El Constitucional frena por ahora la
estrategia soberanista
Publicado el
jueves 9 de mayo de 2013 en capitalmadrid.com
Antonio Sánchez-Gijón.– El Tribunal Constitucional ha
aceptado este miércoles la impugnación del gobierno español contra la
declaración de soberanía aprobada por el Parlamento catalán, del 23 de enero
pasado. Hasta que el alto tribunal emita un fallo, la vida política catalana vivirá
en una especie de suspensión animada, pendiente de conocer las bases sobre las
que se puede convocar una consulta popular sobre el "derecho a
decidir" que las fuerzas nacionalistas (y otras) reclaman. Aquella
declaración instituía al pueblo catalán en "sujeto político y jurídico
soberano", contradiciendo lo que establece la Constitución Española, que
atribuye la soberanía al pueblo español.
La declaración había sido aprobada por 85 diputados de
Convergencia i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per
Catalunya-Els Verds y la agrupación independentista CUP. La mayoría del partido
socialista de Cataluña, y todos los diputados del Partido Popular y de Ciutadans
votaron en contra. Esta votación fue motivo de una división interna del PSC;
cinco de sus diputados se abstuvieron, haciendo caso omiso de las instrucciones
del partido, de votar en contra.
La declaración anunciaba que "se utilizarán todos
los marcos legales existentes para hacer efectivo el fortalecimiento
democrático y el ejercicio del derecho a decidir". También prometía que
"se dialogará y se negociará con el Estado español, las instituciones
europeas y el conjunto de la comunidad internacional".
A pesar de que la declaración proclama al pueblo
catalán "sujeto político y jurídico soberano", el argumentario
de las fuerzas nacionalistas es que la resolución no tiene valor jurídico. Así
lo afirmaba a raíz de su aprobación el portavoz de CiU en el parlament,
Oriol Pujol: "No es una regulación jurídica. Eso ya lo haremos". El
portavoz de ERC, Oriol Junqueras, decía por su parte: "El derecho a
decidir no puede ser compartido con otro ente jurídico", en referencia a
que los derechos del pueblo catalán no pueden ser subsumidos en los del pueblo
español.
Fue esa expresión, "sujeto político y jurídico
soberano", lo que movió a la Abogacía del Estado a promover el recurso
ante el Constitucional. Este, en su auto, circunscribe el ámbito de la
impugnación a "la Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, de 23 de
enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho
a decidir del pueblo de Cataluña". El TC da veinte días al parlamento de
Cataluña para que aporte "cuantos documentos y alegaciones considere
convenientes". Asimismo dispone la suspensión de la resolución impugnada
desde el 8 de marzo de 2013, fecha de interposición del recurso.
Contenido jurídico sí, contenido jurídico no
El presidente Mas, después de conocer la decisión del
TC, quiso restar alcance y significación a la solemne declaración del 23 de
enero, al decir, que "estamos sólo en el terreno de las
declaraciones", y que el propósito del parlament fue sólo
"expresar la voluntad popular", y que "nadie ha hecho una
declaración unilateral de independencia ni una ley". Por tanto, advirtió,
"no vamos a congelar nada... y el camino sigue hacia adelante".
El president advirtió de forma indirecta contra
el conflicto político que se puede derivar de la resolución del TC, al evocar
el fallo de ese mismo tribunal sobre el estatuto de Cataluña, al que atribuye
el que "hoy estamos como estamos, entre otras cosas por lo que pasó
entonces, así que hay que tomar nota".
Igual voluntad de marchar adelante mostró el líder del
ERC, Oriol Junqueras, para quien la declaración del parlament es
"la expresión democrática del pueblo catalán". El portavoz de ERC en
el Congreso de los Diputados, Alfred Bosch, ha quitado toda importancia a la
resolución del TC, ya "que no cambia nada" porque "las
soberanías ni se dan ni se quitan", simplemente "se poseen".
Merece la pena observar que el president Mas no
ha sacado a relucir la palabra "soberanía" para contraponerla a la
resolución del TC, a diferencia de lo que ha hecho el diputado Bosch. La
estrategia diseñada desde septiembre del pasado año por CiU ha sido la de dar a
entender a los catalanes que su gobierno iba a luchar por la independencia,
aunque usando palabra tan comprometida el mínimo de veces suficiente para que
su idea quedase grabada en el imaginario colectivo, procurando al mismo tiempo
que el juego político e institucional quede siempre enmarcado en la noción
esterilizada del "derecho a decidir", que es un concepto de validez
política menos abrasivo.
El PSC acompañó a Mas y al frente nacionalista en este
juego ambiguo hasta este pasado lunes cuando, convocados sus portavoces por el president
para preparar la hoja de ruta y el esquema institucional del "derecho a
decidir", examinaron la maquinaria soberanista que acababa de ponerse en
marcha por la Generalidad, para ir creando "estructuras de estado",
tarea encomendada a un Consejo de Transición Nacional; maquinaria que en
opinión de los socialistas prepara la aparición de una Cataluña independiente
como resultado de la consulta necesaria para ejercitar el "derecho a
decidir".
PSC y Pere Navarro, ¿fieles de la balanza?
El juego del PSC (estar por el derecho a decidir y
declararse en contra de la independencia, al menos de momento) es lo suficientemente
ambiguo como para sembrar la desconfianza tanto entre los independentistas como
entre los constitucionalistas. Por un lado, la posición del PSC debilita o
anula la identificación subyacente entre derecho a decidir e independencia,
buscada por los soberanistas, y por otro resta cohesión, votos y unidad de
propósito a los constitucionalistas para oponerse al frente independentista.
Por eso, tanto los constitucionalistas como los
soberanistas querrían tener el PSC de su lado. Artur Mas, en la reunión de este
lunes, ofreció al PSC estudiar la posibilidad de una Cataluña-estado como parte
de una España federal. Este sería, a su entender, un modo de retenerlos en el
juego del derecho a decidir, y aunque en última instancia el PSC no empuje
hacia la independencia, por lo menos sí lo puede hacer para lograr el
referéndum que exprese ese derecho. De otro lado, parte de los
constitucionalistas (al menos el PSOE) prefieren que la ambigüedad del juego
del PSC se mantenga, como medio de diluir la homogeneidad del frente
soberanista.
Es muy sintomático que el periódico más próximo al
PSOE, El País, haya criticado con dureza la carta de la ex-ministra de Defensa
y figura sobresaliente del socialismo catalán, Carmen Chacón, al líder del PSC,
Pere Navarro, para que se desmarque de la estrategia de los nacionalistas y no
participe en los preparativos para la consulta. Es decir, para que abandone su
ambigüedad. Pero si el PSC se pronunciase contra el proyecto de consulta, por
un lado haría daño a CiU y favorecería a ERC en detrimento de la anterior, pero
por otro privaría al PSOE de un puente de contacto con los nacionalistas
catalanes. Recuérdese que el PSC gobernó con ERC hasta la llegada al poder de
Mas, en el 2010, con gran complacencia del entonces presidente del gobierno y
líder del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero.
Pero sobre todo, la posición ambigua del PSC a quien
reporta más beneficios es a su líder, Pere Navarro, una figura sin relieve
notable, pero tan diferente del verboso Artur Mas y del bombástico Pérez Rubalcaba.
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