millones? ¿Lo sentirán los valencianos como una amputación de su identidad "festera" y de su acendrada "valencianor"? ¿Podría pasar lo mismo con los 611 días festivos municipales con que los valencianos de pueblos y ciudades gustan marcar sus rasgos identitarios mediante la pólvora y la rumbosidad? Según cálculos informales del grupo popular de la Comunidad, que apoya la medida, se podría ahorrar de ese modo más de 1.200 millones de euros anuales. Bastante para darle un tajo a la deuda estimada de la comunidad, del 50% en diez años.
El presidente Fabra es consciente de que su partido está sumido en el descrédito dentro de la Comunidad Valenciana, y se puede afirmar que también "los mercados" son conscientes de ello, puesto que desde hace tiempo le han negado toda asistencia, debido a los continuos casos de corrupción en el área financiera de matriz valenciana (Banco de Valencia, CAM, etc.), en que se han puesto de manifiesto los fuertes lazos de banqueros incompetentes o corruptos con los líderes del partido que ha gobernado la Comunidad Valenciana durante diecisiete años.
Alberto Fabra, lleva meses insistiendo en la ejemplaridad de los comportamientos. En Alicante, donde los lazos entre el partido y el desmadre de la CAM se han puesto más en evidencia, el PP ha creado un comité de ética.
Por todo eso han sonado tan huecas las apelaciones al Banco Central Europeo, proferidas este último domingo por el ex-portavoz del PP, Sr. González Pons, para que el Sr. Draghi acuda de inmediato en ayuda de las economías en dificultades, y que están en la onda del reciente exabrupto del ministro de Exteriores, Sr. García Margallo, en el sentido de que el BCE debe salir de la "clandestinidad".
Calma, no precipitarse: primero poner la casa en orden. Luego, "ya veremos".

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