Publicado el
jueves 29 de marzo de 2012 en Capital Madrid
Antonio Sánchez-Gijón.– Las relaciones comerciales y
financieras de Argentina con empresarios e inversores extranjeros están
traspasadas de conflictividad, cuya culpa el gobierno de la Sra. Kirchner suele
atribuir a los abusos de posición de dominio por parte de los extranjeros,
mientras que los inversionistas extranjeros la atribuyen a una acentuación de
las prácticas proteccionistas del gobierno. La situación queda ilustrada por
una decisión del gobierno de los Estados Unidos y por el goteo de sanciones
contra la empresa Repsol-Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Este tipo de
tensiones con los socios comerciales o inversionistas extranjeros siembran las
dudas sobre la capacidad de Argentina para explotar todo el potencial comercial
e industrial que sus inmensos recursos naturales podrían asegurar (sobre esto
más en los párrafos finales).
El presidente de Estados Unidos, Obama, eliminó este
último lunes a Argentina como beneficiaria del Sistema Generalizado de
Preferencias (SGP) por no haber aceptado solventar las reclamaciones de diversas
entidades y empresas contra las prácticas comerciales del gobierno de Buenos
Aires, que generalmente se caracterizan por un fuerte tono proteccionista. El
SGP es un instrumento para favorecer las exportaciones a Estados Unidos de
mercancías procedentes de países en vías de desarrollo.
El beneficio para Argentina, según fuentes de este
país, era simplemente nominal, pues afectaba sólo a mercancías por valor de $13
millones, en un comercio global de $9.000 millones. Según fuentes
norteamericanas, sin embargo, los beneficios para Argentina representaban $477
millones. Sea como sea, los mercados entienden perfectamente que la eliminación
de esos beneficios comerciales tiene un carácter de sanción, "porque
(Argentina) no ha actuado de buena fe en la implementación de decisiones
arbitrales a favor de ciudadanos y compañías de Estados Unidos", según la
nota emitida por la Casa Blanca, en referencia a las reclamaciones de las
empresas Azurix y Blueridge, por un valor de $300 millones, hechas al amparo
del Centro para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, del Banco
Mundial. Una portavoz del departamento de Estado dijo que "éstas no son
cuestiones nuevas. Han estado ahí desde hace mucho tiempo". Argentina, por
su parte, alega que muchos productos argentinos no pueden ser exportados a
Estados Unidos.
Las reclamaciones contra las prácticas comerciales del
estado argentino pueden incrementarse en los próximos tiempos, a la vista de lo
que está sucediendo en las entradas de mercancías a las aduanas del país, que
son sometidas a un exhaustivo control que incluyen la inspección ocular, la
toma de muestras y fotografías, análisis de éstas, etc., todo con vistas a
determinar el valor real en comparación con el declarado de las mercancías,
para evitar saltos en las posiciones arancelarias.
Esta medida puede ser interpretada como parte de la
lucha contra el fraude fiscal, pero también como seguimiento estricto de las
directrices del gobierno para restringir las importaciones al objeto de mejorar
la balanza comercial y aumentar las reservas del tesoro. Sin embargo, el
despacho aduanero no podrá alcanzar el nivel propio de un país desarrollado
hasta que no se haya formado un cuerpo de profesionales verificadores,
valoradores e inspectores.
Repsol, precios bajos y presión alta
El conflicto con Repsol-YPF gira en torno a la
exigencia que el gobierno central y los gobiernos provinciales arrojan sobre la
compañía para que aumente la producción, con vistas a la autosuficiencia en el
capítulo de hidrocarburos. El gobierno quiere que los beneficios de la compañía
se reinviertan, y ha rechazado sucesivamente que Repsol distribuya beneficios
entre sus accionistas, y que ésta los compensara mediante la emisión de
acciones. Finalmente Repsol-YPF se ha visto obligada a aumentar el capital
social mediante la retención de los beneficios obtenidos en 2010 y 2011, por
pesos 5.789 millones ($1.324 millones).
Las gasolineras de Repsol han solido registrar largas
colas de automóviles porque sus productos son generalmente más baratos que los
de la competencia (Esso, Shell, Petrobras). Esto debería satisfacer al
gobierno, que tiene una política de mantener bajos los precios. Pero es
precisamente esa política la que desincentiva la inversión en extracción. De
esto se queja el presidente de la Shell argentina, quien afirmó recientemente
que por parte del gobierno "no hubo razonamiento económico ni comercial
sino la simple voluntad de una persona", en referencia a la
presidenta. "Ahora se intenta buscar culpables, y no nos queda otra que
importar a precios mucho más altos".
El pasado año Argentina fue importadora neta de
petróleo, por primera vez después de 22 años. Su balanza energética tuvo un
déficit de $3.000 millones en 2011. Hay quien teme que Argentina se encuentre
este año con una factura por hidrocarburos de todo tipo importados, por valor
de $10.000 millones.
Las compañías que operan yacimientos en casi todo el
territorio argentino se ven constreñidas por la naturaleza federal del estado,
que dota de grandes poderes a las provincias. Repsol viene sufriendo una racha
de presiones por parte de sus gobernadores para que aumente la producción en
sus concesiones. La provincia de Rio Negro retiró a principios de semana una de
las cinco concesiones que la compañía tiene en la provincia. En pocos días
Repsol-YPF ha perdido diez concesiones entre Salta, Chubut, Santa Cruz,
Neuquén, Mendoza, etc. Nadie duda de que se trata de una oleada de presiones
dirigida desde la Casa Rosada de Buenos Aires.
La reciente visita a Argentina por el ministro español
de Industria, José Manuel Soria, en aparente misión de mediación, fue recibida
con reticencia por varias autoridades argentinas. El jefe del gabinete de la
presidenta dio, implícitamente, por no pertinente la visita de Soria, porque,
según declaró el pasado día 21, "Repsol es una empresa argentina que actúa
sobre reservas que son patrimonio argentino, por eso tanto el gobierno nacional
como el de las provincias queremos que esta riqueza la disfrutemos todos los
argentinos".
No hay alivio en el horizonte para las petroleras
"argentinas" de capital principalmente extranjero. A la salida de una
reciente reunión de la Organización Federal de Estados Productores de
Hidrocarburos (OFEPHI), que reúne a los gobernadores con intereses en ese
campo, se anunció el propósito de incrementar, en 2012, un 15% la producción de
hidrocarburos, con vistas a alcanzar "el autoabastecimiento".
Inmensos recursos gasíferos
Queda por ver si la política de precios al consumo
bajos para dar satisfacción a una demanda popular de bajo poder adquisitivo es
compatible con una política de inversiones para aumentar la producción y
recortar así los desequilibrios comerciales. Estas políticas proteccionistas
son un factor de disuasión para la inversión exterior. Argentina posee un
recurso cuya explotación requerirá inmensas sumas de dinero. Sumas que, sin
embargo, darían a Argentina una posición privilegiada en un mercado particular
de hidrocarburos: el del gas.
En efecto, se estima que las reservas argentinas de
gas de esquisto (shale gas) son las terceras del mundo, alcanzando un
potencial de veintidós billones (22.000.000.000.000) de metros cúbicos. La
mitad de esas reservas se encuentran en la provincia de Neuquén. La
configuración geológica de los yacimientos, así como la red de gasoductos ya
existente, son condiciones óptimas. Repsol-YPF estima que explotar su
yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén requeriría una inversión del $25.000
millones.
El premio de tales inversiones podría ser inmenso.
Brasil y Chile son dos mercados sedientos de todo tipo de energía.
Pero todo depende de encontrar los capitales
necesarios. Casos como los de Azurix y Blueridge, por no hablar del de
Repsol-YPF, no son precisamente buen reclamo. Frente a estas constricciones se
levantan las exigencias del gobierno: energía a precios inferiores a los del
mercado internacional y equilibrio de la balanza de pagos.
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