Rajoy consigue, pese a la subida de
la prima, tranquilizar en lo demás
Publicado el
viernes 13 de abril de 2012 en Capital Madrid
Antonio Sánchez-Gijón.– La incidencia que las cuentas
de las autonomías puedan tener sobre la salud general de la economía española
está en el foco de atención de Europa, y se ha situado en el centro del debate
político en España. Primero fue la presentación de los presupuestos generales
del estado. Los mercados los consideraron insuficientemente ahorrativos y
castigaron la deuda española. El gobierno se apresuró entonces a añadir 10.000
millones de euros a los recortes. Tampoco así obtuvo su complacencia, como
evidenció la gran subida de la prima de riesgo que siguió al anuncio. En
respuesta, el Gobierno ha xplicado que 7.000 millones serían recortados de la
Sanidad y 3.000 millones de Educación, funciones ambas bajo el control casi
total de las autonomías.
Entonces las cosas empezaron a cambiar, cuando quedó
claro que las autonomías también iban a comprometerse con las reformas.
¿Influyó esto en que Bruselas, Berlín y París redujesen su escepticismo sobre
el esfuerzo y los recortes presupuestarios españoles, lanzando de esa forma un
mensaje de calma a los mercados?
Es probable. El portavoz de la Comisión de la UE,
Olivier Bailly, tocó ayer dos notas distintas sobre los problemas de España:
una de confianza en los bancos españoles; otra con reservas sobre las finanzas
públicas por causa de las autonomías. Sobre los primeros aseguró que España no
necesitará ayuda financiera para recapitalizar sus bancos. Sobre las segundas
dijo que la Comisión no tiene aún una visión completa de los esfuerzos
españoles para consolidar sus finanzas públicas: hace falta que Madrid aporte,
además de los presupuestos generales del estado, los planes de gasto de las 17
comunidades autónomas: "Hay una diferencia entre el presupuesto del
gobierno central y el presupuesto del estado español", dijo. Mientras no
los tengamos "no podemos proporcionar una evaluación total ni, por lo
tanto, hacer recomendaciones a las autoridades españolas". La previsible
batalla entre el gobierno y las autonomías sobre el recorte a tan importantes
competencias autonómicas no augura que a Bruselas se le pueda dar una pronta
respuesta.
En los otros "negociados" de la crisis las
cosas podrían empezar a mejorar a corto plazo. Fue muy positiva la reacción del
ministerio de Finanzas alemán ante el nuevo paquete de ahorros anunciado por el
gobierno, aunque no incidió en la cuestión de las autonomías. Su portavoz,
Johannes Blankenheim, dijo ayer que "desde el inicio de la crisis, España
ha llevado amplias reformas en muchas áreas, incluyendo su política financiera,
el mercado laboral y el sector bancario", y deploró que "los mercados
no reconozcan plenamente estos enormes esfuerzos de reforma". La economía
española, comentó, está "mejor que (la de) muchos países industrializados
que no forman parte de la zona euro". En la misma línea se manifestó la
portavoz del gobierno francés, Valerie Pecresse, quien declaró que "el
temor que se expresa hoy sobre la salud de España es excesivo". Hasta el
Banco Central Europeo se apuntó a la fiesta española: su consejero Benoit
Coeure criticó a los mercados, porque lo que está pasando en estos momentos
"no refleja los fundamentos".
Entra Esperanza Aguirre
La centralidad que las cuentas de las autonomías han
adquirido en el debate sobre la crisis fiscal y financiera, producida por las
deudas pública y privada, empieza a desbordarse hacia el ámbito político y
constitucional. Existe el riesgo de que la cuestión se complique por la
aparición de tensiones de carácter identitario, que se venían suscitando en
Cataluña desde hace meses por su aspiración a un concierto económico y la vía
independentista adoptada por el partido de la Generalidad, Convergencia i Unió,
y en el País Vasco por la siempre renovada afirmación de soberanismo por sus
partidos nacionalistas.
El salto más novedoso y sorpresivo al centro del debate
lo ha producido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, con
su petición de que las autonomías devuelvan al estado las competencias en
materia de sanidad, educación y justicia. Se estima que las dos primeras
representan el 80% del gasto de las comunidades. Aguirre cree que los recortes
en las autonomías ahorrarían 48.000 euros, y afirmó la necesidad de
"revisar todo el estado de las autonomías de raíz". Las declaraciones
de la presidenta de Madrid resultan más "provocativas" si se considera
que las hizo al salir de su entrevista con el presidente del gobierno, en el
palacio de la Moncloa. Han sido unas declaraciones hechas con una gran nonchalance,
seguramente con la intención de agitar el debate. De una forma o de otra, éste
está ya lanzado. El presidente del gobierno, sin embargo, quiso mostrar que no
"entra al trapo" que le presentaba Aguirre, pues no tardó en
manifestar que las autonomías son parte del ordenamiento constitucional, y que
no se propone recuperar las competencias señaladas por Aguirre.
Las cuestiones presupuestarias del estado autonómico
tienen una tendencia a suscitar problemas constitucionales. No de otra
naturaleza es la observación del presidente de la Generalidad catalana, Artur
Mas, de que existen comunidades "artificiales". Otro problema no
menor es la asentada práctica de los estatutos de autonomía de hacer alusión al
"pueblo" andaluz, valenciano, de Cataluña, etc., o la de fijar
porcentajes de inversiones netas del estado en obras en sus territorios. Ayer
el diario Libertad Digital atribuía al anterior presidente del gobierno, José
María Aznar, la afirmación de que la prima de riesgo de España es consecuencia
de una nación compuesta por diecisiete mini-estados.
La crisis económica española, sobre la que los problemas
fiscales de las autonomías ejercen una gran presión, está ya en el centro de la
política europea de España. Sería recomendable que el calor de las disputas
políticas en torno a este problema dejara paso a meditados estudios
comparativos, a la luz de la propia experiencia española y la de otros estados
descentralizados de Europa, federados o no, y unitarios. Labor que,
naturalmente, no se puede dejar en manos de los políticos, o no solamente en
sus manos.
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