Publicado el jueves 7 de junio de 2012

Los escándalos económicos minan la confianza en España

Mal momento para pedir solidaridad a la UE

Antonio Sánchez-Gijón.– El Parlamento andaluz ha accedido, finalmente, a la formación, durante la próxima semana, de una comisión de investigación sobre la adjudicación de fondos por la Junta de Andalucía a favor de individuos y empresas sin derecho a ello, pero con vinculaciones con el Partido Socialista, en lo que se ha dado en llamar los expedientes de regulación de empleo falsos (ERE). Una maniobra política que servirá para ocultar más que para desvelar.

La comisión parlamentaria de investigación es criticada por muchos, en la oposición y en los medios, como una estratagema de la asamblea andaluza, controlada por el PSOE e Izquierda Unida, para desviar la atención de la opinión pública con respecto al informe que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil elevó la pasada semana a la juez instructora Mercedes Alaya, y que contiene devastadores indicios de negligencia, si no de complicidad, de los más altos cargos de la junta andaluza respecto supuestas estafas millonarias.

Aunque no se ve el modo cómo una comisión parlamentaria puede desvirtuar los procedimientos reglados de una investigación judicial, siempre puede servir para hacer un juicio paralelo sobre el procedimiento judicial mismo y construir, al menos ante la opinión pública, el relato de que los gobernantes, si no muy observantes de los procedimientos, sin embargo siempre han estado poseídos por un impulso generoso y justiciero a favor del pueblo andaluz, condenado por fuerzas oscurantistas a permanecer en los escalones más bajos del desarrollo económico y social, entre todos los de España.

Este drama se desarrolla mientras toda Europa tiene puesta la vista en España por causa de sus cuentas públicas y la solvencia de su deuda, y por dudas sobre la probidad o sensatez de una parte sustancial de los responsables del sistema bancario y de ahorros español, sobre la pretendida capacidad de los órganos centrales del estado para controlar los excesos de las administraciones periféricas, y sobre algunos casos de flagrante falta de ejemplaridad por parte de algunas de las más altas instancias del estado.

Todos esos factores implican cuestiones de orden moral, y sin embargo tienen un reflejo contante y sonante sobre la prima de riesgo que debemos pagar para seguir financiando el déficit público y mantener los servicios básicos del estado. En el caso de los EREs falsos, junto al factor moral está el agravante de que se ha defraudado a las cuentas públicas y al pueblo andaluz cantidades que algunos estiman en muchos cientos de millones de euros, ya transustanciados por el monto que sea en deuda pública.

En este marasmo ético parece un poco atrevido apelar a la solidaridad de Europa con España, como acaba de hacer S.M. el Rey en Chile, o un tanto prematuro pedir la creación de eurobonos con que los países del euro se cubran unos a otros en sus dificultades financieras, sean objetivamente creadas o autoinfligidas.

Una cadena de responsabilidades políticas y administrativas

El informe encargado por la juez Alaya al instituto armado hace ascender la comisión de las supuestas irregularidades al año 2001, y al parecer se sucedieron contra todas las advertencias sobre lo que estaba pasando hasta el 2010. Fueron conocedores de los hechos, o debieron estar informados de ellos, los dos últimos presidentes de la junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Varios directores generales, de Empleo o de Trabajo, aparecen directamente implicados en la gestación de los procedimientos dolosos. José Antonio Viera, director general de Empleo en 2001, promovió, según el atestado, la mayoría de las ayudas ilícitas. El exconsejero de Empleo, Antonio Fernández (2004-2010), "no sólo conocía las ayudas individuales sino que explicó la posibilidad de su concesión". El director general de Trabajo 1999-2008, Javier Guerrero, adjudicó la mayor parte de las ayudas sin tener facultades para ello. La larga tenencia de su cargo le hace figura clave entre las autoridades que tenían la responsabilidad legal de autorizar las ayudas, pero que ahora alegan que se vieron sorprendidos en su buena fe, y los subordinados de su dirección general, que le prestaron "activa colaboración". La misma actitud adoptó el sucesor de Guerrero, Juan Márquez (director general de Trabajo 2008-210), que sin cuidarse de las normas concedió EREs irregulares, entre ellos a varios intrusos.

La dirección general de Trabajo siguió siendo bajo la Junta de Griñán (cuando ya habían saltado todas las alarmas) fuente de irregularidades, en este caso con indicios de obstrucción a la justicia. En efecto, el sucesor de Márquez al frente de Trabajo, Daniel Rivera (2010-2012), es sospechoso de manipulación de los expedientes reclamados por la juez y de no incluir "documentación de interés".

Es inconcebible que Griñán no conociera lo que ocurría, porque el interventor general de la Junta de Andalucía envió, según éste mismo declaró, informes de lo que estaba pasando al entonces consejero de Economía (el propio Griñán).

El exconsejero Antonio Fernández considera también inverosímil que el que era consejero de Empleo en 2001, José Antonio Viera, no hubiese puesto al corriente al entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, y al entonces consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, sobre el procedimiento, por él creado (según la guardia civil): el convenio marco para la adjudicación de las ayudas oficiales.

El informe señala también a la predecesora de Griñan al frente de Economía, Magdalena Álvarez, y ex ministra del gobierno Zapatero, como persona que debió tener conocimiento, al menos, de la existencia de los fondos conocidos como 31-L.

El atestado también señala al actual consejero de Economía, Antonio Ávila, hasta entonces vinculado con la agencia IDEA, que dependía de la consejería de Innovación, de la que fue titular antes que de Economía. IDEA es la sucesora del Instituto de Fomento de Andalucía, y entre las dos han manejado fondos transferidos por la Junta por euros 700 millones entre 2001 y 2010, destinados a pagar compensaciones al personal despedido de sus empresas por causa de los EREs. Un gran número de estas ayudas se concedieron a personas que nunca trabajaron en las empresas afectadas, sin que faltase el caso de alguien que trabajó desde el mismo día de su nacimiento.

Descalificar a la juez Alaya

La Junta de Andalucía lleva muchos días tocando alarma. A la Cámara de Cuentas andaluza le correspondía estudiar y, en su caso, aprobar el informe de la auditoria mandada hacer el pasado año, pero que la Cámara se abstuvo de examinar con la excusa de las elecciones andaluzas. Ese organismo está formado por tres consejeros de la actual mayoría de la asamblea andaluza y dos del partido popular. Hace pocos días la Cámara debía por fin escuchar y en su caso aprobar el informe, pero en su reciente reunión ha vuelto a diferir su consideración, con el pretexto de que necesita un informe jurídico previo, ello, claro está, con la protesta de la minoría popular.

La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, dice ver en la investigación judicial una conspiración contra la Junta. Este fin de semana declaró que "estamos hablando de una causa general contra la Junta, con fines partidarios",

Los socialistas están esbozando una campaña de descalificación de la juez Alaya. Para el propio presidente Griñán, la instructora del caso recoge en sus autos "lo que los populares dicen". Para Mario Jiménez, portavoz del PSOE en la asamblea, la juez Alaya intenta "implicar... a cualquier precio" al presidente de la Junta. A su partido, dijo Jiménez, "le sorprende enormemente la orientación que la guardia civil está dando a este auto".

¿Es posible que estos hechos escapen a la atención de los "mercados"? ¿Es posible que las sospechas suscitadas por esos hechos no tengan influencia en la confianza en la "marca España" que algunos andan queriendo resucitar.

Pero seamos justos, no olvidemos Gürtel, y la CAM, y las ayudas públicas al desarrollo aplicadas a la compra de pisos en Valencia, o los misteriosos fantasmas del Palau de la Música que se dice llevan ricos presentes a CiU. Hablemos, pues, de solidaridad. Pero después de que hablen los jueces