El Gobierno
de Riga entrará en la eurozona por la puerta grande
Publicado el
jueves 6 de junio de 2013 en capitalmadrid.comAntonio Sánchez-Gijón.– El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, infligió uno de los más tristes agravios al espíritu que anima la construcción europea cuando dijo recientemente: "los pequeños países no cuentan para nada en Europa". Rajoy quería salir al paso de las pretensiones del presidente de la Generalidad catalana, de construir un estado propio dentro de la Unión Europea. Nunca lo hubiera dicho. La Unión Europea está llena de pequeños estados, gran parte de ellos más chicos aún que Cataluña, y menos prósperos y peor dotados que esa región de España, los cuales, sin embargo, han invertido todos sus recursos políticos y sentimentales en ser y sentirse parte de una unión formada en torno a los ideales de libertad, comunidad de valores y de experiencias históricas, labradas a través de siglos de guerras y paces.
El último de tales estados en abrazar la parte más
ardua del proyecto europeo es Letonia, que el miércoles 5 de junio obtuvo la
luz verde de la Comisión para ingresar en la eurozona en 2014. Será el décimo
octavo estado europeo que comparta la moneda común. Letonia ingresó en la Unión
en 2004, junto con otros dos pequeños estados, Lituania y Estonia. Letonia
tiene dos millones de habitantes (casi la cuarta parte de los catalanes) y
65.000 km cuadrados de territorio (casi el doble que Cataluña).
Este verano ingresará en la Unión otro pequeño estado,
Croacia. Será su vigésimo octavo miembro.
Echar a los lobos un montón de cosas
Que le digan a los finlandeses que Finlandia no cuenta
nada en la Unión Europea, como pequeño estado que es. ¿De dónde cree el Sr.
Rajoy que procede el celo reformista que recorre las economías europeas, un
celo que apunta, como a través de la mira de un cañón, a las economías del sur?
¿Sólo de Alemania? Por Dios..., si en Europa del sur, después de a la canciller
Merkel a quien más tememos es al comisario Olli Rehn, un finlandés de pro, que
nos hace preguntarnos de dónde sacará este señor inspiración y ánimo para tanto
celo reformista sino del afán de supervivencia de un país que, como nos contó Ángel
Ganivet, es capaz de tirar un hijo a los lobos para que la familia se salve.
¿Quién no tiraría a los lobos en España la complacencia de los poderes
públicos, los intereses creados de cada sector social, la cooptación y el pacto
partidario como sinapismo, el clientelismo, la corrupción, la galvana de tantas
ramas de las administraciones, o de los sindicatos?
También Letonia ha tirado muchas cosas a los lobos.
Después de 1991, cuando alcanzó la independencia, hubo de echar abajo la
estructura institucional y económica heredada del régimen soviético y
prepararse para ingresar en la UE. Una vez dentro, durante tres años recogió
una formidable cosecha: hasta 2007 registró un crecimiento medio anual del 10%.
El mal de altura que aquejó a Irlanda y a los países del
sur de Europa prendió en los países bálticos, prácticamente al mismo tiempo. Y
por las mismas razones: sueldos y salario crecieron por encima de la
productividad, la industria financiera tomó el mando y la economía dejó de ser
competitiva. Pero con una diferencia: Letonia se enfrentó a su crisis, no a
pasitos, sino de una sola y dolorosa zancada. En 2008, su economía se contrajo
4,6%. En 2009 la dosis se triplicó: 17,7%. El paro (5,4% en 2007) llegó al 20,7
en 2009. Riga recortó un 20% los salarios del sector público. Impuso rebajas
importantes a las pensiones y metió tijera al gasto público. Letonia tenía la
suerte de sufrir una deuda pública muy tolerable (19% en 2008), aunque en
rápido crecimiento (36% en 2009).
Después de tres años de reformas la economía había
recobrado el aliento. El desempleo cayó a 14% en 2012, las obligaciones con el
préstamo del Fondo Monetario Internacional se cumplían y la deuda pública se
contuvo al 37% del PIB en 2012. El déficit fiscal se redujo al 1,2% en ese año,
una caída a plomo desde el déficit del 2009, de 9,8%.
En resumen, la crisis lituana ha durado apenas tres
años. En 2011 su economía creció 5,5%, y una décima más en 2012. Su crecimiento
para 2013 y 2014 está asegurado, y triplica los índices previstos de crecimiento
para la zona euro en 2013 y 2014.
Nada de los anteriores índices puede ocultar que el
país sufrió un aumento acelerado de la pobreza, como en gran parte del resto de
Europa, sobre todo en la del sur. Ello sin duda explica que haya una mayoría de
la opinión opuesta al ingreso en el euro, una resistencia a la que el consejo
de ministros de la Unión, del 27 y 28 de junio, puede ayudar a vencer mediante
palabras y medidas de apoyo, entre otras las del presidente Rajoy.
Los pequeños votan, y negocian las políticas comunes
La noción de que el tamaño lo es todo en Europa o en
la Eurozona es una pulsión para contrarrestar la cual se ha creado la
arquitectura jurídica e institucional de la Unión. Tal pulsión es una fuerza
centrípeta contra cuyo abuso los grandes deben precaverse, sobre todo los que
no son "el más grande de todos". Sólo la afirmación continua de las
leyes europeas puede evitar que los grandes arrollen a los chicos.
Esas leyes europeas cuidan de que los distintos
estados de la Unión vean protegidos sus intereses y derechos mediante un
sistema de integración diferenciada, la cual debe asegurar un mismo nivel de
derechos y obligaciones para todos, según las consideraciones pertinentes en
cuanto a tiempo, espacio y materia que afectan a cada uno de los estados
miembros, sean éstos grandes o pequeños. Pasar por alto los derechos derivados
de ese principio es adoptar el modelo de "Europa a la carta", por el
que los estados más fuertes están en condiciones de servirse los platos más
abundantes.
El euro es un caso de "cooperación
reforzada". Esta deriva su legitimidad de los principios de la integración
diferenciada. Aunque no se puede ignorar la fuerza centrípeta que ejercen los
estados más grandes sobre el conjunto, o sobre algunos estados más pequeños en
particular, ese poder de atracción (o incluso de satelización) puede
neutralizarse apelando a las leyes comunes libremente aceptadas por los
estados, y en última instancia incitando al parlamento europeo a que ejerza sus
funciones de control y aprobación.
Tampoco hay estado pequeño que no cuente para nada
cuando el consejo europeo trata de introducir legislación que deba ser
ratificada por cada uno de los estados miembros. De modo similar, ni siquiera
los estados que no pertenecen al euro se sienten impotentes ante las decisiones
del Eurogrupo, ya que éstas deben ser negociadas y aprobadas en el Consejo
Económico y Financiero de la Unión, donde un estado no-euro tiene derecho a
oponer su voto a decisiones sobre el euro, tales como la integración financiera
de la eurozona, un posible proyecto de estructura presupuestaria común, la
adopción de una política económica integrada, etc., obligándolos así a negociar
con él (Véase Nicolai von Ondarza, "Strengthening the Core or splitting
Europe"?, Stiftung Wissenschaft und Politik, marzo 2013).
En resumen, el Sr. Rajoy no debe enfrentarse al
desafío del independentismo de la actual Generalidad de Cataluña con argumentos
tan endebles como el del tamaño. Los hay de sobra.
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