Recurre a la ley Wert como pretexto
Publicado el
lunes 20 de mayo de 2013 en capitalmadrid.com
Antonio Sánchez-Gijón.– Crece el tono de confrontación
del nacionalismo catalán con el gobierno de España con motivo del proyecto de
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (Lomce). El domingo el
presidente de la generalidad, Artur Mas, retomó este tema para declarar que
"la desconexión emocional de mucha gente de Cataluña respecto del estado
español pasa por estas agresiones". En justa correspondencia, y para
caldear la desconexión emocional entre Cataluña y España, el sábado se celebró
en Igualada una concentración de 2014 personas (ni una más ni una menos),
formadas marcialmente en largas filas para diseñar, con sus chupas de colores
rojo y amarillo, y un aura azul enmarcando una estrella blanca, la bandera
independentista.
La elección del número 2014 es la cábala del año en
que Cataluña proclamará su independencia, según los cálculos de los promotores
del acto y lo que ansía el gobierno catalán.
El pasado 2 de mayo esta misma columna pronosticó una
aceleración de la confrontación nacionalista con el estado español, a la vista
de la reciente formación de un consejo para la transición hacia el estado
propio. Tan confiados están los independentistas, que el conseller de
Territorio y Sostenibilidad ya está haciendo cuentas de las negociaciones que
Cataluña llevará a cabo con España y Francia para hacerle hueco al nuevo estado
(diario Avui).
El president Mas hablaba en la calle, sobre un
frondoso marco de banderas estrelladas, traídas expresamente para la
inauguración de una pequeña obra municipal, El estado español, dijo en
Folgueroles, vuelve a amenazar a la lengua catalana. Como el poeta Jacinto
Verdaguer, nacido en esta localidad, Cataluña "tampoco doblará la
espalda".
El día anterior Mas anunció que "Cataluña actuará
hasta las últimas consecuencias" contra una medida legislativa española
que, en su opinión, rompe la cohesión social de los catalanes. "No
bajaremos la cabeza - dijo - ante esta gente que quiere dividir y romper la
cohesión en Cataluña".
La consellera de Enseñanza de la Generalidad,
Irene Rigau, no se había mostrado menos belicosa al conocer el proyecto de ley:
es "un ataque frontal al estatut, a la ley de Educación Catalana y al
modelo de inmersión lingüística". Más adelante remachó: la ley es
"predemocrática", y su objetivo es "cambiar los referentes históricos,
lingüísticos y culturales de nuestros alumnos". Los fines de la ley hacen
que "no se pueda cumplir", sentenció.
El conseller de Interior, Ramón Espadaler, opinó que
"la ley es un verdadero atentado a la convivencia de Cataluña", y
"en tanto que preconstitucional es anticonstitucional".
El número dos de Convergencia Democrática de Cataluña
(CDC), Josep Rull, declaraba este domingo a El País que "Esta ley es un
ataque al autogobierno de Cataluña y a nuestro modelo pedagógico, y a la
cohesión social. No daremos ni un paso atrás en defensa de nuestro modelo
educativo".
La lengua, el eje de la estrategia nacionalista
La ley prevé facilitar la enseñanza a una minoría de
alumnos catalanes o residentes en Cataluña que prefieren que la enseñanza se
imparta a sus hijos en castellano, pero ésta también como lengua vehicular, sin
excluir naturalmente el aprendizaje del catalán. La actual política establece
la llamada "inmersión lingüística", que supone la enseñanza exclusiva
en catalán en los primeros años docentes, y la enseñanza del español como
asignatura para el resto de los grados, pero no como lengua principal o
paritaria en las otras materias. En muchas escuelas y colegios esto significa
la práctica exclusión del castellano como lengua para la transmisión de cultura
o de ciencia.
Esta política la justifican las autoridades catalanas
en la necesidad de que aquellos niños y jóvenes cuya lengua materna no sea el
catalán (por lo menos el 50% de este sector de población) lo adquieran por vía
de inmersión (el castellano excluido en clase y desaconsejado en el recreo). No
existe una política simétrica de inmersión en castellano para los alumnos cuya
lengua materna es el catalán.
Esas prácticas, que parecen destinadas a afirmar la
hegemonía de una lengua sobre otra, van en contra de las normas aplicadas en
países europeos con más de un idioma oficial, en los que se da a los alumnos la
opción de elegir el de educación, con la obligación de recibir enseñanza
suficiente de las otras lenguas. Este derecho está consagrado en las
convenciones y tratados que protegen los derechos humanos y culturales de los
ciudadanos europeos, así como los de las llamadas minorías.
Toda esta polémica se produce semanas después de que
por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se dictase una sentencia
desconcertante desde todos los puntos de vista, por su naturaleza irrealista:
si en una clase un solo niño pide que se le imparta la enseñanza en castellano,
el profesor y la clase completa deben pasar al castellano. Esta es una muestra
de sobreprotección a la lengua discriminada, cuya aplicación rigurosa crearía
discriminación a la otra. Lo único bueno que se puede decir de esa sentencia es
que pretende hacer "justicia por medio de la ironía".
Con el mismo tono irónico se podría tratar otro
aspecto de la Lomce. Los autores del proyecto han explicado que el modo de
aplicar la obligatoriedad de la enseñanza del castellano, con el mismo pie que
el catalán (en el caso de que las autoridades catalanas se nieguen a acomodar
en su sistema las disposiciones de la ley), es pagar a los alumnos que lo
soliciten la matrícula en una escuela o colegio del sistema privado que imparta
su programa en castellano. El gobierno descontará más adelante este gasto de su
balance fiscal con la generalidad de Cataluña.
"Se trata de una medida excepcional y
transitoria" dijo el ministro Wert, en el acto de presentación del
proyecto de ley. Puede ser... Pero desde luego será una pesadilla burocrática
para el arrojado padre que desee que su hijo se acoja a esta ventaja: deberá
acudir a la Alta Inspección del ministerio de Educación, la cual abrirá una
investigación para comprobar que ningún centro sostenido con dinero público
quiere o puede darle satisfacción. Y después contar con que el centro privado
confíe en que el ministerio le pagará en tiempo útil. Todo menos hacer cumplir
las sentencias de los más altos tribunales que ponen al castellano en pie de
igualdad con el catalán.
¿Fenicia o Irlanda?
La interpretación del significado de la escalada
confrontacionista descrita en los párrafos anteriores tiene dos versiones. La
primera es la que sigue vigente en muchos medios de opinión, y parece que es a
la que se sigue abrazando el gobierno. La llamaré "Fenicia", porque
da por supuesto que el nacionalismo catalán no es más que un instrumento de
presión para lograr, por medio de la negociación con Madrid, ventajas
económicas o de situación de todo tipo: un trato asimétrico en la distribución
del déficit, un pacto fiscal, el Eje Mediterráneo, el aeropuerto del Prat, etc.
A la segunda versión la llamaré "Irlanda", la Irlanda de Éamon de
Valera, primer ministro bajo la corona británica y "padre de la
independencia" y de la república irlandesa.
Tenemos de tiempo, para comprobar cuál de las dos
versiones es la más verosímil, hasta septiembre de 2014.
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