Numerosos indicios apuntan a CiU y a
la Generalidad
Publicado el
lunes 17 de junio de 2013 en capitalmadrid.com
Antonio Sánchez-Gijón.– Durante el pasado fin de
semana han incidido sobre el pretendido proceso soberanista de Cataluña dos
acontecimientos cuyas consecuencias pueden afectarle negativamente. Se trata,
por un lado, de las acusaciones contenidas en un informe del fiscal Anticorrupción
de Cataluña, Emilio Sánchez Ulled, elevado a la autoridad judicial, contra
personas e instituciones de Cataluña y la empresa Ferrovial, por sobornos para
la obtención de contratas de obras, y la manifestación pública de las tensiones
soterradas entre dos de las fuerzas políticas (Unión Democrática de Cataluña,
UDC, y Esquerra Republicana de Catalunya, ERC) que apoyan al actual gobierno de
la coalición Convergencia i Unió, y el otro socio de la coalición gobernante,
UDC. Los nacionalistas de izquierda dan sólo apoyo parlamentario al govern.
El presidente de la Generalidad, Artur Mas, había
dicho el pasado sábado sobre las imputaciones del fiscal: "Se acusa a la
Generalidad de diferentes hechos sin pruebas, y el informe del fiscal reconoce
que no las hay". Y se congratuló de que en el informe no apareciesen
implicadas personas vinculadas a CDC. No habían pasado 24 horas y el fiscal
general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dio su réplica.
El fiscal general declaró a TVE que sí hay pruebas
concretas, y calificó de "muy sólida" la investigación de la fiscalía
de Cataluña. Las pruebas son suficientes, añadió, para ser elevadas a la
justicia. Pudo haber dicho también que la acusación no se ha formulado contra
la Generalidad sino contra personas todavía no señaladas pertenecientes a CDC,
el partido que lidera el Sr. Mas.
Lo máximo que admitió el Sr. Mas fue que en el asunto
de los supuestos sobornos de la empresa constructora Ferrovial, para la
obtención de contratos de obra por la Generalidad, sí hubo "convenios
legales pero no estéticos", una forma elegante de decir que su partido es
acusado de haberse beneficiado de más de seis millones de euros de financiación
fraudulenta, en un caso que, en principio, supone acusaciones por la
desaparición de más de 18 millones, desviados mediante una trama de pagos
ilegales. Al menos la mitad del dinero implicado se supone que fue a parar a
los gestores del Palau de la Música de Barcelona, una institución cultural que
es la almendra de la propaganda cultural catalanista, independientemente del
prestigio del que solía gozar.
¿Partido o institución pública?
Felizmente, se congratuló el Sr. Mas, las acusaciones
"están circunscritas a personas que no tenían que ver con
Convergencia". ¿Será ésta una forma de reconocer que sí estaban implicados
funcionarios y cargos políticos de la Generalidad?
En realidad se trata de personas ligadas
indistintamente al partido y a la Generalidad. El fiscal anticorrupción de
Cataluña lo expresa de esta forma: las comisiones por la concesión de obras se
daban a "personas (del partido) con ascendencia política suficiente...
para influir de forma determinante" en los encargados de adjudicar las
obras (la Generalidad). Unos y otros estaban ligados por un "pacto
criminal".
Figuran, entre otros, Joaquín Pujol i Figa y Joaquín
Triadú, ambos secretarios generales de la Presidencia bajo los gobiernos de
Jordi Pujol. También Jaume Camps, parlamentario entonces de CiU. Otro
participante en la trama fue Carlos Torrent y Macau, fallecido en 2005,
responsable financiero de CDC, administrador de la Fundación Ramón Trías
Fargas, implicada en la trama como intermediaria y pantalla para la desviación
de fondos. La labor de Torrent fue transferida a su muerte a Daniel Osácar
Escrig, vinculado al departamento de finanzas de CDC. También recibió fondos
desviados Angel Colom, uno de los primeros catalanes que se declaró
independentista después de la Constitución, y nombrado secretario de
Inmigración de Convergencia por Artur Mas.
En fin, como mentís rotundo a la inocencia del partido
está el hecho de que la sede de CDC está embargada para hacer frente a sus
responsabilidades, en una de las ramas del caso, que terminó en penas de cárcel
a los dos principales acusados, Félix Millet y Jordi Montull, penas cuyo
cumplimiento han esquivado hasta ahora mediante fuertes fianzas. (Véase sobre
este caso de corrupción en Cataluña, y otros muchos, el libro de Félix Horcajo,
"La Pasta Nostra". Editorial Sekotia).
Las acusaciones del fiscal anticorrupción rebasan ya
los términos del caso Palau. Sería adecuado denominarlo en esta nueva fase
"caso Ferrovial", pues en ella aparecen ligados esta empresa, CDC y
funcionarios políticos de la Generalidad. Dos directivos de la empresa figuran
como imputados en el informe fiscal, y quedan por nombrar los responsables del
partido ("que no han podido ser adecuadamente identificados", dice el
fiscal anticorrupción), así como los titulares de los "órganos
públicos" que entraban en la trama criminal.
Durán y el control de los tiempos
La pasada semana se abrió una brecha en la solidez de
la coalición gobernante, al declarar el líder de UDC, Josep Antonio Durán i
Lleida, que no estaban dadas las condiciones para celebrar en 2014 la consulta
soberanista sobre la que Artur Mas ha apostado su futuro político.
La defensa de la brecha corrió este sábado a cargo de
la persona que en este momento ejerce de portavoz de CDC, Lluis Corominas,
vicesecretario general del partido, quien actúa en delegación parcial de las
funciones que venía ejerciendo hasta recientemente Oriol Pujol, secretario
general de CDC e imputado en el caso de las ITV abierto contra él y otros.
Corominas dijo textualmente: "En este momento tan
duro, en que la gente nos mira buscando el norte, el objetivo final, lo que no
podemos hacer es generar dudas desde la propia federación". En su opinión,
la declaración de Durán es de las que "debilitan y no suman, sino que
restan y siembran dudas". Durán había aconsejado "no correr"
hacia la consulta.
ERC teme que si se difiere la consulta, pase el
momento psicológico creado por las reiteradas promesas de celebrarlo antes del
final de la legislatura, y preferiblemente en 2014, un año con resonancia de
encantamiento por recordarse en ese año el tricentenario de la caída de
Barcelona ante el ejército borbónico en 1714, y por la celebración en
septiembre de aquel año del referéndum sobre la independencia de Escocia. Jordi
Pujol contribuyó a la creación de este mito cuando declaró, hace unos diez
años, que Cataluña sería independiente el día en que Escocia lo fuera.
ERC sufre tensiones internas por la cuestión de la
fecha de la consulta. Un sector de ese partido está resentido con Durán; así,
el diputado al congreso español, Alfred Bosch, advirtió el pasado viernes de
que si la consulta se posponía, ERC retiraría el apoyo al govern. Lo
mismo dijo al día siguiente, pero de forma más diplomática, Oriol Junqueras,
líder de ERC: "nuestro objetivo no es hacer la consulta, sino hacer el
estado propio", para añadir: "Confiemos en que el govern
cumplirá sus compromisos, y que por tanto, a pesar de cualquier provocación,
nosotros también cumpliremos los nuestros con los ciudadanos".
Aunque la apertura del caso de corrupción contra CDC e
indirectamente contra la Generalidad puede desacreditar tanto al partido como
al govern ante las opiniones interna e internacional, estos casos de
corrupción no representan por sí mismos una amenaza sería al gobierno o al
partido del gobierno. Véase lo que pasa con los casos Gürtel y Bárcenas en
relación con el PP y el gobierno de Rajoy.
Lo que puede ser más decisivo es el mantenimiento o
ruptura del equilibrio interno de la coalición catalana, dado que el control de
los tiempos es, dentro de un plan estratégico cualquiera, un factor tan
significativo como la cohesión y potencia de las fuerzas en presencia.
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