Malos modos, corrupción, maniobras
políticas, dinero escaso
Publicado el
jueves 4 de abril de 2013 en Capital Madrid.com
Antonio Sánchez-Gijón.– La imagen del desconcierto y
congoja en que vive sumido el país la dieron este miércoles los asistentes
"de fuera" que acudieron a la inauguración de la planta de Petronor
en Vizcaya, la mayor inversión industrial hecha nunca en el País Vasco. El jefe
de Gobierno de esta región autónoma, Íñigo Urkullu, y el diputado general José
Luis Bilbao, tenían cosas más importantes que hacer, antes que acudir a
celebrar esta inversión de 800 millones de euros, la mayor nunca realizada en
su propia tierra. No había más que leer los rostros avinagrados del príncipe de
Asturias, del ministro de Industria y hasta del propio alcalde de Bilbao en las
fotos de la inauguración, publicadas por El Correo, de Álava, como si
estuvieran acordándose de los dos aguafiestas.
Casi a la misma hora, el presidente del govern
catalán, Artur Mas, declaraba en Barcelona que "la situación financiera
(de Cataluña, se sobreentiende) es de emergencia y la del autogobierno de
supervivencia", en una comunicación institucional desde el palacio de la
Generalidad en Barcelona. Para decir poco más adelante: "está en juego el
país, no el govern". Nada menos.
En Madrid, también durante la mañana del miércoles, el
presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trataba de disipar la sombra de
sospecha que recae sobre el gobernante Partido Popular, en torno a su
financiación y al "escándalo Bárcenas". "No es verdad que en
España haya un estado generalizado de corrupción", aseguró el presidente.
Hablaba en la reunión de la junta directiva nacional del partido, que no se
reunía desde el verano del pasado año.
Fue muy tranquilizadora la aseveración de Rajoy,
porque prácticamente a las mismas horas se daba a conocer que el juez José
Castro, que instruye el "caso Noos", metía a la infanta Cristina en
la causa que tiene instruida contra su esposo, el duque de Palma, Iñaki
Urdangarín. Será ésta la primera vez en muchos siglos que un miembro de la Casa
Real sea llamada ante una autoridad judicial; posiblemente desde los reyes
visigodos.
Por lo dicho por Rajoy, tampoco debe formar parte del
"estado general" la corrupción que se le imputó dos días antes al
expresidente de Navarra, Miguel Sanz, así como a un ex alcalde de Pamplona y a
un anterior consejero de Economía por cohecho. Ni tampoco debe afligirse el PP
por la sombra de sospecha que pueda recaer sobre uno de sus delfines (el
presidente de la junta de Galicia, Alberto N. Feijoo) por causa de unas fotos
que de momento no son más que paisaje marino.
Ni mucho menos entra (todavía) en el "estado
general de corrupción" la veintena de detenciones, realizadas hace pocos
días, en relación con el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo, de
Andalucía, los cuales permitieron malbaratar o regalar cientos de millones de
euros bajo la distraída mirada de un anterior presidente de la junta, Manuel
Chaves, y de su consejero de Economía y hoy presidente del gobierno andaluz,
Manuel Griñán.
Con todo, lo más significativo en términos políticos
es lo de Barcelona. Allí se libra la más furiosa batalla por el control de una
parte sustancial de los miles de millones de euros que el gobierno de Madrid
espera conseguir de Bruselas, como margen para aliviar más desahogadamente en
este año la carga del déficit fiscal. Bruselas fijó para este año un déficit
máximo del 4,5%, y el gobierno está luchando por que le autoricen 6%. Esa
diferencia permitiría disponer de unos €15.000 millones de margen para todas
las administraciones; un margen que las autonomías se están disputando para
pagar deudas y servicios inexcusables del llamado estado de bienestar, sus
bonos más o menos patrióticos, los vencimientos de muchas inversiones
disparatadas, etc.
Estacas reivindicativas
Ello da cuenta de la extraordinaria tensión que se
vive hoy entre las regiones españolas, cada una de ellas con un historial de
agravios que blandir en base a su nivel de riqueza, su desarrollo relativo, su
productividad, su desempleo, sus déficits de infraestructuras, la edad media de
su población, los olvidos histórico del estado respecto de cada una en
particular, y otros infinitos agravios, para cuya insuficiente satisfacción el
gobierno de Madrid ha de armar un imposible cubo de Rubik presupuestario.
En cierto modo, todos esos agravios son bienvenidos en
un sentido cínico. Ni a Bruselas ni a Berlín les conviene que España se una al
grupo de países disfuncionales del sur de Europa, desde Chipre a Lisboa,
pasando por Grecia e Italia, todos los cuales, por una razón o por otra,
inspiran fuertes inquietudes sobre el futuro de la eurozona. Por lo menos
España tiene un gobierno estable y sus estructuras políticas no están aún
desafiadas por partidos antisistema, ni la violencia callejera se ha
desbordado, aunque cada vez son más los que lo intentan. Siquiera sea por
evitar que el flanco sur del euro caiga al completo, habrá lenitivo fiscal para
España.
La estaca reivindicativa más gruesa, como es sabido,
la viene blandiendo desde hace meses Cataluña. El gobierno catalán debe
recortar €4.400 millones de gastos para cumplir el objetivo marcado por el
gobierno, y desea elevar el déficit autorizado del 0,7% al 2%, lo que reduciría
sus recortes para este año a €1.800 millones.
Para lograrlo debe dar algo a cambio al gobierno de
Madrid, y lo que quiere el gobierno de Madrid a cambio es debilitar la alianza
soberanista de Convergencia con Esquerra Republicana, con el objeto de posponer
el momento del desafío soberanista por medio de un referéndum. Madrid no espera
desde luego que la consulta o plebiscito se cancele, sino que la situación
económica mejore sustancialmente para hacer frente al desafío con mayor
respaldo de la opinión catalana.
De los cinco objetivos de su gobierno, señalados este
miércoles por Artur Mas en su comparecencia, tres dependen de modo crítico de
la actitud que adopte el gobierno de Madrid respecto de las finanzas catalanas:
estabilización de las finanzas públicas, recuperación económica y del mercado
de trabajo, y preservar el edificio del estado de bienestar. Los otros dos (la
calidad de la democracia catalana y la transición hacia el derecho a decidir)
son enteramente de resolución autóctona.
Su larga comunicación estuvo subrayada, repetidamente,
por la necesidad de diálogo con el gobierno central. El pacto fiscal, cuyo
rechazo por Madrid fue la excusa para el salto soberanista, ha vuelto a escena:
"no ha dejado de existir", aunque se sitúa "en el marco del
derecho a decidir", aseguró en su comparecencia Artur Mas.
En realidad, Mas es consciente del límite de su
capacidad de presión sobre Madrid. Más presión requeriría acudir a las
prácticas contestatarias de Esquerra, lo que debilitaría un gobierno formado
esencialmente por fuerzas burguesas. Para protegerse por este flanco, el president
volvió a ofrecer a ERC entrar en el govern, y sobre esto, aseguró,
"continuaré insistiendo". Esta es su forma de advertir a Madrid que,
a pesar del diálogo, no dudará en mostrarse maximalista si el guion lo
requiere.
En fin, que ha sido un comienzo de mes interesante.
Por arriba, todo agitado, turbio y antipático; por abajo, lleno de intriga,
sobreentendidos y acechanzas.
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